Sin embargo, la reciente investigación del Growth Lab titulada “Buscando virtudes en la lejanía: Recomendaciones de política para promover el crecimiento inclusivo y sostenible en Loreto, Perú”, revela que Loreto presenta una baja tendencia a diversificarse hacia industrias de conocimiento productivo similares a las existentes. Esto a pesar de tener los conocimientos y capacidades necesarios para impulsar un mayor dinamismo económico. Ello sugiere que existe una restricción que impide la diversificación. En particular, existen fallas de información, pues el sector privado no logra promover la aparición de nuevas empresas y la expansión del portafolio de inversiones de empresas existentes (Hausmann, y otros, 2020).

Si bien no existe una única solución a esta falla de coordinación, una propuesta que surge del estudio mencionado es, precisamente, fomentar la aparición de emprendimientos mediante un concurso que otorgue el cofinanciamiento necesario. Permitiría que el Estado cofinancie a empresas y emprendedores innovadores que pongan en valor los recursos naturales considerando las características específicas de la región. Por ejemplo, la dificultad para transportar mercadería.

Instrumentos de este tipo ya se vienen implementado en el país. De hecho, el mismo instrumento propuesto por el Growth Lab está basado en el concurso “Reto Bio”, lanzado por el Ministerio de la Producción a través del Programa Innóvate Perú. Su objetivo es promover el desarrollo de proyectos y negocios innovadores que pongan en valor los recursos naturales y su uso sostenible, mediante el desarrollo tecnológico y comercial mediante el cofinanciamiento de dichas iniciativas.

Otro instrumento similar es Procompite, del Ministerio de la Producción. Promueve el desarrollo productivo y territorial basado en una visión de mercado y en la incorporación de la innovación y la mejora tecnológica en zonas donde la inversión privada es insuficiente. Alineado con el concurso propuesto por el Growth Lab, plantea como objetivo contribuir a mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas. Esto mediante el fomento de iniciativas de negocios orientados a crear o mejorar capacidades de producción de bienes o servicios bajo condiciones competitivas, rentables, sostenibles y sin efectos ambientales negativos significativos.

Ambos instrumentos han logrado beneficiar a empresas y personas naturales. Reto Bio ha beneficiado a 70 proyectos de innovación y emprendimientos desde el 2016, con una inversión de más de S/ 13 millones de soles (Andina, 2019). Por su parte, hasta diciembre del 2020, Procompite había beneficiado a 5,280 micro y pequeñas empresas organizadas a nivel nacional y destinado S/ 1,006 millones para financiar 251 planes de negocios con Gobiernos regionales y con Gobiernos locales de 23 localidades (Ministerio de Producción, 2021).

Fomentar la innovación es fundamental para mejorar la competitividad. En el caso de Loreto, un fondo concursable puede ser lo que necesita para aumentar su diversificación. Sin embargo, es crucial que este mecanismo sea desarrollado recogiendo las características particulares de Loreto y su contexto.

Su diseño deberá involucrar no solo al Gobierno regional, sino también a las organizaciones ambientales y el Gobierno nacional. Incluso, su financiamiento podría contemplar a las organizaciones ambientales que trabajan en el Amazonas. De este modo, estas se asociarían no solo con la prevención y remediación de daños ambientales, sino también con la promoción de nuevos modelos de negocios y productos sustentables que generen riqueza y empleos productivos para la región.

Realizado por: Roxanna Vivar y María Alejandra Ormeño, investigadora principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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En este contexto, el Growth Lab de la Universidad de Harvard, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, elaboraron un estudio sobre las posibilidades de crecimiento inclusivo en Loreto. Determinaron que, en comparación con otras regiones, tiene una capacidad menor para solucionar las fallas de información y de coordinación en su proceso de autodescubrimiento. Tiende a diversificarse menos hacia industrias cercanas en términos de conocimiento productivo y no logra aprovechar al máximo sus capacidades.

El estudio determinó que, para poder solucionar esas fallas de coordinación, es necesario potenciar los mecanismos de interacción público-público y público-privados con la implementación de mesas ejecutivas regionales (MER). Se trata de grupos de trabajo temporales entre actores públicos y privados que permiten identificar cuellos de botella, priorizar problemas sectoriales, buscar soluciones de manera integral y dinámica, entre otros beneficios que se obtienen de contar con una coordinación adecuada. En el caso de Loreto, se recomienda comenzar con mesas para aquellas industrias identificadas como estratégicas: alimentarias y químicas, y turismo.

Cabe señalar que existen instrumentos de gestión comparables a las mesas ejecutivas regionales que ya se han implementado en Loreto en otros rubros y con otros fines. Se trata de las Mesas de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) y las Mesas de Control y Vigilancia Forestal y Fauna Silvestre (MRCVFFS). Las primeras fueron creadas en el 2001 para promover el diálogo entre el Estado, la sociedad civil y el sector público. Específicamente, buscan “sentar las bases de una política pública de largo plazo para enfrentar la situación de pobreza” (Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, s.f). Las segundas fueron creadas en el 2017 para reducir la deforestación y acciones ilegales que afectan la naturaleza (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021).

Los dos tipos de mesas lograron varios hitos. A nivel nacional, las MCLCP aportaron al proceso de descentralización con los planes de desarrollo concertado y presupuestos participativos, y al impulso a la transparencia en la gestión pública (Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, s.f). A nivel regional, contribuyeron en la atención de la emergencia sanitaria al facilitar coordinaciones para la donación de insumos y equipos (Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, 2020).

En cuanto a las MRCVFFS, el trabajo articulado multisectorial presentado en estas mesas ha beneficiado a las acciones forestales regionales, incluyendo la disminución de pérdida de bosques. Por ejemplo, al 2019, San Martín fue el departamento con mayor reducción de pérdida de bosques en el país: 48.3% menor pérdida con respecto al año anterior (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 2020).

En Loreto, la implementación de las mesas ha sido ventajosa. De hecho, logró ser uno de los primeros en instalar una MCLCP: en el 2003, era uno de los departamentos con mayor porcentaje de instalación de mesas provinciales y distritales (83.3% y 65.3% respectivamente). Algunas condiciones favorables para ello fueron la disposición de la población a participar activamente en la solución de sus problemas, contar con documentos de gestión clave para el desarrollo del sector ya implementados, y la presencia de instituciones con capacidad operativa (Congreso de la República, 2003).

La implementación de instrumentos similares a las MER ha mostrado ser exitosa en sus respectivos rubros, en diferentes experiencias en el país y también bajo las condiciones propias de Loreto. Por lo tanto, aplicar el MER en sectores potenciales como el turismo y las industrias alimentarias y químicas representa una oportunidad para mitigar las fallas de información y de coordinación en el desarrollo de Loreto. Permitirían potenciar un mayor desarrollo económico sostenible en la región.

Realizado por: María Alejandra Ormeño y Verónica Tello, analistas senior de Videnza Consultores

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Para alinear la visión de la autoridad de turno con estos objetivos de largo plazo, existen los documentos de gestión. Estos deben aportar herramientas, evidencia y estudios sólidos que permitan conocer claramente la situación actual, sus principales problemáticas y, sobre todo, contar con una visión consensuada sobre el futuro deseado para la región.

En noviembre último, el Gobierno Regional de Loreto inició el proceso de actualización de su Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) con una visión hasta el 2030. En este proceso es importante resaltar dos aspectos clave. El primero es la participación colectiva de representantes de la región. Un grupo ampliado colabora activamente proporcionando capacidades técnicas enfocadas en la generación de información y la propuesta del desarrollo de la visión futura. Participan, además de las entidades públicas, representantes de universidades, institutos especializados, la sociedad civil, organismos no gubernamentales, entre otros. Este involucramiento compromete a los actores con un objetivo común y favorece el logro de metas. Como insumo para elaborar el diagnóstico destaca el uso de documentos de alto nivel técnico como el “Reporte de recomendaciones de política: Hacia un Loreto más próspero”, del Growth Lab. Dicho estudio analiza los principales factores que inhiben el crecimiento en la región y propone recomendaciones enfocadas en el desarrollo sostenible.

Un segundo aspecto a considerar es el alineamiento con otros instrumentos de política económica en la región, de corto y mediano plazo, y con políticas nacionales. En el caso de Loreto, además del PDRC se tiene el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 (PEI) y el Plan Regional Exportador de Loreto (PEX). Estos documentos establecen objetivos y acciones específicas según sus ámbitos particulares. El PEI, enfocado en objetivos para un periodo mínimo de tres años, y el PEX, que identifica la oferta exportable y el potencial de Loreto para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Con estos diagnósticos, el desafío está en su implementación y adecuado seguimiento, pues involucran a actores y responsables específicos tanto a nivel regional como nacional.

Comprometer al sector privado también contribuirá hacia este objetivo. Se hacen necesarias reuniones fluidas, constantes y cuyo trabajo se organice alrededor de los sectores clave en la economía local. Aquí es donde cobran importancia los espacios de coordinación mediante mecanismos de gestión que favorezcan la interrelación de los distintos actores.

Desde los Gobiernos nacional y regional se han utilizado herramientas como las mesas de trabajo y las mesas ejecutivas, que tienen la ventaja de centrarse en un aspecto específico y reunir a todos los actores necesarios para la toma de decisiones. Precisamente, para superar este tipo de barreras, el Growth Lab recomienda implementar mesas temáticas, específicas a sectores productivos, que permitan resolver los cuellos de botella a los que se enfrentan. Será tarea del Gobierno regional definir y enfocar su uso según las necesidades y prioridades identificadas.

Ahora mismo, en el proceso de actualización del PDRC de Loreto es importante resaltar el uso de las herramientas disponibles, como informes técnicos generados por otros actores no públicos. Además, el involucramiento de representantes de distintos sectores motiva su participación en el proceso de ejecución. Prever ese tipo de mecanismos enfocados en mejorar la coordinación como parte integral del planeamiento derivará en PDRC con herramientas que sí ayuden a conseguir sus objetivos al 2030.

Realizado por: Roxanna Vivar, investigadora principal de Videnza Consultores

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En diciembre de 2020, el Growth Lab del Center for International Development de la Universidad de Harvard, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, realizó un estudio sobre las posibilidades de crecimiento inclusivo en Loreto. Concluyeron que Loreto no está aprovechando al máximo sus capacidades. ¿Qué lo impide?

Una de las barreras identificadas es lo que el Growth Lab denomina el autodescubrimiento; es decir, la capacidad de averiguar qué industrias tienen potencial en la región y, luego, asignar los insumos necesarios —públicos y privados— para efectivamente lograr su desarrollo. Ahora bien, identificado el problema, corresponde plantear una solución.

Una propuesta del estudio para superar esta barrera es la creación de una Oficina Descentralizada de Desarrollo Productivo. Esta deberá liderar la coordinación público-público y público-privada e integrar los planes y programas que ya existen en la región. Además, podría asumir el rol de promoción y atracción de inversiones. Una figura similar a esta propuesta, las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD), se ha venido implementando con éxito en diferentes localidades del país.

Las ARD funcionan como un mecanismo de coordinación intersectorial e intergubernamental. Buscan impulsar y fortalecer la competitividad de los territorios mediante la promoción de cadenas productivas priorizadas (PCM, 2019). Al ser espacios de diálogo y discusión entre los diferentes actores territoriales, involucran a representantes de los sectores público, privado, academia y de la sociedad civil organizada. Con ello, buscan potencian el desarrollo económico en cada territorio de la mano con la innovación y la garantía de sostenibilidad ambiental y social. Además, unir esfuerzos locales contribuirá a mejorar la competitividad regional. Esto deriva en menores desigualdades y una descentralización efectiva (El Peruano, 2021).

En 2018 se inició el proceso de implementación de las ARD en siete departamentos: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, San Martín y Piura. Y este año se están implementando otras cuatro agencias en Áncash, Huánuco, Tacna y Tumbes. La meta para fines de 2021 es contar con 12 ARD implementadas.

En 2019, las siete ARD ya implementadas lograron hitos relevantes: sensibilizar a los actores participantes sobre el concepto de la ARD; construir y desarrollar la gobernanza de la ARD; elaborar la Estrategia de Desarrollo de Innovación Regional (EDIR), y promover proyectos de inversión pública y privada en ejecución sobre la base de las EDIR.

Las ARD nos demuestran cómo la implementación de estos mecanismos institucionales puede adaptarse a los diferentes departamentos para enfocarse en sus necesidades y fomentar sectores específicos con el aporte de los diferentes actores. Consideramos que estas agencias, en las que se prioriza la articulación de actores estratégicos, deben replicarse en Loreto. La propuesta del Growth Lab justamente se alinea con el objetivo de establecer los canales de comunicación y fomentar actividades específicas que contribuyan al crecimiento sobre la base de criterios de sostenibilidad y de innovación. Sería un primer paso importante para encaminar a Loreto hacia un crecimiento sostenible.

Realizado por: Roxanna Vivar y María Alejandra Ormeño, investigadora principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Según el Índice de riesgo climático global, el Perú fue el tercer país más vulnerable en América del sur frente a los eventos vinculados al cambio climático en el periodo 1998-2018 (Ekckstein y otros, 2019). Además, en sectores como agricultura, los impactos del cambio climático generarían una potencial reducción en los ingresos de los productores de entre 8 y 13%, dependiendo de cuánto aumente la temperatura (Galindo y otros, 2015).

Hoy, las acciones tomadas para hacer frente a la COVID-19 han afectado nuestras finanzas públicas. El país ha debido priorizar estrategias y recursos para mitigar los efectos de la pandemia. Como consecuencia de ello, el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, revela que la deuda pública del Perú como porcentaje del PBI se incrementaría en 8.8 p.p. respecto a lo registrado en el 2019. Asimismo, según el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, el presupuesto del Estado por fuente de recursos ordinarios se reduciría en 15 p.p. respecto al 2020.

El sentido de urgencia y las decisiones políticas ante la emergencia medioambiental son aún insuficientes en América Latina (Bárcena y otros, 2020). En el Perú, el deterioro de las finanzas públicas debido a la pandemia deja poco espacio para hacer frente a los impactos del cambio climático. En un escenario normal, el país podría acceder a fondos no reembolsables y al financiamiento a través de bancos multilaterales o bilaterales, estos últimos estarían supeditados a la capacidad del Estado para reactivar la economía.

Por ello, surge como opción de financiamiento el acceso fondos climáticos no reembolsables. En el 2016, el Perú accedió a 15.98 millones de dólares provenientes de fondos climáticos. No obstante, esta cifra representó el 3.5% del total del financiamiento climático del país y el 3.6% de la cartera de fondos provenientes de fondos climáticos para América Latina y el Caribe ese mismo año (Samaniego & Schneider, 2019).

Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima (FVC) es una entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París. En el 2015 inició operaciones, al año siguiente financió su primer proyecto en el Perú y un segundo proyecto desarrollado en América Latina y África Subsahariana. El Perú también ha participado en programas de preparación para acceder a más recursos del fondo. Sin embargo, a la fecha se ha beneficiado menos de estos fondos en comparación a otros países de la región:

En este contexto de escasez de recursos, se vuelve más importante alinear las políticas de desarrollo nacional con las metas climáticas. Además, tomar acciones que puedan incorporar ambas emergencias como parte de las prioridades nacionales hacia un desarrollo sostenible.

El país tiene en los fondos climáticos una oportunidad de acceder a financiamiento no reembolsable que permita implementar proyectos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Aunque por su magnitud no serán suficientes para hacer frente a todos los compromisos que el Perú ha asumido la CMNUCC, estos fondos son una oportunidad de financiamiento que deberá utilizarse eficientemente. Por ejemplo, priorizando intervenciones que no solo generen un impacto positivo en el medioambiente, sino que tengan el potencial de reactivar la economía.

Por: Roxana Vivar y Mauricio Ibáñez, investigadora principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Este es solo uno de los comentarios –errores de ortografía respetados– que generó el post “Hablemos de igualdad”, que publicamos recientemente en nuestro blog del diario “Gestión”. Veamos otro más: “Que estudien ciencias duras, trabajen más horas como los hombres, que desarrollen masa muscular y hagan el mismo trabajo que un hombre. Asunto arreglado. Lo que buscan estas vagas, inútiles, deficientes, incompetentes, defectuosas, etc. Es vivir del Estado o ganar dinero facil”.

¿Qué proponía dicho texto que generó estas reacciones? Pues que necesitamos contar con fuentes de información confiables que permitan visibilizar las brechas entre hombres y mujeres para plantear políticas públicas eficientes basadas en la evidencia. Usando data del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el INEI y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, señalamos que en el Perú, en promedio, las mujeres ganan S/1.197 mensuales y los hombres S/1.797 mensuales. Es decir, ellas ganan el 66,6% de lo que ganan ellos.

El artículo precisaba, además, que esta brecha salarial puede ser explicada por diversos motivos –ninguno de los que, por cierto, trae consigo victimizar a las mujeres–. Entre ellos, que el 84,2% de las mujeres ocupadas lo hacen en sectores de baja productividad (agricultura, comercio, servicios), el 11,1% en sectores de productividad media (transporte, construcción y manufactura) y solo el 4,7% en sectores de productividad alta (minería, electricidad y actividades financieras). En el caso de los hombres, estas cifras son de 58,8%, 32,7% y 8,4%, respectivamente.

Otro comentario: “Estas son parte de las brutalidades de la ideología de género que no acepta que hombres y mujeres somos diferentes, aunque seamos iguales ante la ley”.

¿Por qué data objetiva como la expresada líneas arriba genera comentarios tan airados? ¿Por qué palabras como ‘igualdad’ y ‘género’ pueden causar tanto escozor?

En enero del 2018, la firma consultora McKinsey publicó el estudio “Delivering Through Diversity”, donde analizó la diversidad en más de mil empresas de 12 países, entendiendo esta como tener una mayor proporción de mujeres y una composición étnica y cultural más mixta en el liderazgo de las grandes empresas. Entre otras conclusiones, el estudio reveló que las compañías ubicadas en el primer cuartil en temas de diversidad de género entre sus equipos ejecutivos tienen un 21% más de probabilidades de experimentar una rentabilidad superior a la media que las empresas en el cuarto cuartil.

¿McKinsey se volvió una empresa feminazi? Dejemos los insultos de lado y entendamos de una buena vez que la igualdad de género no implica crear ventajas para las mujeres por su condición de serlo –acá no le estamos pidiendo favores a nadie–. La igualdad de género tampoco significa que mujeres y hombres seamos iguales. Lo que significa es que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de ambos no dependen de si nacen hombres o mujeres. Por eso es que la desigualdad de género sí es un problema. Y, sobre todo, es un problema de todos.

Las Naciones Unidas señala que la igualdad de género es importante porque mujeres y niñas representan la mitad de la población mundial y, por lo tanto, también la mitad de su potencial. Y que, independientemente de donde uno viva, la igualdad de género es un derecho humano fundamental. Pero, como a muchos estos términos no les dice nada, veamos cómo McKinsey afirma que la inclusión de mujeres en la vida laboral mejora la rentabilidad de las empresas. A ver si ahí sí empiezan a prestarle importancia a este tema. Triste, ¿no?

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Asimismo, la información brinda los insumos necesarios para la correcta formulación de políticas públicas basadas en evidencia y data rigurosa. Faculta al Estado para cruzar indicadores y focalizar políticas con miras a lograr una sociedad más inclusiva.

Resultan particularmente importantes diversas iniciativas nacionales y regionales que permiten hacer un seguimiento de indicadores relacionados con la desigualdad de género. En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su Observatorio Nacional de la Violencia Contra de las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, busca monitorear, recolectar, producir y sistematizar información sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos internacionales respecto a la violencia de género. La divide en seis indicadores: víctimas de feminicidio, trata de personas, desigualdad de género, personas que desarrollan SIDA, autonomía económica y embarazo adolescente.  Asimismo, desde el 2005 el INEI publica un informe de indicadores estadísticos con enfoque de género. Entre ellos están los sectores de educación, salud, cobertura de programas sociales, empleo e ingresos y acceso a internet.

En un nivel más macro, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe es una iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que analiza y visibiliza el cumplimiento de objetivos internacionales sobre la igualdad de género. Presenta indicadores relevantes para la región organizados en tres bloques: autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones y autonomía física.

A partir de estas fuentes de información identificamos diferencias importantes en el acceso a oportunidades entre hombres y mujeres, sobre todo a nivel laboral y educativo. Respecto al primer ámbito, resalta que en el área urbana (rural) el 61.8% (73.1%) de las mujeres están empleadas en comparación al 79.6% (89.2%) de los hombres, una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. En esa misma línea, el sueldo promedio de las mujeres es de S/ 1,197.4 mensuales, mientras que el de los hombres es de S/ 1,797.8 mensuales. Es decir, las mujeres ganan en promedio 66.6% de lo que ganan los hombres.

Esto último puede ser explicado por diversos motivos. Entre ellos, que el 84.2% de las mujeres ocupadas lo hacen en sectores de baja productividad (agricultura, comercio, servicios), el 11.1% en productividad media (transporte, construcción y manufactura) y solo el 4.7% en productividad alta (minería, electricidad y actividades financieras). En el caso de los hombres, estas cifras son de 58.8%, 32.7% y 8.4%, respectivamente. Finalmente, otra cifra que es importante de resaltar es que, en el 2016, el 31.5% de mujeres no contaba con ingresos propios, en contraste al 12% de los hombres.

A nivel educativo, en el 2016 el 73.8% de los hombres de 25 años o más en el Perú tenía al menos educación secundaria, en comparación con el 62.5% de las mujeres. Este 2018 vemos que en inicial hay 35.8% de mujeres respecto al 39.5% de hombres; en primaria, 41.7% en comparación a 43%; y en secundaria, 40.4% en contraste a 36.9%. Por otro lado, la tasa de analfabetismo en el 2016 fue de 9% para mujeres, tres veces más que la de los hombres (2.9%).

Todo lo anterior confirma la necesidad de que los hacedores de política cuenten con información que les permita formular iniciativas focalizadas e inclusivas. Solo así lograremos recortar las brechas y avanzar hacia un desarrollo con igualdad.

Realizado por: Gisele León Brandon, analista senior de Videnza Consultores

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Esta brecha continúa pese al importante esfuerzo público realizado en los últimos años para cerrarla. Así, durante el período 2006-2016 la cobertura de electrificación rural en viviendas casi se duplicó, al pasar de 40% a 79%. Un aspecto clave para lograrlo fue la asignación de recursos para la electrificación rural en la Ley General de Electrificación Rural emitida en el 2006.

Sin embargo, estadísticas del Banco Mundial al año 2014 muestran que el Perú está en desventaja en cuanto a acceso a electrificación rural en Latinoamérica, pues se ubica en el tercio inferior de 18 países analizados. Chile, Puerto Rico y Jamaica ya alcanzaron la cobertura universal, mientras que el Perú, con un acceso de 75% a electrificación rural, solo superaba a Bolivia, Panamá y Nicaragua. Peor aún, viendo los resultados en retrospectiva, en el 2014 recién alcanzó el nivel de cobertura que otros países ya habían logrado a mediados de la década de 1990.

Evolución de la cobertura de electrificación rural 1993-2014 (%)

Fuente: World Development Indicators, World Bank

Los objetivos mundiales al 2030 planteados por las Naciones Unidas han considerado de manera específica al acceso a electrificación. Así, la primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 propone “garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”. Hacia ello debe apuntar el Perú y para un horizonte de tiempo más corto.

Para lograrlo, el Gobierno deberá desarrollar una estrategia que considere que la estructura de costos de brindar atención a la población dispersa es cada vez mayor. Además, deberá asegurar el desarrollo institucional que permita la sostenibilidad de la gestión comercial. En la medida que el país enfrente con éxito estos desafíos, la población rural podrá acceder a energía eléctrica en sus hogares para que los niños puedan estudiar más horas al día, los adultos puedan incorporar algunos elementos de la modernidad, y los procesos productivos se puedan optimizar.

Realizado por: Milton von Hesse y Claudia Zavaleta, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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