Chávarry conversó con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional CNN. Arguyó que en el Perú “tenemos una prensa muy limitada como para llevar adelante nuestros comentarios e ideas”, afirmación que fue objetada por el entrevistador.

Al ser consultado sobre la exigencia, desde distintos sectores de la sociedad, de que deje el cargo dadas las investigaciones que se le siguen, replicó que eso sería aceptar su culpabilidad. Como sabemos, la Fiscalía Anticorrupción del Callao lo sindica –junto a otros once jueces, fiscales supremos y ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura– como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Del Rincón retrucó con claridad: “Dentro del ámbito de la justicia, y usted como administrador de justicia lo debe saber muy bien, no está en usted definir si forma o no parte de un grupo delincuencial. Está en manos de las autoridades que están llevando la investigación. Está en manos de aquellos que administran la justicia. Y el hecho de ser juez y parte puede complicar mucho las cosas”.

Finalmente, sobre el apoyo que recibió desde el chat La Botica de los congresistas de Fuerza Popular, el cuestionado funcionario señaló: “Me halaga porque me siento un hombre correcto”. En dichas conversaciones vimos cómo los parlamentarios opositores acordaron protegerlo, blindar al ex juez supremo César Hinostroza –presunto cabecilla de dicha organización criminal, hoy en Madrid–, y desprestigiar al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez –a cargo de la investigación de dicho partido político y su lideresa–.

Horas antes de la difusión de esta entrevista, el presidente de la República, Martín Vizcarra, conversó con la periodista Rosa María Palacios. El mandatario recordó que el 28 de julio presentó siete proyectos de ley para ser revisados y aprobados por el Congreso de la República como parte de la reforma de la administración de justicia. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen encarpetados. Insiste en que, además de su disposición a dialogar con la oposición, espera de ella acciones concretas.

Vizcarra también reveló que se reunió con el reconocido estratega empresarial Michael Porter. ¿Qué medidas urgentes recomendó el experto para mejorar la competitividad económica del país? Lucha contra la corrupción y mejora de los sistemas de administración de justicia, salud y educación. En ese orden.

Desde el Poder Ejecutivo se ha mostrado apoyo a las citadas investigaciones fiscales, mientras que fuerzas de oposición difunden absurdos rumores de un inminente golpe de Estado (¿?). El presidente Vizcarra ha reiterado que respeta la separación de poderes y que no tiene ninguna injerencia en la situación en la que está Keiko Fujimori –hay que ser justos en reconocer que el mérito de tremendo descalabro político corresponde enteramente a ella y su partido–.

Por nuestra parte, desde la sociedad civil debemos hacer explícito nuestro apoyo al equipo del fiscal José Domingo Pérez y al coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela Barba. Exijamos de una vez por todas el fortalecimiento del sistema de justicia y la identificación y retiro de los funcionarios corruptos.

En cuanto a la salud, el presidente se comprometió a reducir la anemia infantil al 20% para el 2021. Hoy, el 43,6% de niños menores de 36 meses la padece, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año pasado. Y agregó que están trabajando en una reforma de salud integral, fundamental para sacar un mejor partido al dinero invertido en sanidad. El enfoque de mejora de la atención primaria que está proponiendo el Ejecutivo vía las redes integradas de servicios de salud busca mantener a las personas más saludables mediante una atención centrada en el paciente y donde el contacto inicial ocurre en los establecimientos de salud del primer nivel.

No necesitamos aplausos protocolares; necesitamos poder avanzar en protocolos de salud que permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos. No requerimos de oposiciones políticas que blinden a controvertidos personajes. Requerimos de autoridades honestas que velen por el fortalecimiento de los poderes del Estado y permitan avanzar en reformas estructurales como la de salud. Es decir, pasar de La Botica a pensar en el bienestar de la población. Y eso implica, entre otras medidas, consolidar un sistema de boticas públicas eficientemente abastecidas con medicamentos de primer orden.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Esta precisión viene a colación a propósito del nombramiento del nuevo contralor de la República, Nelson Shack, pues un elemento central dentro de toda buena gestión es contar con instancias de control y fiscalización igualmente eficientes. El actual contralor tiene el reto de cambiarle la cara a la Contraloría y de hacer de ella una entidad que no solo vele por la legalidad de los procedimientos de gasto, sino también por la eficiencia del gasto público. El cómo hacerlo será, sin duda, el desafío más importante.

Por lo pronto ya ha adelantado que, dados los escándalos que llevaron a la destitución de su antecesor, reemplazará a todos los funcionarios de la alta y media dirección de la institución. Esto contribuirá a devolverle la credibilidad y prestigio afectados durante la gestión anterior y a encausarla hacia la que es su función orgánica: cautelar el buen uso de los recursos del Estado, sin que ello signifique interferir o paralizar la inversión pública.

Asimismo, Shack ha precisado que su gestión se enfocará en siete aspectos: aprobar una Nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control para reestructurar la Contraloría; impulsar la transformación digital del sistema de control; que los controles previos que efectúe la institución sean vinculantes; reforzar el control institucional regional y provincial con la creación de oficinas en todo el país; mejorar los mecanismos de coordinación entre los auditores y la sociedad civil para fortalecer la participación ciudadana en el control de los Gobiernos regionales y locales; realizar un control concurrente en las obras que se efectuarán como parte de la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero; y solicitar mayor presupuesto para poder implementar todas estas reformas. Si bien son metas ambiciosas, son medidas que necesita el país y que requerirán del apoyo de todo el aparato estatal, pero también de la sociedad civil.
Conozco a Nelson Shack desde cuando ambos éramos estudiantes universitarios, y en todos estos años he sido testigo de su destacada carrera. Por el lado profesional, Nelson tiene una importante experiencia en el Estado, habiéndose desempeñado, entre otros cargos, como director nacional del presupuesto público en el Ministerio de Economía y Finanzas y como director del Banco de la Nación. En el lado personal, es una persona ética, trabajadora y con un gran amor y dedicación por el Perú.

Su postulación fue, sin duda, un acierto del Gobierno, y es más auspicioso aún ver que la oposición aceptó dicha candidatura. Ha sido una gran noticia en este mes de celebraciones patrias. Desde Videnza Consultores queremos desearle el mayor de los éxitos en este nuevo reto profesional. Él, y el Perú, se lo merecen.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Cuando para el funcionario público y el ciudadano apelar a la corrupción es más fácil y más rentable que seguir los trámites regulares, estamos en problemas. Es cierto que para combatir la corrupción es necesario fortalecer los organismos de control dentro de las instituciones públicas; sin embargo, lo principal es velar por mecanismos que la eviten, tanto desde el Estado como desde la sociedad.

Para combatir esta corrupción instalada en la sociedad son fundamentales la simplificación administrativa y la adopción de medidas viables y eficientes que garanticen la transparencia en todos los ámbitos del servicio público. Flujos de trámites engorrosos llaman a la corrupción. En la medida que estos se simplifiquen y se fomente su digitalización para agilizarlos y para reducir el contacto directo con funcionarios (más aún si existe excesiva discrecionalidad en su accionar), se podrá prevenir la corrupción. Los procesos de toma de decisión gubernamentales opacos y alejados del escrutinio público claramente la fomentan.

Por ello, saludamos los avances del Gobierno en el tema con el primer paquete de medidas (DL 1246) que va justamente en esta dirección: elimina trámites “inútiles” en la solicitud de denuncia policial, antecedentes policiales y fija que las entidades estatales, al estar interconectadas y compartir una misma base de datos, solo podrán pedir una vez los documentos como DNI, antecedentes policiales o judiciales. Asimismo, los ciudadanos podrán realizar trámites administrativos como cobros de cheques o firmas personales incluso con el DNI vencido, y el certificado de discapacidad podrá obtenerse en cualquier centro de salud.

Complementariamente, es fundamental el impulso que el actual Gobierno le está dando a la formalización, pues la informalidad llama a la corrupción —de hecho, el no pagar impuestos es ya de por sí un acto de corrupción—. Un avance en dicho paquete de medidas es que las micro y pequeñas empresas ya no deberán inscribir los contratos con sus trabajadores y las capacitaciones de estos en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, sino a través de la planilla electrónica.

Al mismo tiempo, las sociedades que mejor han enfrentado la corrupción no son aquellas que implementaron controles desmedidos que llevan a tener un aparato estatal ineficiente al que se busca “sacarle la vuelta”. Con un Estado con leyes razonables y simplificadas, el triunfo contra la corrupción depende de la sociedad. Debemos desterrar concepciones como que el fin justifica los medios y que el éxito llega fácil y sin esfuerzo. Debemos ser absolutamente intolerantes con la mentira, indignarnos frente a las irregularidades y celebrar a quienes defienden y practican la probidad en su día a día. Y para lograrlo, todos los actores debemos involucrarnos: la familia, las escuelas, la empresa privada, los medios de comunicación, las iglesias, la sociedad civil, el Estado.

Finalmente, creemos que el Estado debería plantearse una clara política educativa de prevención de la corrupción que empiece desde la infancia. Si a los pequeños les transmitimos mensajes claros como “no a la coima”, “no a la mentira”, “no a la violencia”, “respetémonos todos”, estas ideas no solo tendrán un impacto positivo en sus vidas, sino en las de sus familias. Ya en los adolescentes estos mensajes no son tan efectivos, más aun cuando los adultos que los emiten no exhiben un comportamiento congruente con ellos. El adolescente busca adultos coherentes para hacerlos sus modelos de identidad.

Si bien es cierto que el Currículo Nacional (CN) vigente incorpora áreas curriculares que promueven los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia (con mayor definición en secundaria que en primaria), estos no deberían ceñirse a unas horas a la semana (entre 3 y 4, como indica el CN), sino estar presentes en cada momento de la enseñanza y con el ejemplo de todos los actores de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del colegio. Por ello, mensajes de respeto, justicia y bien común deben ser incorporados al interior de todas las escuelas o instituciones educativas como reglas de conducta institucionales.

En pocas palabras, la más efectiva lucha contra la corrupción comienza por la prevención a partir de la construcción de ciudadanía desde que somos pequeños, considerando un Estado que vea al ciudadano como un cliente y no como un delincuente.

Realizado por: María del Pilar Pinto, investigadora principal de Videnza Consultores

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Ugaz pone sobre la mesa un tema fundamental: el de la denuncia. El Estado tiene que ser capaz de implementar canales que permitan a los ciudadanos desvelar casos de corrupción que presencien o de los que sean víctimas, y sobre los cuales puedan aportar evidencias. Sea que la información se reciba vía correo electrónico, una plataforma web o una mesa de partes única, este sistema de recojo de denuncias debe contar con mecanismos efectivos de investigación y de respuesta.

Igualmente importante es proteger al ciudadano de posibles represalias. Por ello, se debería contemplar la confidencialidad en el proceso (es decir, que las personas afectadas no conozcan la identidad del denunciante) e incluso el anonimato, donde el órgano responsable de la investigación no conoce la identidad del denunciante.

En la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Gobierno ha implementado la línea *2580, que mantiene en secreto la identidad de quienes alertan sobre el paradero de delincuentes altamente peligrosos y permiten su captura. Esta misma lógica debe trasladarse al combate de la corrupción.

A raíz del caso Moreno, conocido por los peruanos gracias justamente a la denuncia de un ciudadano, el Ejecutivo ha tomado acciones concretas que celebramos, entre las que destacan la convocatoria a la reunión del Consejo de Estado (a la que, increíblemente, no acudió la presidenta del Congreso); la promulgación de la ley de “muerte civil” para los funcionarios públicos sentenciados por corrupción y la creación de la Comisión Presidencial de Integridad liderada por el exdefensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna. Este último ya ha anunciado que su labor se centrará en cinco grandes áreas, una de las cuales es, justamente, el fortalecimiento de la denuncia. Las otras cuatro son la mejora de los mecanismos de transparencia, los temas de conflictos de intereses, las contrataciones y adquisiciones del Estado y la impunidad frente a la corrupción.

Hay mucho por hacer, pero lo importante es tener clara la estrategia. Y esta debe involucrar, forzosamente, a toda la sociedad. La corrupción es un problema estructural que debe ser abordado integralmente por toda la ciudadanía, por lo que esos mismos canales de denuncia deberían ser adoptados por el sector privado y la sociedad civil.

Finalmente, de forma complementaria se debe atacar las causas de la corrupción, algunas de las cuales expone la periodista Ximena de la Quintana en su artículo “¿Por qué somos corruptos?”. Es un tema que nos comprometemos a abordar en una siguiente entrega.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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