La pregunta que se cae de madura es si faltó plata para ejecutarla. La respuesta corta y simple es que; más bien, hubo muchísima plata, más que nunca en la historia económica registrada. Según el MEF, entre el 2019 y el 2023 se ejecutaron, en los tres niveles de gobierno, proyectos por un monto que supera los 111.000 millones que casi equivale al de la brecha de corto plazo del PNIC. Tuvo algún impacto ese gasto en el acceso a servicios básicos de la población. La respuesta simple y corta es muy poco o casi nada. Así, por ejemplo, entre el 2019 y la actualidad, según datos del INEI, el acceso a agua potable de la población en sus hogares se ha reducido del 89,9% al 88,6% y del saneamiento del 79,8% al 79,3%, a pesar de que en estas funciones se ejecutaron en dicho período más de S/19.000 millones. El porcentaje de establecimientos de salud en buen estado ha aumentado del 2,9% al 3,4%, el pavimentado de la red vial nacional se ha elevado también desde el 81,9% al 83,6%, y en donde hubo mejores resultados es ahí en donde el sector privado tiene el mayor rol en la provisión de servicios como lo fue en el sector de telecomunicaciones explicado por el mayor acceso a telefonía móvil (de 92,0% a 94,9%) e Internet (de 35,9% a 55,3%).

El MEF parece que va a tomar medidas importantes para mejorar la eficiencia del gasto en inversiones. Por lo pronto, ha reforzado con gente con conocimiento y experiencia a su dirección general encargada de la inversión pública y estaría por promover, en el marco de la recientemente aprobada delegación de facultades, una serie de medidas que mejoren el planeamiento y la ejecución de proyectos a escala nacional y subnacional.

Realizado por Milton von Hesse en el Diario El Comercio, el 06 de julio de 2024.

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A pesar de este significativo incremento en el gasto en planilla, en ese mismo periodo (2019-2023) se observa un deterioro en la aprobación de la gestión de los tres niveles de gobierno. De hecho, según el INEI, la aprobación ciudadana hacia el Gobierno nacional se redujo drásticamente de 45.8% a 13.6% (ver Gráfico 1). Lo mismo sucedió con los Gobiernos regionales y locales, aunque en menor magnitud. En palabras simples: se gastó S/ 21,000 millones más y se generó mayor insatisfacción en los tres niveles de gobierno.

Esta insatisfacción creciente tiene que ver con la mala prestación de los servicios básicos a los que cualquier hogar debería acceder y con la percepción de la población sobre la calidad de estos. Un hogar peruano, por ejemplo, tiene una probabilidad del 50% de no acceder a un paquete de servicios básicos que incluya agua, saneamiento, electricidad, telefonía móvil e internet (Videnza Instituto, 2023). Esta carencia es aún más pronunciada en regiones como Puno o Loreto, donde la probabilidad de no acceso se eleva al 80%. Por otro lado, según el Barómetro de las Américas (LAPOP, 2023), alrededor del 66% de la población está insatisfecha o muy insatisfecha con el estado de las carreteras, el 59.5% con la calidad de las escuelas públicas y el 65.8% con los servicios de salud públicos.

Uno de los ejemplos más impactantes de esta relación negativa entre mayor gasto y menor calidad de los servicios a la población se observa en la Contraloría General de la República (CGR). Entre 2019 y 2023, su planilla pasó de S/ 547 millones a S/ 912 millones. Llama la atención que, por ejemplo, solo entre 2021 y 2023 (tres años), su gasto por locación de servicios se multiplicó por 5: pasó de S/ 17 millones a S/ 85 millones. La mayor cantidad de personal ha estado justificada principalmente para financiar acciones de control concurrente que fueron potenciadas con la finalidad de disminuir la corrupción. No obstante, según la misma CGR, el perjuicio económico que la corrupción genera al país se mantuvo prácticamente inamovible en ese mismo periodo: pasó de S/ 24,262 millones en 2021 a S/ 24,268 millones en 2023. Claramente, los esfuerzos de incrementar la cantidad de personal han sido insignificantes para el objetivo de disminuir prácticas corruptas.

Es urgente que el Estado se enfoque en profesionalizar la gestión pública y establecer la carrera meritocrática para combatir la ineficiencia en el gasto público y la corrupción. La evidencia demuestra que un servicio civil profesionalizado genera mejoras en la entrega de servicios (Lira, 2012), la confianza en el Gobierno (Sacks, 2010) y la ejecución del gasto de inversión (Servir, 2014).

Mientras se mantenga la percepción de que el Estado es una fuente de empleo y beneficios para amigos y allegados de quienes están en el Gobierno, seguiremos lamentando el mal uso de los recursos públicos.

Realizado por: Milton von Hesse y Daniela Leguía, director y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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En este escenario, y en el marco del décimo aniversario de Videnza Consultores, les pregunté a cuatro exministros de Economía y Finanzas de esos países que se reunieron hace diez años en un cónclave de ministros de la Alianza del Pacífico cómo retomar el rumbo perdido.

“Me preocupa la falta de énfasis y de prioridad en el crecimiento económico. Muchos de los gobiernos de la región se han contentado con entrar a tratar de recaudar, de redistribuir, olvidándose que el mejor recaudador es el crecimiento económico de los países”, señaló Felipe Larraín, de Chile. Él sostuvo que la Alianza del Pacífico todavía “tiene todo el potencial de poder llevar la integración latinoamericana en los hechos a la práctica, y no quedarnos en los bonitos discursos que ocurren muchas veces después de las reuniones de otros organismos de integración regional sin mucho contenido”. Pero nos abandonó la calidad de la política y de las instituciones.

Coincidió con él Mauricio Cárdenas, de Colombia. “La política nos hizo una mala jugada”, porque nos sacó de lo pragmático, de la evidencia, y nos movió hacia políticas cortoplacistas. Ese inmediatismo desvirtuó la filosofía de la alianza de conformar un mercado más grande y atractivo para la inversión, impulsado por el sector privado. “Necesitamos retomar ese camino y la prueba reina de eso es que nuestros países no están creciendo bien”.

Para José Antonio Meade, de México, a la alianza le faltó una agenda que abordara los problemas cotidianos de la gente. “Mi impresión, sin embargo, es que la forma de responder a esa mayor exigencia de la ciudadanía no es hacer menos de lo que hacíamos antes; es probablemente hacer más. Yo creo que no hay un solo problema de los que enfrentan nuestros países que no se beneficie de una visión latinoamericana”. Como ejemplos señaló a la delincuencia, la falta de vivienda para los pobres y los riesgos del medio ambiente.

En el caso del Perú, Luis Miguel Castilla coincidió en que faltó ponerle rostro humano a la integración comercial. Mencionó tres desafíos a encarar. El primero es cómo propiciamos un Estado que brinde una capa mínima de protección a los ciudadanos. “Hoy lo vemos en la discusión previsional que hay en el país, donde, en lugar de abordar cómo ampliar la cobertura y cómo tener pensiones más dignas, son otros los móviles que están ahí puestos”.

El segundo reto es que caímos en una fase de total desconfianza y de crisis de gobernabilidad, de representación. Y el tercero es que, como parte del debilitamiento de la Alianza del Pacífico, cuyo gran líder fue el sector empresarial, comenzó una demonización de la actividad privada. El estatismo nunca será la salida, sino construir institucionalidad.

¿Cómo retomar las reformas procrecimiento? Cárdenas señaló una paradoja que debe hacernos reflexionar: que las cartas que tiene América Latina entre sus manos hoy son las mejores que ha visto. Y debemos aprovecharlas. El mundo está lleno de problemas geopolíticos, ninguno de los cuales se origina en nuestros países y frente a los que podemos ser parte de la solución. Sin embargo, somos la región que menos crece porque no tenemos una buena política. Se requiere liderazgo, confianza y un norte común.

Espero en una década poder decir que lo logramos.

Realizada por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio el 30 de abril de 2024.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)[CN1] , en el 2022 el porcentaje de peruanos en situación de pobreza alcanzó el 27.5%. Pero, si se considera a la población vulnerable de caer en la pobreza, esta cifra alcanza a casi el 60% de la población. En otras palabras, cerca de 20 millones de peruanos están en situación de pobreza o en riesgo a caer en ella ante shocks como la pérdida de empleo, las crisis económicas o un desastre natural.

Si bien la incidencia de pobreza es mayor en el ámbito rural, la tendencia de los últimos años muestra un cambio hacia una pobreza principalmente urbana. Por un lado, el 72% de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad reside en zonas urbanas (14 millones de peruanos). Por otro lado, en los últimos 10 años, la incidencia de pobreza en el ámbito urbano aumentó de 17% a 24%, mientras que en el ámbito rural disminuyó de 53% a 41%. Si bien la pandemia aceleró este cambio, las cifras muestran que la reducción de la pobreza en el país es principalmente rural (ver Gráfico N.° 1).

En ese sentido, conviene destacar las notables diferencias entre la pobreza urbana y rural. Si bien ambas son inherentemente multidimensionales, existen diferencias considerables dependiendo del contexto y que muchas veces pueden estar asociadas a lo urbano (Lemanski, 2016). [CN1] Algunos ejemplos son el acceso a agua, los costos de transporte y la dinámica del mercado laboral.

En el primer caso, si bien gran parte de los hogares urbanos accede a agua (90%), solo la mitad tiene acceso las 24 horas del día, y solo la mitad también accede a agua segura. Esta dificultad en el acceso de servicios públicos está asociada a la informalidad del proceso de urbanización, donde la invasión (41%) y la lotización informal (50%) son las modalidades más comunes de urbanización en las ciudades del país (Espinoza & Fort, 2020)[CN2] .

En cuanto a los costos de transporte, en un contexto urbano las distancias, tiempos y costos de movilización son mayores, por lo cual el sistema de transporte cumple un rol trascendental. En el caso particular de Lima y Callao, la calidad del transporte público representa el segundo problema que más afecta a la calidad de vida, solo por detrás de la inseguridad ciudadana (Lima Cómo Vamos, 2022)[CN3] .

Por último, la dinámica laboral urbana en el Perú está concentrada mayoritariamente en sectores como servicios (42%) y comercio (21%), a diferencia del ámbito rural donde el 78% de la fuerza laboral pertenece al sector primario de la economía (vinculado a la agricultura, pesca y minería). Esto, como se mencionó, tiene un correlato con los índices de desempleo: en el ámbito urbano la tasa de desempleo es significativamente mayor que en el rural y aumenta en función a la situación de pobreza.

Las políticas de lucha contra la pobreza deben contar con una estrategia diferenciada y específica para la población urbana (Mitlin, 2000).[CN1]  Existen por lo menos tres ámbitos en los que se deberían impulsar desde distintos sectores del Gobierno.

En primer lugar, resulta fundamental diseñar e implementar una reforma laboral que simplifique la creación de empleos formales en la economía. Es notable que la legislación laboral peruana haya resultado en un costo laboral no salarial del 68%, lo que convierte al Perú en el país con la segunda mayor tasa de sobrecosto laboral en Latinoamérica y el Caribe solo por detrás de Argentina (72%) (Alaimo et al., 2017)[CN2] . En consecuencia, se requiere de un conjunto de reformas que permitan disminuir estos costos sobre todo para las micro y pequeñas empresas, de tal forma que puedan crecer de manera gradual. Asimismo, se puede impulsar la capacitación e intermediación laboral para facilitar la inserción en empleos formales, así como formar alianzas público-privadas para la incorporación de personas egresadas de dichas capacitaciones.

En segundo lugar, la pobreza y vulnerabilidad están directamente vinculadas a la falta de acumulación de activos y servicios de calidad en el hogar. El impulso de programas de vivienda social es una alternativa para disminuir la vulnerabilidad de pobreza, mejorar la calidad de los servicios públicos a hogares vulnerables y generar empleos durante la etapa de construcción. Si bien el país cuenta con programas de apoyo a la vivienda social a través del Fondo Mi Vivienda, cada año solo se otorgan bonos o financian créditos a poco más de 50,000 hogares a nivel nacional, cuando el déficit habitacional se estima en 1.8 millones de hogares. A ese ritmo se cerrará el déficit habitacional del país en más de treinta años.

Tercero, los cuidados de personas con dependencia en hogares pobres o vulnerables usualmente son asumidos por sus familiares, lo que limita la posibilidad de generar mayores ingresos. De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) indican que existe un círculo vicioso entre cuidados, pobreza, desigualdad y precariedad (CEPAL & ONU Mujeres, 2022)[CN3] . Adicionalmente, es importante considerar que los servicios de cuidado son, generalmente, mal pagados e informales y son asumidos usualmente por mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que acrecienta el círculo vicioso mencionado. Resulta importante impulsar un sistema de cuidados que permita proteger a la población con dependencia (niños, niñas, personas con discapacidad moderada o severa y adultos mayores), así como los y las cuidadores con o sin remuneración.

La pandemia ha cambiado el panorama de la política social en el mundo, siendo los hogares vulnerables en las ciudades quienes se han visto más afectados. Por consiguiente, resulta imperativo que las políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza se adapten a esta nueva realidad. Su objetivo principal debería ser fortalecer la capacidad de los hogares para afrontar potenciales escenarios adversos como desastres naturales, crisis económicas o sanitarias, lo cual resulta esencial para construir resiliencia a largo plazo en los hogares más vulnerables. En ese contexto, el compromiso del gobierno y la sociedad civil son fundamentales para trazar una estrategia social que permita aliviar la pobreza urbana en el corto plazo y siente las bases para una sociedad resiliente frente a desafíos futuros

Realizada por: Paola Bustamante y César Núñez, directora y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Esta semana se ha producido un hecho que confirma esta tendencia de la manera más grosera, ahora en el Fonafe, fondo que agrupa a 35 empresas públicas, entre ellas Sedapal, Electroperú y Corpac. Lorena Masías, destacada profesional que antes ha estado a la cabeza de la Sunedu, Agrobanco, la vicepresidencia de Indecopi y la superintendencia adjunta de la SBS, tuvo que dejar el cargo luego de las presiones del Ejecutivo. ¿La razón? Haberse opuesto a la designación de allegados de la cúpula presidencial en gerencias y directorios de las empresas que conforman este fondo.

Se sabe que existen presiones para que quien suceda a Masías sea nada menos que Luis Barrenzuela, exministro del Interior recordado por organizar una jarana criolla en su casa en plena prohibición por la emergencia sanitaria (prohibición que el sector que encabezaba estaba llamado a vigilar). Antes de ser ministro, Barrenzuela fue dado de baja de la Policía Nacional del Perú por medidas disciplinarias. Durante su paso por esta institución, acumuló 158 amonestaciones. A ello se suma la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque por presuntamente prestar servicios fantasma por más de S/200,000 en el caso de la azucarera Tumán. Una verdadera joyita. ¿Cuál es su virtud? Su cercanía con Vladimir Cerrón y Guido Bellido, de quienes ha sido abogado personal.

Es previsible que, de tomar Barrenzuela –u otro de su calaña– las riendas del Fonafe, se produzca una repartija de cargos en las 35 empresas que lo conforman. Un auténtico botín considerando que los ingresos de las mismas superan los S/20,000 millones. De concretarse, lo más probable es que más de una de estas empresas corra la suerte de PetroPerú, cuyos manejos políticos la han puesto al borde de la quiebra. Hoy la petrolera estatal acumula una deuda que cuadruplica su patrimonio, y en octubre tuvo que recibir un rescate de S/4,000 millones por parte del MEF a manera de inyección de capital. Una factura que pagamos todos.

Es lamentable que el ministro Kurt Burneo, de cuyo sector depende el Fonafe, haya optado por no defender sus fueros. Todo indicaría que en esta oportunidad ha preferido elegir otras batallas, como la del presupuesto que se libró en el Congreso esta semana. A quienes también les correspondería frenar este despropósito es a los integrantes de la oposición en el Congreso de la República, cuyas batallas por una vacancia o suspensión –hoy francamente lejanas– parecieran distraerlos de las tareas fundamentales de fiscalización a este Ejecutivo inepto y con graves indicios de corrupción.

Punto aparte: esta situación debería llevarnos también a la reflexión sobre el rol empresarial del Estado. ¿Hace sentido que el Estado posea empresas en sectores como la electrificación, infraestructura aeroportuaria, hidrocarburos o generación eléctrica, los que el sector privado puede perfectamente atender? ¿No atenta claramente esto contra el principio de subsidiariedad? ¿No es demasiado alto el riesgo de la politización y utilización de puestos para el pago de prebendas? La evidencia abunda.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 04 de diciembre de 2022 en el diario Perú21.

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El plan cuenta con 36 medidas agrupadas en tres pilares: mejora en las condiciones para el gasto privado, aceleración de la inversión pública y recuperación de la confianza. La gran mayoría de las propuestas corresponde al primer pilar, e implica algún tipo de subsidio, como el propuesto para la electricidad en hogares vulnerables, el subsidio al sueldo para trabajadores formales de entre 18 y 29 años o el subsidio al transporte urbano formal. Además, se prorrogan otras medidas de similar naturaleza, como el subsidio al GLP y la exoneración al IGV de alimentos por tres años más. También destacan la extensión por cinco años de la devolución del IGV a la exploración minera y de hidrocarburos, beneficio que estaba por vencer este año.

Respecto del segundo pilar –aceleración de la inversión pública–, se plantean cinco medidas que carecen de detalle y se quedan en el lugar común de “optimizar”, “repotenciar” o “destrabar”. Quizás la disposición más concreta es la transferencia de S/309 millones para el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, pero se trata solo de una asignación presupuestal sin precisar cómo esta se traducirá en una ejecución más eficiente.

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Finalmente, el tercer pilar –recuperación de la confianza– parece ser el que menos atención ha recibido. Se proponen seis medidas que ofrecen poco por alcanzar el objetivo. Así, por ejemplo, se plantea crear un equipo para el seguimiento de inversiones, actualizar el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad o asignar mayores recursos para entidades que otorgan permisos para ejecución de inversiones (Sernanp, SBN, Mincul, Senace, etc.).

¿Qué tan efectivo será el plan en su conjunto? Por lo pronto, se observan tres grandes debilidades. La primera tiene que ver con el énfasis de la estrategia. Como he señalado, el pilar de recuperación de confianza parece ser el más débil, cuando debería ser el que mayores esfuerzos concentre. Tal como señala un reporte de Apoyo Consultoría de este mes, el porcentaje de consumidores que cree que su situación económica empeorará en los próximos 12 meses llegó a 55%, el nivel más alto del que se tenga registro. Si no se revierte esta percepción, no habrá reactivación posible.

Una segunda debilidad es que, de las 36 medidas contempladas, 18 deben pasar por el Congreso por tratarse de leyes. Esto plantea dos dificultades: la demora en el proceso de aprobación y la posibilidad de que en el debate congresal se altere la naturaleza de las propuestas. Así, en la práctica, el Ejecutivo tendrá un control limitado de las medidas que ha planteado.

Finalmente, otra gran limitación del plan es que, por más que el Ministerio de Economía plantee prioridades, poco se logrará si cada sector hace de las suyas. Quizás el mejor ejemplo es lo que sucede con el Ministerio del Trabajo, que impulsa medidas claramente en contra de los objetivos perseguidos por el MEF, como la que prohíbe la tercerización o la que modifica el Reglamento de Relaciones Colectivas de Trabajo.

Hechas las sumas y restas, es altamente probable que el plan del ministro Burneo no pase de las buenas intenciones y nuestra reactivación económica siga esperando.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 11 de septiembre de 2022 en el diario Perú21.

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Las protestas de los pasajeros no se han hecho esperar y diversos medios han señalado que, tras este incremento, el Metropolitano pasa a ser el servicio de BRT (bus de carril segregado) más caro de la región.

Para analizar esta modificación, creo fundamental plantear dos preguntas: ¿se trata de un incremento justificado? y ¿es razonable desde el punto de vista de la política pública? Aun cuando parecen cuestiones similares, son en el fondo distintas.

Respecto de lo primero, aunque el malestar de los usuarios es perfectamente comprensible, cabe notar que se trata del primer incremento en ocho años, periodo en el cual la estructura de costos del servicio ha variado de manera sustancial.

El precio de los dos principales insumos –personal y gas– ha experimentado subidas dramáticas entre 2014 y 2022. Así, el nivel de salarios creció en cerca de 30% y el precio del gas en más de 40%.

A ello se suma la irrupción de la pandemia, que en marzo de 2020 llevó a que el nivel de pasajeros –y por tanto de ingresos– se redujera a la séptima parte. Aunque han pasado más de dos años, el volumen de usuarios aún no regresa a niveles prepandemia.

A la luz de esta información, una subida en la tarifa parece tener justificación. De hecho, las tarifas de rutas paralelas al servicio troncal operadas por privados han tenido incrementos aún mayores.

Ahora bien, vamos con la segunda interrogante. ¿Se trata de un incremento razonable desde el punto de vista de la política pública? Acá las cosas cambian.

Aunque es una subida con justificaciones de cara a los operadores del servicio, sitúa la tarifa en un nivel tal que se torna prohibitiva para un gran número de limeños.

De hecho, el gasto para un ciudadano que utiliza el servicio todos los días laborables representa un 16% del sueldo mínimo bruto actual.

A ello se suma que muchos usuarios pagan tarifas adicionales para llegar a las alimentadoras o a la ruta troncal, con lo que el porcentaje del ingreso destinado al transporte puede llegar a superar el 20% o incluso 30%. Algo a todas luces insostenible.

¿Hace sentido que el principal sistema de transporte público formal de la ciudad –junto con el Metro– excluya a una importante porción de los limeños? Claramente no. Es por ello que en prácticamente todos los sistemas de Metro y BRT del mundo existe un subsidio público al usuario.

De hecho, esto es lo que sucede en nuestro Metro, donde la tarifa estándar es S/1.5, pero el costo real de proveer el servicio es de S/4.00. Los S/2.5 restantes son subsidiados.

Si queremos tomar como referencia un ejemplo internacional, en el Metro de Nueva York menos del 40% de los ingresos proviene de la tarifa del usuario. El restante viene de subsidios e impuestos específicos.

Esto es algo de lo que no se debe culpar a los operadores del Metropolitano, sino más bien al diseño del contrato de concesión, que desde el inicio fue planteado como autosostenible; es decir, sin considerar subsidios al usuario.

Es momento de tener una discusión informada y seria sobre la posibilidad de destinar recursos públicos para un sistema de transporte tan trascendental para la ciudad. La estrategia debe ser gradual y ser consistente con las posibilidades y realidad fiscal del país. Hacerlo permitirá que muchísimos limeños más puedan acceder a un transporte digno y seguro en su ciudad.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 24 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Casi alineado con este “consejo de Zamir”, antes de pasar a la clandestinidad, el exministro  señalaba desde Twitter: “Durante mi gestión como ministro se logró una importante ejecución presupuestal en el 2021, la mejor en los últimos 10 años en el sector. Me he dedicado a trabajar y hacer las cosas de manera correcta”

Esto último, además de ser falso (el porcentaje de ejecución en el MTC en 2021 fue de 86.6% cuando, por ejemplo, en 2017 fue del 89.6%), evidencia lo limitado e incluso contraproducente que resulta evaluar la gestión pública en función a qué porcentaje del presupuesto se gasta.

Lamentablemente, desde hace ya varios años, parte importante de la evaluación de la eficiencia de los diferentes sectores y niveles de gobierno se limita a analizar qué porcentaje del presupuesto se logra ejecutar. No deja de tener razón Villaverde cuando dice “a ustedes los miden así”.

El problema está en que la ejecución presupuestal es apenas uno de los indicadores de un Estado eficiente. Una correcta y real evaluación de la eficiencia pública debe ir acompañada de otros indicadores y preguntas clave: ¿En qué se está gastando? ¿A quién se está beneficiando? El beneficio que estoy generando, ¿es el máximo posible o existen otras alternativas de inversión con las que podría generar mayor bienestar para la sociedad?

En un país con enormes brechas en acceso a servicios de calidad, que los distintos niveles de gobierno dejen grandes sumas de recursos sin ejecutar es sin duda preocupante. Por ejemplo, que en 2021 los Gobiernos regionales no hayan ejecutado 3 de cada 10 soles programados para inversión pública es alarmante. Sin embargo, más grave aún resulta gastar por gastar. Peor aún si parte de esa ejecución corresponde a obras en las que se han pagado comisiones ilegales o coimas.

Con la intención de profundizar el análisis sobre el desempeño en la ejecución del presupuesto público, en el eje Estado eficiente del Observatorio del Bicentenario tomamos en cuenta una serie de indicadores que permiten analizar con mayor profundidad el tema. Por ejemplo, se pueden revisar el porcentaje de las convocatorias públicas declaradas nulas o desiertas; el porcentaje de obras paralizadas, la atomización de los proyectos de inversión, la incidencia de la corrupción, entre otros.

Es importante empezar a ver y analizar más allá de la ejecución presupuestal. Caso contrario, corremos el riesgo de que esta evaluación se convierta en un incentivo perverso para lograr ejecutar más, sin importar en qué y cómo.

Realizado por: Nicolás Besich, investigador principal de Videnza Consultores

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Otro hecho indiscutible es que en el largo plazo es imposible reducir la pobreza sin crecimiento económico. Por más amplios que sean los esfuerzos del Gobierno en términos de programas sociales y gasto público, la reducción en pobreza solo es sostenible si viene acompañada por un incremento del producto.

De las dos ideas anteriores se desprende que una de las grandes prioridades de la actual administración debiera ser la promoción de la inversión privada, más aún en el adverso escenario actual.

De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Reserva, el crecimiento de la inversión privada será nulo para este año y muchos analistas coinciden en que podría incluso ser negativo.

No obstante, parece que los esfuerzos del partido de gobierno estuvieran orientados en la dirección exactamente opuesta. Esta semana, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley de “nacionalización del cobre y creación de la empresa nacional Las Bambas S.A.C.”.

No hace falta ahondar en las razones por las que este proyecto es una muy mala idea si queremos promover el crecimiento económico. Particularmente absurda es la iniciativa de creación de una empresa estatal, como si el ejemplo de Petroperú no sobrara para ilustrar por qué es mejor evitar las aventuras empresariales del Estado.

La petrolera hoy tiene pasivos totales por más de cinco mil millones de dólares, lo que equivale a 3.5 veces el tamaño de su patrimonio. Es decir, una situación financiera a todas luces insostenible. ¿Queremos promover más Petroperús?

Dada la debilitada posición del partido de gobierno, parece improbable que este mamarracho legislativo pase a mayores, pero su sola presentación ya genera un daño. El hecho de que la bancada del partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno suscriba un despropósito de esta naturaleza solo da mayores razones a los inversionistas para dudar antes de apostar por el Perú. Total irresponsabilidad.

LA MEJOR OPOSICIÓN

Ante la debilidad e inefectividad de la oposición para ejercer un contrapeso al Ejecutivo, la prensa cumple hoy un rol fundamental. Es la presión de los medios la que permitió la salida de ministros nefastos como Luis Barranzuela o Juan Silva. Por ello no debe sorprender la hostilidad del Ejecutivo para con la prensa desde los inicios de la administración.

Esta semana, el presidente cumplió 100 días sin dar una sola declaración a los medios. Una actitud profundamente reñida con los valores democráticos, y que a la larga solo debilita al propio mandatario. Pero la hostilidad para con la prensa no se suscribe al Ejecutivo.

A pesar de que ya no hay una buena razón para ello, en el Legislativo, los periodistas siguen prohibidos de ingresar al hall de Pasos Perdidos y al hemiciclo, rompiendo una antigua tradición del Congreso.

Aunque esta disposición se entendía durante las fases más críticas de la pandemia, lo cierto es que el escenario es profundamente distinto hoy y que la razón sanitaria no es más que una excusa dado que ya se vienen realizando muchos eventos partidarios o de distinta índole en estos espacios.

Este legítimo reclamo de la prensa no es ningún capricho. La presencia física de los periodistas en Pasos Perdidos y el hemiciclo les permitía abordar a congresistas y dar cuenta de aquello que las cámaras oficiales no registran, como la baja concurrencia de legisladores al Pleno.

No es posible defender a la democracia si menoscabamos el rol de la prensa. Ya estuvo bueno.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 05 de junio de 2022 en el diario Perú21.

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Hago esta reflexión dado el contexto de convulsión que se vive en diferentes puntos del país como consecuencia del incremento en el precio de productos de primera necesidad. La inflación galopante –que en marzo fue la más alta de los últimos 26 años– golpea especialmente a los peruanos de menores recursos, que constituyen precisamente la base de apoyo político del presidente Castillo. Especialmente paradójico es que el epicentro de las protestas sea Huancayo, capital de la región donde se gestó el partido político que lo llevó a Palacio. De no revertirse la tendencia, lo más probable es que el menguante respaldo presidencial entre rápidamente a terreno crítico.

Cierto es que las causas del incremento en precios tienen que ver principalmente con factores exógenos no atribuibles a la acción del gobierno, en particular con la guerra entre Rusia y Ucrania que ha presionado dramáticamente el precio internacional del petróleo. No obstante, está en manos del Ejecutivo establecer mecanismos para mitigar este shock temporal. De hecho, ayer sábado se anunció la reducción temporal del ISC al petróleo y la exoneración del IGV a ciertos alimentos. Sin embargo, estas medidas llegan tarde –luego de masivas protestas que dejan graves heridos y daños materiales– y, más preocupante, tienen serias deficiencias de diseño.

El problema con ambas disposiciones es que sus efectos trascenderán largamente a este episodio inflacionario. En política tributaria –por lo menos en Perú– toda reducción o exoneración de tasas termina siendo muy difícil de revertir en el largo plazo. Por ello, aunque el gobierno la anuncia como una medida temporal, en la práctica está promoviendo una reducción permanente de tasas. Esto es preocupante en un país cuya presión tributaria (alrededor del 15%) es de las más bajas de la región, y más aún si consideramos que venimos de dos años de profundo déficit fiscal (8.9% en 2020 y 2.6% en 2021). En este contexto, el gobierno debiera apuntar a fortalecer su recaudación y limitar sus exoneraciones. Ambas medidas van en la dirección contraria.

El otro problema con estas medidas es que no permiten la focalización. Es decir, tratan de igual manera al rico y al pobre, cuando los esfuerzos debieran estar direccionados a los más vulnerables.

¿Cómo podrían resolverse estos dos problemas de diseño? Por ejemplo, apostando por subsidios focalizados a alimentos o con transferencias directas a los hogares en situación de mayor riesgo. Esto no comprometería las finanzas públicas de largo plazo –pues son medidas efectivamente temporales– y evitaría que termine beneficiándose a hogares cuya situación no es apremiante.

Finalmente, para hacer frente a este tipo de shocks temporales, es fundamental que el gobierno genere los recursos que le permitan disponer de presupuesto. En ese sentido resulta paradójico que hoy, con precios de nuestras materias primas a niveles históricamente altos, tengamos una inversión privada estancada, con un crecimiento estimado de 0% para el 2022 según el BCR.

Ojalá el presidente y su entorno comprendan pronto que ninguna reivindicación social será posible sin una economía con buen pulso. El tiempo corre y los peruanos esperamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 03 de abril de 2022 en el diario Perú21.

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Algunas cifras permiten ilustrar el tamaño del desafío: Hoy, solo uno de cada cuatro integrantes de la población económicamente activa realiza aportes a algún sistema previsional, ya sea el público o el privado. De otro lado, menos del 60% de los peruanos mayores de 65 reciben algún tipo de pensión (incluyendo las otorgadas por el programa social Juntos) y, en promedio, el monto de pensión recibido representa solo alrededor del 50% de lo que ganaban los trabajadores al jubilarse. Es decir, hay enormes problemas de cobertura, a los que se suman los problemas de sostenibilidad del sistema público.

Dado este panorama, la discusión pública debiera estar centrada precisamente en los retos de cobertura y sostenibilidad. No obstante, las iniciativas en los últimos dos años han estado enfocadas en la dirección exactamente opuesta: los retiros adelantados del sistema privado.

Entre el 2020 y 2021 se aprobaron cinco retiros de las AFP, que generaron una salida de S/65,000 millones de los fondos privados de pensiones, lo que equivale al 8% del PBI. Como consecuencia de ello, el ahorro previsional privado se redujo en cerca de un tercio, y 2.3 millones de afiliados se quedaron sin un sol en sus cuentas de retiros. Esta es una bomba de tiempo.

Pero las consecuencias fueron mucho más allá de los propios afiliados. Así, por ejemplo, la semana pasada la agencia Standard & Poor’s rebajó la calificación de la deuda peruana de largo plazo en moneda extranjera de BBB+ a BBB, la segunda calificación más baja del grado de inversión. Esto significa que ahora será más difícil y caro obtener financiamiento para proyectos que permitan contribuir al desarrollo del país, como carreteras, hospitales y colegios. En la nota que explica las causas de la rebaja, la agencia señala a los retiros de los fondos de AFP como una de las causas que han puesto al Perú en una situación más vulnerable.

A esto hay que añadir que los beneficiarios de los retiros no fueron los peruanos en situación de mayor vulnerabilidad. De hecho, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada la semana pasada revela que tres de cada cuatro peruanos que efectuaron retiros seguían trabajando. Es decir, estaban en una situación de relativa ventaja.

Por estas razones, hay que llamar la atención sobre ciertas iniciativas que se cocinan en el Congreso para aprobar nuevos retiros. Ya no hay razón que justifique una medida de esta naturaleza. En 2021 el PBI creció un 13% y los niveles de empleo se han recuperado casi totalmente. Usar a la pandemia como argumento para mayores retiros es demagogia pura.

Es evidente que el sistema privado tiene muchas oportunidades de mejora que deben ser debatidas de manera seria e informada. Pero una cosa debe quedar clara: no se puede reformar algo luego de destruirlo, y eso es lo que conseguirá el Congreso si sigue promoviendo nuevos retiros.

El futuro de millones de peruanos está en juego. Exijamos seriedad a nuestros legisladores.

Disclaimer: El autor es asesor externo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 28 de marzo 2022 en el diario Perú21.

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En aquella época, el Perú se había comprometido a implementar reformas en sus políticas públicas con miras a cumplir con los estándares de la OCDE. Así, será objeto de evaluaciones técnicas para verificar que está alineado con los mayores estándares, prácticas y políticas. Uno de los temas a priorizar en dicha evaluación será la gobernanza pública, que incluye el desarrollo del gobierno digital. Además de ser un requisito para ser un país miembro, un gobierno digital permite fomentar un gobierno abierto, transparencia e inclusión; fomentar el diseño y entrega de servicios públicos centrados en el ciudadano; reducir costos y procesos administrativos; entender mejor las cada vez más cambiantes necesidades de los ciudadanos, entre otros (OECD, s.f.). Bajo este contexto, el Perú ha realizado diversos esfuerzos por incorporar el gobierno digital como parte de la gestión pública. ¿Qué hemos logrado en materia de gobierno digital y qué nos falta para alcanzar el estándar de la OCDE? Para responder a la primera interrogante, se presenta en la Figura 1 una línea de tiempo con los principales avances en materia de gobierno digital. Así, durante la primera década y en los primeros años de la segunda, en el Perú se desarrolló el gobierno electrónico, entendido como el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la gobernanza.

En 2014, la OCDE emitió recomendaciones para una transición hacia el gobierno digital, donde la tecnología digital permite crear valor público (OECD, 2014). Sin embargo, si bien los esfuerzos del Perú en implementar un gobierno electrónico sirvieron de base para comenzar a desarrollar un gobierno digital, el avance no ha sido tan veloz como otros países de la región (OECD, 2019). En efecto, la creación de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) se dio recién en 2017, como entidad encargada de liderar la implementación del gobierno digital.

Luego, en 2018 se aprobó la Ley de Gobierno Digital, que permitió brindar un marco normativo al mencionado proceso, luego de que culminara la vigencia de la Agenda Digital 2.0 (2011-2015). Ese mismo año se implementó la plataforma GOB.PE para centralizar la interacción digital desde el Estado, y se creó la figura de líder de gobierno digital en cada entidad para asistir en el proceso de transición. Posteriormente, en 2020 se aprobó la Agenda Digital al Bicentenario y el Sistema Nacional de Transformación Digital (cuyo reglamento fue aprobado en 2021).

Para ver a mejor detalle, descargala aquí: Línea de tiempo de la implementación del gobierno digital en el Perú

En cuanto a la segunda interrogante, entre los retos pendientes está el muy necesario cambio de paradigma entre los funcionarios públicos con relación al rol de la tecnología en la gestión, la cual es vista como una función de soporte, no una estratégica (OECD, 2019). En ese sentido, es clave el trabajo conjunto entre la SEGDI y SERVIR para desarrollar capacidades acordes al nuevo paradigma. E igualmente importante es contar con un esquema de incentivos para atraer y retener talento que cuente con habilidades en TIC.

Otro aspecto pendiente es asignar recursos que fomenten la implementación de proyectos digitales en la gestión pública (OECD, 2019). Ello no solo pasa por incrementar el presupuesto en las áreas de TI de cada entidad. También se podría abordar mediante fondos concursables que acerquen al sector privado y la academia a colaborar con el Estado.

En línea con lo anterior, en términos de gobierno abierto, es importante identificar con qué información cuenta el Estado, qué tan accesible es para el público y qué valor se puede extraer de ella. Al 2017, el índice OURdata de la OCDE mostró que el Perú se encontraba muy cerca al promedio de países de la OCDE. Sin embargo, está pendiente incrementar el uso de la información, lo cual pasa por mejorar las habilidades necesarias, tanto de los funcionarios como la población general, para su aprovechamiento y apropiación.

Adicionalmente, no se cuenta aún con un modelo que permita identificar el grado de madurez en términos de gobierno digital en una entidad pública (MEF, 2021). La falta de indicadores dificulta la posibilidad de medir el nivel de avance hacia los estándares de la OCDE y limita la capacidad de establecer medidas prospectivas o correctivas.

No se puede negar que los beneficios de un gobierno digital han cobrado especial importancia durante la pandemia. Gracias a la digitalización de diversos servicios públicos, ha sido posible sobrellevar un poco mejor la situación. Ahora que esta va llegando a su fin, tomemos la tan esperada invitación para formar parte de la OCDE como motivación para seguir avanzando en la implementación del gobierno digital.

Desde luego, que el avance en esta agenda dependerá del liderazgo que se obtenga al más alto nivel gubernamental y que se plantee como una política de Estado que trascienda al gobierno de turno. En el mundo en que vivimos de cambios tecnológicos disruptivos, cumplir con esta meta permitirá tener un gobierno funcional y moderno en servicio de la ciudadanía.

Realizado por: Luis Miguel Castilla y Franco Sebastiani, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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En este post consideramos importante resaltar dos aspectos clave que debería tener en cuenta cualquier proyecto sobre el sistema de pensiones y que, sin embargo, no parecen ser tomados en cuenta en las discusiones legislativas.

• Vulnerabilidad del adulto mayor

En 2020, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el 37.3% de hogares peruanos tenía al menos un integrante mayor de 60 años y, en el 83% de ellos cumplía el rol de jefe hogar. Además, el 29.1% de estos hogares vivía en pobreza, el 21.9% en situación pobreza extrema, y el 36% eran hogares jefaturados por adultos mayores de 60 años que no recibían pensión de cesantía, invalidez o transferencia. En consecuencia, estos jefes de hogar se ven forzados a continuar dentro del mercado laboral, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad.

• Informalidad y cobertura

En 2019, el 72.7% de la PEA ocupada laboraba en el sector informal. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, en 2020 esto subió a 75.3%, un retorno a cifras de 2011. Así, en 2020 solo 1 de cada 4 trabajadores en el Perú tuvo la posibilidad de aportar a un sistema de pensiones. La situación es más dramática en el caso de los adultos mayores que continúan trabajando. Según datos de la Enaho, el 86.8% tenía empleos informales.

Las altas tasas de informalidad mencionadas, junto con otra serie de barreras, han llevado a obtener los resultados que tenemos actualmente en el sistema de pensiones. Según la Asociación de AFP, para 2021 solo el 32% de la población adulta mayor era pensionista del Sistema Privado de Pensiones o del Sistema Nacional de Pensiones. Esta situación es mucho más grave en zonas rurales, donde el 96% el del total de trabajadores pertenecía al sector informal en 2020.

Con Pensión 65 el Estado ha logrado alcanzar al 22% de adultos mayores. De acuerdo con evaluaciones realizadas (ver acá y acá), ha contribuido a sus beneficiarios a mejorar significativamente en aspectos como la salud mental y la reducción del trabajo remunerado en personas mayores. Pero todavía el 46% de la población adulta mayor sigue sin ningún tipo de cobertura.

Considerando el acelerado proceso de envejecimiento de la población peruana, sumado a la persistente tasa de informalidad y las barreras existentes para acceder a los sistemas de pensiones, el futuro no parece prometedor. Uno de los grandes retos del sistema de pensiones, muchas veces no tratado en su real dimensión, es cómo reformarlo en un país donde, en promedio, 3 de cada 4 trabajadores están en el sector informal. Y cómo hacerlo en regiones como Huancavelica, Cajamarca, San Martín o Cusco, donde esta situación alcanza a 9 de cada 10 trabajadores.

Realizado por: Nicolás Besich y Carolina Dávila, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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¿Cuáles son entonces los elementos que han contribuido a la reducción en el precio del dólar? Principalmente dos y ambos son ajenos a lo que sucede en Perú. El primero tiene que ver con el nivel de precios en Estados Unidos. El último jueves el Departamento de Trabajo del Gobierno norteamericano publicó su reporte de inflación de enero, en el que revela que la inflación interanual de este mes fue de 7.5%, es decir, la más alta en cuatro décadas. Ante este dato, ha surgido la expectativa de una subida en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal norteamericana para frenar la escalada en precios. Esto llevaría a una desaceleración en la economía de Estados Unidos, puesto que mayores tasas de interés redundan siempre en una contracción de la inversión. Esto ha generado una previsible devaluación del dólar no solo en Perú sino a nivel global en las últimas jornadas.

Otro elemento que ha jugado un rol decisivo es el precio de los bienes que exporta nuestro país al mundo. Así, por ejemplo, el cobre, nuestro principal mineral de exportación, subió 18% en el último año. Esto implica una mayor entrada de dólares en pago a nuestras exportaciones, es decir, una mayor oferta de divisas. Como en cualquier otro mercado, esto se traduce en un menor precio, es decir, un menor tipo de cambio.

Los dos factores mencionados son absolutamente exógenos al modelo. Hubieran estado ahí al margen de nuestra coyuntura. Son vientos de cola que empujan nuestra moneda a pesar de la precariedad, indefinición e incertidumbre que caracterizan a nuestro ejecutivo.

Dicho lo anterior, hay un elemento adicional que sí corresponde a la acción del gobierno y puede haber ejercido una influencia positiva. Se trata de la designación de Óscar Graham en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería y máster en economía por la Queen Mary University de Londres, Graham cuenta con una amplia experiencia en el Estado. Ha sido viceministro de MYPE e Industria, director general de Mercados Financiero y Previsional Privado en el MEF, y economista del Banco Central de Reserva. Su nombramiento es una extraña excepción meritocrática al criterio de cuoteo y argolla que ha caracterizado casi la totalidad de designaciones ministeriales en lo que va del gobierno.

Desde este espacio le deseamos éxitos al ministro Graham. Aunque a estas alturas parece improbable, esperamos que el entorno presidencial le de respaldo y autonomía, y pueda brindar la cuota de sensatez que tanta falta hace en esta administración.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 13 de febrero de 2022 en el diario Perú21.

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En efecto, el crecimiento de la economía peruana, con 13% en 2021, es el más alto de Latinoamérica, por encima de Chile (11.1%), Colombia (8.6%), Brasil (4.9%), Bolivia (5.7%) y Ecuador (3.5%). No obstante, la historia es incompleta si no advertimos que en 2020 Perú fue la economía que más cayó en la región, con un 11.1% de contracción. Considerando este dato, el crecimiento de 2021 es en buena medida explicado por el célebre “efecto rebote”. Y como en las leyes de la física, todo rebote es mayor en la medida en que la altura de la caída sea mayor.

Otro factor que explica el crecimiento del año pasado es lo que los economistas llaman los términos de intercambio, que no es otra cosa que la comparación entre los precios de lo que exportamos versus los precios de lo que importamos. Durante el 2021 el Perú se vio enormemente beneficiado por el crecimiento vertiginoso de los precios de algunos de los bienes que vende al mundo. Particularmente destacable fue el precio internacional del cobre, nuestro principal mineral de exportación, que en 2021 experimentó un crecimiento del 20% y alcanzó el nivel más alto del que se tenga registro.

Estos dos factores –efecto rebote y precios internacionales– son elementos exógenos, no atribuibles al rol del gobierno. No obstante, hay un aspecto que sí tiene que ver con la acción gubernamental y, sin duda, ha facilitado la recuperación económica: el proceso de vacunación. Cerramos el 2021 con 80% de la población adulta con dos dosis, lo que nos pone por encima de países desarrollados como Estados Unidos o Inglaterra. Esto ha permitido una reactivación en sectores de la economía que estuvieron paralizados durante la mayor parte de 2020. Un logro que también involucra a la administración Sagasti y que merece reconocimiento.

Un elemento adicional para el análisis es que cualquier resultado económico no debe ser considerado de manera absoluta, sino también en relación con lo que pudo haber sido. En efecto, un crecimiento de 13% es importante, pero este resultado podría haber sido fácilmente mejor. Medidas tan simples como acelerar el proceso de ratificación del directorio de BCRP, brindar mensajes de confianza respecto de la seguridad jurídica de las inversiones y la propiedad, o evitar papelones como la demora en la juramentación del primer gabinete ministerial hubieran hecho una diferencia significativa.

Con todas sus debilidades, la economía peruana tiene todavía unos fundamentos macroeconómicos sólidos: deuda pública controlada, déficit estable, facilidad para obtener crédito, entre otros. En este contexto, y dado el ciclo expansivo de los precios de nuestras exportaciones, la mesa estaría servida para un periodo de crecimiento y reducción de pobreza en condiciones normales. Pero si el gobierno continúa indiferente respecto de la importancia de la inversión privada y sigue mostrando la precariedad que hasta hoy lo caracteriza, lo más probable es que las peores predicciones para 2022 se materialicen.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 09 de enero de 2022 en el diario Perú21.

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Este panorama desalentador está fuertemente vinculado a la caída en las expectativas del empresariado sobre la economía en general. De hecho, entre el 2010 y lo que va del 2021, la correlación entre el crecimiento de la inversión privada y la variación del índice de expectativas de la economía a tres meses es de 0.733. Ante ello, es necesario que el Gobierno recupere la confianza del sector privado y promueva la inversión privada y pública en el país. Una de las formas más efectivas para reactivar la economía es la inversión en infraestructura. Pastor y otros (2020) estiman que por cada US$ 1,000 millones de inversión en infraestructura en países de América Latina y El Caribe se generan más de 35,000 empleos directos.

En cuanto a la inversión privada, en los últimos años su promoción en proyectos de infraestructura ha disminuido significativamente. La adjudicación de proyectos de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI) muestra una tendencia decreciente desde hace más de cinco años. Es  preocupante que, entre los años 2020 y 2021, solo se han adjudicado dos proyectos de APP por menos de US$ 50 millones.

En cuanto a la inversión pública, una de las principales limitantes es el bajo nivel de ejecución del presupuesto destinado a la inversión. En los últimos cinco años, el Gobierno general ha ejecutado menos del 70% de lo presupuestado, siendo este porcentaje menor en los Gobiernos regionales y locales. Estas cifras implican que cada año se dejan de ejecutar más de S/ 15,000 millones del presupuesto de inversión pública.

Esta baja ejecución también se refleja en el avance del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Según el MEF (2021), desde su aprobación hasta diciembre del 2020 solo se había ejecutado S/ 3,730 millones. Y  el Consejo Privado de Competitividad calcula que, en lo que va del 2021, se ejecutaron S/ 2,212 millones, lo que significa un avance de solo el 5.2% desde su aprobación.

Resulta urgente que el Gobierno impulse efectivamente la reactivación económica a través de una mejora en gestión de la inversión en infraestructura. A corto plazo, puede acelerar la licitación de proyectos o paquetes de proyectos de gran envergadura mediante contratos de Gobierno a Gobierno y el uso del modelo de ejecución de Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP). La principal ventaja de estas modalidades es que permiten utilizar modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional, lo que facilita y acelera el diseño y la ejecución de los proyectos.

A mediano plazo, se requiere impulsar una reingeniería de proceso que permita efectivamente promover la inversión privada de manera ágil y transparente. En específico, se necesita una ProInversión enfocada únicamente en la promoción y licitación de proyectos, así como en la estandarización de los procesos de APP. De igual forma, se deben definir y especificar adecuadamente las competencias de los actores (el MEF, los organismos reguladores y la Contraloría General de la República) en sus respectivas especialidades y competencias.

Finalmente, es fundamental que la formulación de proyectos de APP se base en un enfoque de rentabilidad social y no en la solución técnica. Esto dado que las discusiones sobre la solución técnica de los proyectos representan uno de los principales motivos del débil ritmo de adjudicación de proyectos. Como precisa el Banco Mundial (2020), la principal causa de que en Perú el proceso de adjudicación de una APP supere los tres años (37 meses) son las múltiples solicitudes de modificaciones técnicas solicitadas por los concesionarios que se adjudicaron estos proyectos.

La recuperación de la economía requiere una mejor gestión de inversiones, pero también una reingeniería de procesos que demanda cambios normativos. En esa línea, el Gobierno ha solicitado facultades legislativas en materia de reactivación económica y promoción de la inversión pública y privada. En la exposición de motivos del pedido, destaca que se propone precisar las materias de competencia de las entidades involucradas en las APP e implementar modelos de gestión de proyectos en las entidades titulares del PNIC bajo un enfoque de gerencia de proyectos. Si bien ambas medidas parecen encontrarse en la dirección correcta, es fundamental que el Gobierno tome en cuenta las modalidades ya existentes para ejecutar proyectos a corto plazo. Asimismo, que incluya en sus medidas la reforma de ProInversión y el cambio de enfoque hacia la rentabilidad social en la formulación de proyectos de APP. De lo contrario, estas podrían no tener el impacto esperado en la recuperación de la inversión y la economía.

Realizado por: Luis Miguel Castilla y César Núñez, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Para contestar a esta interrogante hay que remontarse hasta principios de la década de 2000, cuando el Perú inició un importante proceso de descentralización. Como consecuencia de ello, se delegaron funciones ejecutivas desde el Gobierno nacional hacia los Gobiernos subnacionales, pero sin haber antes verificado sus capacidades para ejercerlas. Los Gobiernos regionales, creados sobre los antiguos consejos transitorios de administración regional (CTAR), se constituyeron como instancias político-territoriales encargadas de articular las políticas sectoriales nacionales con las funciones municipales en un mismo territorio. Pero este proceso no estuvo acompañado por un programa de fortalecimiento de capacidades profesionales ni de adopción de un solo enfoque normativo en la delimitación de competencias. Tampoco contempló la cadena de valor de la provisión de bienes y servicios públicos, ni contó con un monitoreo y seguimiento oportunos. En consecuencia, las estructuras que más adelante se designaron como receptoras de canon no poseían condiciones técnicas ni políticas para gestionarlo óptimamente.

Paralelamente, muchas de las inversiones mineras que se habían realizado en la década de los noventa gracias a las reformas estructurales y la apertura del país, empezaron a producir plenamente en un contexto en el que se iniciaba el “superciclo” de precios de los minerales en el mercado mundial. Entre mediados de las décadas de 2000 y 2010, los Gobiernos subnacionales recibieron miles de millones de soles para inversiones producto de las rentas mineras. Sin embargo, tanto los recientemente creados Gobiernos regionales como los Gobiernos locales carecían del suficiente personal calificado para el adecuado manejo del presupuesto e inversiones.

En segundo lugar, desde los Gobiernos subnacionales no se elaboraron visiones de desarrollo territoriales que permitieran orientar sus inversiones. Además, había cierta confusión en cuanto a las competencias subnacionales.

En tercer lugar, la ejecución del presupuesto por canon de los Gobiernos subnacionales se dio en un contexto de alta discrecionalidad y sin presencia de mecanismos de transparencia adecuados, dado que los recursos son propiedad exclusiva de cada municipalidad o Gobierno regional receptor.

En cuarto lugar, el mismo esquema de distribución de los recursos del canon fue ineficiente, en tanto no había correspondencia entre las competencias y necesidades de cada Gobierno subnacional y la cantidad de recursos que se le asignaba. Una municipalidad distrital podía contar con mayores recursos que una provincial o un Gobierno regional, sin tener las competencias ni la escala (área de influencia) para poder aprovecharlos adecuadamente.

Como resultado del mal planteado proceso de descentralización y de las características exacerbadas en el mismo esquema de distribución, los recursos del canon no se gastan en su totalidad y, aquello que sí se llega a ejecutar, se hace con poca eficiencia. Como se observa en el siguiente gráfico, entre los años 2007 y 2020, la ejecución del canon de Gobiernos regionales y locales fue parcial. En el caso de los primeros se observa, por ejemplo, que en 2012 se tuvo un presupuesto no ejecutado (medido como lo presupuestado menos lo efectivamente devengado) de más 900 millones de soles y, en 2016, de casi 700 millones. Y en los segundos, en 2012 el presupuesto por canon no ejecutado superó los 5,000 millones de soles.

Asimismo, como se ilustra en el siguiente gráfico, la ejecución del presupuesto de los Gobiernos locales es la más baja entre los tres niveles, lo que resulta preocupante considerando que son los que más recursos reciben por concepto de canon.

Como prueba del problema del gasto ineficiente está que, en muchos casos, estos recursos se invierten sin una priorización de cierre de brechas. Además, un estudio realizado por la Contraloría General de la República para el periodo 2009-2014 reveló que no existe una correlación directa entre la reducción de pobreza y los recursos de canon y regalías que cada región recibe. Esto confirma las ineficiencias en la ejecución y gestión del canon de dichas instancias subnacionales.

Para que la población perciba que sí se beneficia de la explotación de recursos naturales en las áreas donde residen, aumentan su bienestar y reducen la pobreza, es imperativo mejorar el contexto institucional para un eficiente manejo del gasto público. Para ello es necesario, en primer lugar, mejorar la capacidad de planificar el desarrollo de los territorios priorizando las inversiones que más impacto generarán en la población. En segundo lugar, promover la carrera pública meritocrática para que los Gobiernos subnacionales cuenten con los mejores profesionales para ejercer funciones complejas. Y, en tercer lugar, simplificar y mejorar la eficiencia de los sistemas administrativos del Estado para que no sean meros trámites burocráticos sino, más bien, procedimientos orientados a mejorar el impacto de la ejecución del gasto público en inversiones.

Realizado por: Milton von Hesse y Verónica Tello, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Dos: Esta semana finalmente se concretó la cancelación de la inscripción de 15 partidos políticos luego de no alcanzar las condiciones establecidas para continuar vigentes, a saber, pasar la valla del 5% y colocar al menos cinco congresistas en más de una circunscripción. Esta es sin duda una situación dura para muchos partidos, entre ellos algunos de los de mayor longevidad en nuestra historia. Pero es una decisión que debemos celebrar. Parte de la debilidad de nuestro sistema electoral es la proliferación de organizaciones políticas cuya oferta realmente no es tan diferente. En la última elección tuvimos 19 candidatos presidenciales, algo impensable en la mayor parte del mundo, muchos de los cuales perfectamente habrían podido ir bajo una misma propuesta.

La cancelación de inscripciones partidarias obligará a los actores políticos a aglutinar esfuerzos políticos y buscar consensos necesarios para la construcción de mayorías y, por ende, contribuirá con la gobernabilidad. Ahora hace falta complementar esta disposición con la implementación definitiva de algunas otras reformas pendientes decisivas para el fortalecimiento de nuestro sistema político: eliminación del voto preferencial, bicameralidad, primarias abiertas simultáneas y obligatorias, entre otras

Tres: Además de los cuestionamientos arriba mencionados por una evidente cercanía con el pasado senderista, el ministro Iber Maraví representa un riesgo para la cartera que inmerecidamente lidera. Esta semana al presentar su visión para el sector trabajo, entre otras cosas mencionó su intención de retirar las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes 31131 –que elimina el régimen CAS– y 31188 –que regula la negociación colectiva en el sector público–, ambas interpuestas por el gobierno del presidente Francisco Sagasti

Además de evidenciar el profundo desconocimiento de Maravi en material legal –ya varios constitucionalistas han aclarado que no existe tal cosa como el retiro de una demanda de inconstitucionalidad– sus intenciones tendrían efectos desastrosos para nuestras finanzas públicas. La eliminación del CAS implicaría un costo estimado de S/3,600 millones para el fisco, mientras que le implementación de la norma de negociación colectiva le costaría al Estado unos S/6,200 millones. Hay que hacerle saber a este gobierno que el presupuesto público –ya deberíamos saberlo a estas alturas– no es un barril sin fondo.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 12 de septiembre del 2021 en el diario Perú 21.

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Este fenómeno no es ajeno a otros países de la región que enfrentan el incremento de las cotizaciones internacionales de las materias primas que importan, situación que no ocurría en esta magnitud desde 2017.

La inflación anualizada hasta el mes de julio fue de 9% en Brasil, 5.8% en México, 4.5% en Chile, 4% en Colombia y 3.8% en el Perú. Ante esta situación, los bancos centrales de la región han incrementado sus tasas de interés de referencia con la finalidad de anclar las expectativas inflacionarias. No obstante, la elevada depreciación en nuestro país es un agravante doméstico, siendo la raíz del problema la incertidumbre política y las señales contradictorias que emite el nuevo Gobierno y que no se han logrado zanjar.

El incremento de los precios es hoy un fenómeno generalizado a nivel global. Esto se debe a que el levantamiento de las restricciones impuestas para el control de la pandemia ha liberado una suerte de “demanda contenida” de los consumidores y que se han triplicado los fletes marítimos internacionales en los últimos 6 meses. Esto ha generado incrementos significativos en las cotizaciones de bienes, como el trigo (18.4%), el maíz (28.5%) y el aceite de soya (51.6%) durante los últimos 12 meses. Esto, a su vez, ha encarecido los costos de producción de alimentos como el pan, fideos, carne de pollo y aceite vegetal, incrementos que han sido parcialmente trasladados al consumidor final.

La excepción ha sido el caso del tarro de leche evaporada, cuyo precio se ha mantenido inalterado pese a que la industria láctea ha registrado un aumento en el costo de sus insumos importados por más del 10%. Por su parte, se ha registrado un fuerte incremento en los precios de los combustibles, como es el caso del gas licuado de petróleo (54%), elevando su costo de oportunidad e incrementando los incentivos de los productores para orientar sus ventas hacia el mercado externo.

Existe amplia evidencia empírica que muestra un fuerte vínculo entre los precios domésticos y el valor de las monedas en América Latina, por lo que las devaluaciones se traducen casi de inmediato en una mayor inflación. Según estimaciones del pass-through para diversos países de la región, Bolivia tiene la tasa más elevada con 1%, vale decir que la depreciación del boliviano se traslada enteramente a la inflación. Por su parte, el Perú tiene el pass-through más bajo de la región con 0.1%, y el resto de los países de la región muestran tasas intermedias, como México (0.8%), Colombia (0.3%) y Chile (0.2%). La magnitud de este traslado de precios varía en función del crecimiento de la oferta monetaria, la volatilidad de las tasas de interés y las tasas de inflación, tres variables cruciales de la política monetaria.

Observando la tendencia en el valor de las monedas en los últimos 12 meses, la segunda moneda más depreciada en la región ha sido el sol (14%), solo por debajo del peso argentino (32%), mientras que el resto de las monedas registraron variaciones mucho menores. Considerando la magnitud del pass-through nacional, la depreciación del sol estaría explicando alrededor del 40% de la inflación registrada en el año. En ese sentido, quitando el efecto cambiario, la tasa de inflación en el Perú se encontraría dentro del rango meta establecido por el instituto emisor.

Más allá de la respuesta de política monetaria adoptada por el Banco Central de Reserva, el Gobierno ha anunciado un amplio abanico de medidas que van desde una mayor fiscalización de Indecopi buscando sancionar eventuales abusos de poder de dominio o prácticas no competitivas hasta una mayor difusión de los precios de los productos más sensibles de la canasta básica. Estas medidas debieran tener un efecto disuasivo en el caso de ciertos comercializadores. Por su parte, si bien el MEF ha descartado la aplicación de controles de precios con los efectos perniciosos conocidos por todos, su tarea será convencer al resto del Ejecutivo y a la bancada oficialista en el Parlamento de la inconveniencia de insistir con este tipo de medidas.

Se evalúa también la extensión de subsidios públicos a través de fondos de estabilización, en el caso del precio de los combustibles, para complementar el apoyo a las familias vulnerables con el pago del bono Yapanay a las familias más vulnerables y el reforzamiento de la capacidad de atención de los comedores populares. Sin embargo, la necesidad de empezar la consolidación de las cuentas públicas y la incertidumbre sobre la temporalidad del repunte inflacionario
necesariamente tendrá que imponer un límite al otorgamiento de subsidios adicionales y mantenerlos lo más focalizados posible.

Mientras se estabilizan los mercados internacionales, lo que sin duda ayudaría a frenar las presiones sobre los precios serían mensajes más claros y consistentes al interior del Gobierno que despejen la incertidumbre sobre los planes refundacionales que aún se tienen sobre la continuidad del modelo económico. La deliberada omisión sobre una eventual Asamblea Constituyente en el discurso de investidura del Premier no frenará la salida de capitales al exterior, la que supera US$ 15,000 millones desde las elecciones. El riesgo cambiario podría amainarse si se dejan los mensajes disruptivos de lado y esto ciertamente beneficiaría a los peruanos más necesitados.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 1 de septiembre del 2021 en el diario Gestión.

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Reabriendo viejas heridas históricas y lejos de calmar los temores fundados que sienten los inversionistas, el Gobierno promociona una “segunda reforma agraria” como la solución a la pobreza rural y las brechas que existen entre la agricultura moderna de los valles costeños y la actividad productiva de subsistencia que persiste en la sierra y selva de nuestro país. Recordemos que la “primera” reforma agraria marcó un punto de inflexión en el desarrollo productivo del Perú. Entre 1970 y 1980 la producción de los principales 13 cultivos del país se redujo en 18%; mientras que entre 1960 y 1970 la contribución de la productividad al crecimiento del PBI agropecuario fue 66.5%, la siguiente década pasó a ser -5%, principalmente por la falta de inversión y rezago tecnológico. Asimismo, nuestro país pasó a ser deficitario en producción de alimentos hasta 1979, aumentó la inseguridad alimentaria.

Esta “segunda reforma agraria” pretende al menos dos cambios estructurales: i) hacer de la agricultura familiar un sustituto a la agricultura moderna de exportación a través de mayores subsidios, créditos blando, programas de asistencia técnica, cooperativismo; y ii) limitar el comercio internacional, reponiendo los aranceles ad valorem y medidas para arancelarias, enarbolando banderas de “soberanía alimentaria” con el objetivo de librar al país de competencia desleal externa que tiene a privar al agricultor nacional de un precio justo por su producción, primando una visión autárquica como modelo de desarrollo. El problema central de estos postulados es que no hay país alguno que haya logrado desarrollarse aplicando estas políticas.

Más específicamente, el Gobierno aspira a la democratización de la tenencia de la tierra a través de la titulación individual y comunal. Si bien teóricamente la propiedad de un activo como la tierra tendería a viabilizar un mayor financiamiento, uno de los principales cuellos de botella en la mayoría de los emprendimientos agrícolas, existe evidencia empírica que muestra que la titulación por sí sola no constituye una condición suficiente para acceder a crédito formal. La intención de acompañar esta intervención con financiamiento a través del Agrobanco tampoco garantizar que se mejore la productividad en el uso de la tierra y la generación de ingresos para los agricultores.

Por su parte, la intención de establecer límites a la gran propiedad de la tierra dependerá de que el Congreso apruebe una ley, que no podría aplicarse retroactivamente. Sin embargo, es probable que el Gobierno se vea tentado de renegociar los contratos de concesión de los proyectos de irrigación de la costa para priorizar la asignación de las nuevas hectáreas irrigadas a los minifundios en desmedro de la agroindustria de exportación, que requiere una escala mínima para operar. Este cambio representaría una oportunidad perdida para más de 70 mil hectáreas de tierras irrigadas.

En materia comercial, el Perú tiene vigente desde el 2001 un sistema de franja de precios que busca mantener estable el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional, como es el caso del arroz, maíz amarillo, azúcar y leche en polvo. Este mecanismo posee una tasa de protección efectiva, esto es el cambio en el valor agregado respecto de una situación de libre comercio, de entre 30% y 40%. Restituir los aranceles no solo afectarán a los responsables de realizar la actividad de importación, sino también al consumidor final, ya que estos aranceles se traducen de forma directa en precios más altos. En la actual coyuntura de alza de precios de insumos importados resulta totalmente contraproducente aplicar estas medidas que acabarían perjudicando a los segmentos más vulnerables de la población. los recientes intentos de aplicar controles de precios a través de cambios constitucionales solo suman zozobra y agudizan la desconfianza empresarial que se ciñe sobre nuestro país.

En lugar de intentar aplicar medidas distorsionantes y antitécnicas, el Gobierno debería enfocarse en lograr una mayor asociatividad en el sector agropecuario nacional, enfocada a mejorar la competitividad en el mercado. Esta debiera intentar lograr economías de escala para reducir el costo de las compras de insumos, establecer colaterales solidarios, mejorar la adopción tecnológica y ampliar las oportunidades de mercado. Experiencias por replicarse son las cooperativas con una visión moderna que han surgido en torno al café y el cacao. Además se puede lograr una mayor asociatividad a través de la agricultura por contrato que mejore la cadena de proveedores entre pequeños agricultores y empresas agroindustriales. La intervención estatal debe seguir la lógica de programas como Agroideas, que financia planes de tecnológicos con el objetivo de elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios. Este tipo de intervenciones tendría un mayor impacto que revivir prácticas fallidas aplicadas en el pasado que solo pueden condenar al país al retraso.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 18 de agosto del 2021 en el diario Gestión.

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El Ministerio de Economía y Finanzas creó hace unos años un esquema de incentivos que premiaba al gobierno regional con mayor ejecución presupuestal y reiteradamente Áncash lideraba el ránking.

Lamentablemente, esa mayor ejecución no se tradujo en mayor bienestar para la población, y peor aún su gobernador regional fue sentenciado por corrupción. En general, la eficiencia del gasto es fundamental, ya que la limitada disponibilidad de recursos es una condicionante real. Sin embargo, esto último no puede ser la excusa para justificar la incapacidad estatal para mejorar la calidad de los servicios que presta.

Resulta paradójico que las regiones más ricas en recursos naturales y que han recibido enormes transferencias fiscales se ubiquen entre las que exhiben brechas sociales persistentes. Más aun, no tiene lógica exigir un mayor pago de tributos a las empresas mineras, cuando el Estado ha sido incapaz de utilizar la renta generada con eficiencia, transparencia y efectividad.

La responsabilidad en la prestación de educación y salud recae principalmente en los gobiernos subnacionales y estos no han logrado dotar de servicios de calidad a la población. Antes de empoderar aún más a las regiones como pretende el presidente Castillo, sería prioritario abordar las falencias de una descentralización incompleta que no ha logrado estar más cerca de los peruanos que con legitimidad se sienten marginados.

Desde el inicio de la bonanza de las materias primas en el 2004, la renta minera ha aportado una enorme cantidad de recursos presupuestales a los gobiernos regionales y locales por concepto de canon y regalías mineras.

En los últimos 15 años, se transfirieron recursos a las regiones productoras por S/64.000 millones.

Sin embargo, la deficiente ejecución presupuestal no ha permitido que estos recursos se traduzcan en un mayor bienestar ciudadano. La ejecución del canon minero de los gobiernos subnacionales no supera el 70% y se ha venido deteriorando en el caso de los gobiernos locales, pasando de 70,3% a 58,7% en la última década.

Más grave aún, las inversiones públicas financiadas por el canon minero no han tenido un impacto significativo en materia social. Un análisis desarrollado por Videnza Consultores concluye que una mayor asignación de canon per cápita no está correlacionada con mejores niveles de vida, tanto a nivel distrital como regional.

Es así como un mayor canon per cápita asignado a los distritos productores no está correlacionado con mayores niveles en variables como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la pobreza o el ingreso familiar promedio.

Donde sí se encuentra una correlación moderada positiva es en los indicadores de infraestructura, aunque esto no siempre se ha traducido en mejores servicios por deficiencias en su operación.

Desde su inicio hace cerca de dos décadas, la gestión de la regionalización ha adolecido de un déficit de liderazgo político a nivel del Gobierno nacional, discontinuidad en los programas de capacitación, limitada generación de capacidades y la ausencia de un sistema de seguimiento del proceso de descentralización.

Por su parte, la gestión de los proyectos de inversión pública financiados por el canon no ha tenido el impacto esperado por el déficit de personal calificado, la falta de planificación y visión de largo plazo, la limitada capacidad de gasto por la complejidad de los sistemas administrativos del Estado, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la incapacidad de la contraloría para intervenir oportunamente.

Esta problemática se ha acentuado más por la mal entendida autonomía en el uso de los recursos del canon y regalías que es utilizada por las autoridades subnacionales para ejercer mayor discrecionalidad en el manejo de recursos que consideran “propios”, y que rehúyen cualquier intento de reforma so pretexto de estar socavando su autonomía.

La agenda pendiente debiera priorizar el lograr un mayor impacto social en las zonas de influencia minera. Para ello se podría avanzar en ámbitos menos controversiales como i) fortalecer la planificación prospectiva del desarrollo territorial, articulando las intervenciones de los tres niveles de gobierno; ii) propiciar la migración a modelos de ejecución inversión pública más eficientes y transparentes; iii) redefinir el rol del sector privado yendo más allá de la construcción de la obra pública para enfocarse en la provisión de servicios de calidad; y iv) avanzar en el sistema de seguimiento y monitoreo del gasto público que haga más transparente la eficiencia del gasto creando incentivos para ejecutar mejor.

Para que todo esto suceda debe darse un diálogo al más alto nivel para reducir la resistencia al cambio ante la percepción de estar restándole autonomía a los gobiernos subnacionales. Así, se avanzaría en atender con efectividad las legítimas demandas de la población con acciones que pueden ser alcanzables y menos retórica y confrontación que hoy en día abundan.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 15 de agosto del 2021 en el diario El Comercio.

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Hay muchas materias económicas sobre las que existen debates con argumentos válidos de uno u otro lado, como el tamaño adecuado del Estado, el nivel de deuda pública, la carga tributaria, o los niveles de regulación deseables. Pero hay una materia sobre la que existe un amplio consenso entre economistas: la necesidad de un banco central independiente y profesional. Esto es aún más relevante en un caso como el peruano, dada su dramática historia de hiperinflación, un fantasma cuyo recuerdo hasta hoy nos acompaña.

Pero, ¿cuál es la razón de fondo de la importancia de un banco central independiente y profesional? Es simple: todo nuestro sistema monetario se basa en la confianza que genera la autoridad a cargo. Si hacemos un poco de historia, cuando empezaron a usarse monedas como medio de cambio, su valor estaba definido por sus características intrínsecas (su peso en plata u oro). Pero ya desde mediados del siglo XX prácticamente todo el mundo pasó a usar el llamado dinero “fiduciario”, es decir, dinero cuyo valor reposa en la certeza de que valdrá lo mismo mañana, sin que sea necesaria una cantidad de metal que lo respalde. Esto inevitablemente pasa por confiar en que el directorio del Banco Central hará un manejo prudente de las herramientas que tiene a su alcance.

Cuando esa confianza se rompe, es que la amenaza inflacionaria se desata. Pues, si todos creemos que nuestro dinero valdrá menos mañana, correremos a comprar bienes hoy, lo que efectivamente elevará los precios y así estaremos ante una profecía autocumplida. Lo mismo sucede con el tipo de cambio, que no es otra cosa que un precio más.

Una situación así debe ser evitada a toda costa. La inflación descontrolada es lo peor que le puede pasar a una economía. Nos expone al extremo de no saber cuánto valdrá nuestro salario mañana, o cuánto costará la canasta básica la próxima semana, o si seremos capaces de pagar nuestra deuda en dólares el próximo mes. Absolutamente todos perdemos ante una situación así, pero quienes más pierden son los más pobres, pues tienen menos mecanismos de protección –como la posesión de activos fijos o la posibilidad de colocar sus ahorros en el exterior–.

Esta realidad parece importarle poco al presidente Castillo, quien el martes canceló incomprensiblemente un encuentro con Julio Velarde –para reemplazarlo por una reunión con Virgilio Acuña, vocero oficioso de Antauro Humala–. Aunque el encuentro finalmente se concretó el viernes, el presidente sigue evitando dar mensajes contundentes sobre el futuro de esta institución, y permite que sus allegados –como Cerrón y Bellido– sigan sembrando dudas sobre la continuidad de Velarde en el BCR.

Castillo debería comprender que ninguna de las reivindicaciones sociales que aspira a conseguir será posible sin la base de una moneda estable, y en esta columna opinamos que la continuidad de Velarde contribuiría de manera decisiva a este fin. Más aun si un eventual relevo fuera seleccionado con los mismos paupérrimos estándares que este gobierno ha mostrado al definir puestos claves en el Ejecutivo.

Señor presidente, esta decisión no debería ser tan difícil.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 15 de agosto del 2021 en el diario Perú 21.

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