Así lo explica Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo, a Gestión. “Tenemos claro que, en la medida de que se promueva más vivienda formal, las familias más vulnerables ya no serán ‘presa fácil’ de los aprovechadores. La única forma de evitarlo es incrementar nuestra oferta formal asequible”, señala el funcionario.

El costo de no atender esta problemática no solo agrandaría el déficit habitacional. Desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) subrayan que hay “mafias de terrenos operando” muy cerca al puerto de Chancay y el Parque Industrial de Ancón, lo que podría afectar el desarrollo de ambos proyectos.

Proyectos imanes

Tanto las zonas cercanas al puerto de Chancay como el Parque Industrial de Ancón se han convertido en objetivos para los invasores de terrenos, señala Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Ellos obliga a que el Estado refuerce sus labores de seguimiento a las obras que se realizan en torno a estos proyectos de infraestructura.

“Por su magnitud han generado una presión fuerte por las invasiones. Hablamos de mafias y seudo sindicatos. Si ocupan terrenos aledaños o vías de acceso a Chancay podría perjudicar estos megaproyectos. Hay que trabajar con la comunidades para generar un entorno de paz. No es fácil, pero peor es seguir como estamos: reaccionando tarde”, comenta a Gestión.

Consultado por esta problemática, Navarro confirmó que ya hay presencia de estos grupos en localidades cercanas a Chancay. “Estuvimos por Paramonga (Barranca), viendo la zona. Tenemos claro que estamos tarde como Estado, ya hay ocupaciones informales lamentablemente”, refiere el viceministro de Vivienda y Urbanismo.

Para evitar que se extienda, Navarro señala que ya tiene identificados terrenos en Ancón para promover vivienda formal mediante la modalidad Proyectos en Activos (PA). Aparte de ello, recordó que junto al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) vienen trabajando en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Lima Norte. De igual forma, reiteró que los PDU de las localidades de Chancay, Huaral y Aucallama estarán listos entre octubre y noviembre.

“El objetivo de definir la zonificación adecuada y cuáles serán los potenciales programadas de vivienda. Se requiere un enfoque integral, no solo proyectos públicos, por los tiempos que implican. Queremos que se presentan iniciativas privadas que incluyan agua y desagüe”, explica.

Este último punto es clave, ya que si bien Chancay no le compete a Sedapal, el movimiento de personas que generará el proyecto del puerto y las posibles invasiones, complicarían las labores de la empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y el cierre de la brecha de saneamiento.

“Chancay no está en nuestra jurisdicción, pero podemos apoyar con asistencia técnica. El Estado debe hacer políticas de contención, desgraciadamente no ha funcionado así. Nunca podremos llegar al 100% de cobertura, no por incapacidad, sino por el desorden (que generan las invasiones)”, afirma Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal.

Para Milton von Hesse, extitular del MVCS, si el Estado no contiene las invasiones en torno a Ancón y Chancay, podría repetirse lo que ocurrió con los predios cercanos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se modernizó la estructura en el segundo Gobierno de Alan García.

“Se pagó a los ocupantes, se fueron, pero llegaron otros a llenar su lugar. Recibieron la indemnización pero el Estado no tomo rápidamente posesión. Luego tuvieron que sacarlos. Es la tragedia de todo proyecto de infraestructura en Perú”, afirma el director de Videnza Consultores.

Plan en tres frentes

Navarro también explicó que bajo la estrategia de su sector para combatir las invasiones, publicarán cambios normativos en los reglamentos operativos del programa Techo Propio en las modalidades de construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva máximo a finales de marzo.

“Haremos más ágil la aprobación de expedientes. Los porcentajes de las garantías y coberturas se reducirán en otrno a la ejecución del proyecto para que no estén amarrados con una 110% de garantía hasta e l final de la obra. Les daremos liquidez, explica el viceministro.

De igual forma, el MVCS avanzará con la adjudicación de su cartera total de proyectos en activos, que asciende a 26 terrenos de 3,598 hectáreas totales y servirá para generar 186,374 viviendas en beneficio de al menos 745,302 peruanos. Según Navarro, ya hay tres iniciativas privadas en torno a estos espacios encaminados, sobre las que darán detalles más adelante.

Para la reubicación, el ministerio fortalecerá el bono Salvando Vidas, estrenando en noviembre inicialmente con el objetivo de ayudar a las familias damnificadas por el ciclón Yaku en 2023, método con el que Navarro asegura ya atendieron a todos los afectados.

“Este año tenemos previsto seguir con este programa más intensamente. Las municipalidades tienen la responsabilidad de declarar las zonas de riego no mitigables. Hecho eso, les ofrecemos opciones de vivienda formal disponible, que es básicamente la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Son opciones seguras, con servicios”, explica el viceministro.

Para von Hesse, el planteamiento del MVCS es bueno, pero deja pendiente otros frentes del asunto. Uno de ellos es fortalecer el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) que, segun el extitular del ministerio, ha pedido fuerza con la descentralización.

“Formalizaban directamente los lotes hasta que se les dio esa función a los municipios. Fue una tontería. Ya no titulan, solo capacitan y dan asistencia técnica. Se ha vuelto una entidad poco relevante”, asegura.

En esa línea, señala también que hace falta una política nacional en torno a las ocupaciones territoriales. “No tenemos un catastro unificado de propiedad predial. Esa función también es de los municipios. Por ley cada uno administra el territorio como quiere”, reclama Von Hesse.

Guido Valdivia señala que el MVCS debe articular su trabajo con el Ministerio del Interior (Mininter) y otras entidades pertinentes para evitar la extensión de las invasiones territoriales.

“Tiene un componente legal e institucional que no puede ignorarse. Hay mucha intromisión de estos intereses criminales en las autoridades, incluso en el Congreso hay personas que defienden esto”, reclama el vocero de Capeco.

Noticia publicada el martes 05 de marzo de 2024 en el Diario Gestión.

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Sobre estos y otros temas conversamos con Milton von Hesse, director de la consultora Videnza y ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien también señala que el ritmo de crecimiento de los programas sociales de vivienda –importantes actores del sector– no es el de años anteriores y que es necesario retomar para  fortalecer el crecimiento y el empleo. Luego de momentos muy duros para la construcción, ha llegado el momento de reanudar el camino del crecimiento, quizás 4% o 5% este año.

En primer lugar, ¿cómo evalúa las perspectivas del sector construcción?

Hay que tener en cuenta que existe una elevada la correlación entre evolución de la inversión minera y el sector construcción. La entrada en ejecución de un proyecto minero tiene un efecto mucho más grande que toda la construcción de viviendas en una década, en términos de impacto sobre el PBI.

Entonces, el retroceso en los precios de los commodities a partir de 2013 ha afectado a la construcción. Pero, con la recuperación en los precios que está aconteciendo las perspectivas son más alentadoras. De hecho, desde mediados de 2017 hay una tendencia optimista en el sector construcción.

Existen muchos proyectos de inversión, tanto públicos como privados, que no se han materializado y que ahora, en esta nueva etapa de gobierno, con el presidente Martín Vizcarra, esperemos que se ejecuten.

Faltan como 25 mil millones de soles que deben invertirse en la reconstrucción. Si se logra que este proceso sea eficiente sin duda va a ser un buen impulso para la economía. Si a ello se suma las inversiones alrededor de los Juegos Panamericanos, que ya deben de empezar a acelerarse, las perspectivas mejoran.

Sin embargo, hay indicios de manejos ineficaces como la descolmatación en Piura, que fue carísima y tremendamente ineficiente. Esta ejecución pública ha sido duramente criticada por todos.

Al margen de ello, si además mejora la confianza del sector privado se pueden descongelar algunas decisiones de inversión. Si eso ocurre, podríamos tener un crecimiento entre 4 y 5% del sector construcción este año. Si las cosas funcionan mejor, en un escenario optimista, la expansión podría llegar hasta el orden del 6%.

¿Y cómo observa el tema de la construcción de viviendas?

En lo que concierne a la vivienda social, este gobierno no le ha puesto mucho énfasis. El programa Mivivienda se crea al final del gobierno de Fujimori y toma mucho impulso en el gobierno de Toledo. En los gobierno de García y Humala, la tendencia se mantiene creciente. Sin embargo, ahora esa tendencia se ha revertido, por decisiones políticas, desde mi punto de vista, mal tomadas.

¿Cuánto se ha desacelerado la vivienda social?
Por ejemplo, respecto del programa Mivivienda, desde el año 2002 al 2005 tuvo una tendencia ascendente. En ese período se llegó a otorgar entre 8 y 9 mil créditos por año.

En el gobierno de Alan García se produjo un decrecimiento. El número de créditos se redujo, más o menos, en promedio, a cinco mil por año. Luego, en gobierno de Humala, entre 2011 y 2016, en promedio, se alcanzó aproximadamente los 10 mil créditos por año.

Este gobierno tomó, en un inicio, la decisión retirar el subsidio de los tramos más altos de los créditos Mivivienda. Más que el efecto en la economía global, esto generó un impacto negativo en las expectativas de los constructores. Como resultado, los créditos han pasado del orden de los 9 a 10 mil créditos por año a casi 7 mil.

¿Y cuál es la situación de Techo Propio, que es el otro programa de vivienda social?

En Techo Propio el panorama es peor. No hay que olvidar que éste es otro programa importante de política de vivienda del sector Vivienda y Construcción. No obstante, en lo que va del gobierno, queda claro que este programa no es prioridad.

Los desembolsos de los bonos familiares por año –que son subsidios a la vivienda y hoy están en el orden de los 20 mil soles aproximadamente–, hasta el gobierno de García, tenían un crecimiento constante, llegándose a superar los 20 mil bonos por año.

Pero, en 2015, en el gobierno de Humala se superaron los 50 mil bonos por año. En 2016 se redujo a 38 mil bonos por año, pero principalmente por lo que se había hecho durante la primera parte del año.

En adelante se ve con nitidez que este programa deja de ser prioritario en la política de vivienda, pues en 2017 solo se asignaron 25 mil bonos familiares que corresponde a la mitad de lo que se entregaba en el año 2015.

Si bien el sector vivienda no contribuye de forma muy importante al PBI, pero sí tiene un fuerte impacto en el empleo formal. Entonces, el sector vivienda no solo es importante porque mejora la calidad de vida de la población, sino que también absorbe bastante mano de obra. El programa Techo Propio absorbe mano de obra en zonas que generalmente son de bajos ingresos.

¿Cómo observa el panorama en lo que concierne al desarrollo de infraestructura en el país?

La corrupción ha afectado al segmento de infraestructura. Si bien la corrupción ha estado lamentablemente presente a lo largo de la vida republicana del Perú, en los últimos 15 años esto tuvo una mayor significancia, asociado a algunos proyectos grandes. En gran medida debido al modus operandi de empresas constructoras brasileras que recurrieron a pagos ilícitos para hacerse de determinadas concesiones e inversiones.

Pero hay que tener muy claro que las asociaciones público-privadas no son sinónimo de corrupción, como algunos señalan. La corrupción se ha centrado en proyectos de inversión en los que, por ejemplo, no participó ProInversión y en donde fueron dejados de lado, por decisión explícita de la autoridad política de turno, los sistemas regulares en los que participa la tecnocracia. Son obras donde se realizaron muchas adendas, se exoneraron del SNIP y de la ley de contrataciones y adquisiciones, es decir, no se respetó el marco normativo.

Ahí donde se respetó la institucionalidad, el marco normativo vigente y la opinión tecnocrática institucional, no se ha demostrado un solo caso de corrupción.

Por último, ¿cómo está afectando la corrupción al sector?

Ha ocasionado que las empresas grandes, las empresas tradicionales del Perú, se hayan reducido en número de manera muy significativa. Muchas veces ellas no han podido cumplir sus obligaciones, no solo con el sistema financiero, sino con el sector real, es decir, con otras empresas subcontratistas pequeñas que no tenían nada que ver con la corrupción. Eso se ha reflejado en los indicadores de desaceleración del sector y en un crecimiento por debajo del potencial.

Con los actores de mayor capacidad fuera de juego se ha puesto en riesgo la reconstrucción y las obras relacionadas a los Juegos Panamericanos. Para las empresas de mediana y baja capacidad va a ser muy difícil que puedan cumplir con los requisitos mínimos que se establecen en términos de facturación anual, cantidad de kilómetros construidos, etcétera. Es un problema que queda sin resolver.

Publicado en Construguía

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