Otro dato tan perturbador como la magnitud del delito –incluso considerando solo los casos denunciados– es la conducta del Estado. Miles de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual no logran acceder a un aborto terapéutico, pese a que la legislación peruana lo permite cuando la vida o la salud de la gestante están en riesgo. Es decir, la distancia entre el derecho escrito y el derecho ejercido sigue siendo, para la gran mayoría, un abismo.

Según el informe “Abortos terapéuticos realizados en el Perú entre el 2014 y 2023”, elaborado por Promsex, de las 2.780 gestantes menores de 15 años víctimas de violación sexual reportadas en dicho período, solo 177 accedieron a un aborto terapéutico en establecimientos públicos de salud.

La escasa aplicación del aborto terapéutico no responde a negligencia individual, sino a un entramado de barreras institucionales. Persisten interpretaciones restrictivas sobre qué riesgos califican para proceder con la intervención; temores del personal médico ante posibles sanciones; objeciones de conciencia que reducen la disponibilidad de equipos; y una burocracia que dilata decisiones que deberían ser clínicas y urgentes. A ello se suma una brecha territorial evidente, con zonas que apenas cuentan con especialistas y que no tienen claros los protocolos. El resultado es un derecho cuya aplicación sigue siendo profundamente inequitativa.

Al igual que, en tantos otros sectores, el problema no es solo la ausencia de normas, sino la instalación progresiva de una cultura institucional que tolera su incumplimiento. Durante años, el debate público se centró en la arquitectura legal –si ampliar o restringir causales–, cuando una de las fracturas más evidentes es la incapacidad estatal para aplicar de manera oportuna y homogénea aquello que reconoce como derecho.

Desde la perspectiva de la salud pública, la maternidad forzada en niñas multiplica los riesgos médicos y sociales, además de consolidar trayectorias de pobreza difíciles de revertir. Por supuesto que no se trata de un problema exclusivamente local. La Organización Mundial de la Salud advierte que el embarazo adolescente sigue siendo la principal causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años a escala global, y que millones de estos embarazos perpetúan ciclos de pobreza.

Igual de inquietante es la resistencia para reconocer el daño a la salud mental como una causal plenamente válida para aplicar el aborto terapéutico. Obligar a una niña a continuar una gestación producto de una violación supone fijar en su biografía el recuerdo persistente del abuso. La discusión sobre salud mental en embarazos forzados debería ser medular, pero continúa tratándose como un daño secundario.El informe de Promsex relata el caso de una adolescente de Cajamarca que fue obligada a continuar tres embarazos producto de reiteradas violaciones sexuales. ¿Qué dice de un país el hecho de que una niña deba atravesar la maternidad no una, sino tres veces, sin que el Estado logre detener la violencia?

Que estas cifras convivan con un clima preelectoral debería perturbarnos más de lo habitual. Las campañas suelen ordenar prioridades y revelar aquello que una sociedad considera urgente. Sin embargo, la maternidad forzada en niñas rara vez ocupa el centro del debate. En las siguientes semanas abundarán promesas sobre crecimiento, seguridad e infraestructura. Si queremos mejorar como país, debemos tener claro que la calidad de un Estado se mide por cuán eficiente es para brindarle servicios oportunos a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.Recordémoslo cuando vayamos a las urnas en abril. No hay democracia plena en un país donde la ley reconoce derechos que el mismo sistema niega.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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Tal ha sido el caso del Ministerio de Educación (Minedu) de nuestro país, que alertó sobre cómo, en diez años, la tasa de embarazo adolescente en el Perú no ha descendido. “Por ello, es necesario brindar acceso a una educación sexual integral que reduzca en nuestras niñas las probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado”, agregaba el Minedu en su mensaje. Y es que, mientras en el 2009 la tasa de embarazo de jóvenes entre 15 a 19 años a nivel nacional era de 13,7%, actualmente se sitúa en 13,5%.

En el 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Una de sus metas emblemáticas al 2021 es reducir el embarazo adolescente en 20% de lo reportado en el 2010. ¿Cuál era la tasa de embarazo adolescente entonces? 13,5%. Es decir, no ha habido mejora.

Sin embargo, para el INEI el embarazo adolescente a nivel nacional sí descendió en 1,6% en el período intercensal 2007-2017. Y precisa que las localidades con mayor reducción fueron Madre de Dios, (5,5%), San Martín (5,4%) y Loreto (4,6%). ¿Cómo plantear políticas intersectoriales cuando instituciones rectoras manejan distinta información sobre un tema tan sensible?

Como sabemos, la maternidad temprana trae mayor riesgo para la salud y la vida de la madre y el bebe, la pérdida de oportunidades de educación y de empleo digno, y perpetúa la pobreza y la exclusión. Suele estar vinculada a contextos de falta de oportunidades, exclusión y, especialmente en las menores de 15 años, a violencia sexual.

Según la última edición de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, Endes 2017), el 13% de las mujeres entre 15 y 19 años son madres. En comparación, solo el 1% de los hombres de la misma edad son padres. Además, el 77,2% de las madres de 15 a 19 años del área urbana no asiste a un centro educativo, cifra que en el área rural sube a 88,9%.

El limitado acceso a la educación y la deserción escolar, así como la falta de instrucción en métodos modernos de planificación familiar, contribuyen a agravar la situación. No acceder a formación escolar y a una educación sexual integral pone en situación de riesgo a las niñas y adolescentes, pues tienen más probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado.

¿Qué hacer? Urge diseñar e implementar políticas públicas multisectoriales basadas en evidencia. Estas obviamente requerirán de recursos que el Estado debe estar dispuesto a proveer y, sobre todo, de decisión política para aplicarlos. Si los diagnósticos no llevan a ejecutar políticas concretas, no sirven para nada.

Entre las estrategias, por supuesto, debe estar incluir la educación sexual y reproductiva en los programas curriculares de educación primaria y secundaria para prevenir embarazos no deseados. La educación sexual temprana es especialmente necesaria para generar conciencia sobre potenciales situaciones de abuso físico o sexual y poder detectarlas. Complementariamente, el sistema debe poder proteger a quien realiza la denuncia —de poco sirve generar conciencia si se carece de herramientas para resguardar a la persona agredida y castigar al agresor—.

Todo lo anterior solo será posible capacitando a los profesores en sexualidad desde un enfoque de género y derechos humanos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Ilustración: Rolando Pinillos / Diario El Comercio

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