Como ha anotado el experto en educación y exministro del sector Ricardo Cuenca, en 1984 el Estado Peruano aprobó una ley que, ante la falta de profesores, autorizaba a docentes sin título pedagógico a trabajar en zonas rurales y de frontera. Cuando en el 2007 se promulga la Ley de Carrera Pública Magisterial, el ingreso al magisterio se vuelve posible solo mediante concurso público.

En el 2014, el Ministerio de Educación (Minedu) realizó una evaluación excepcional de docentes nombrados sin título pedagógico. De los 14.863 interinos en ese momento, solo 546 ingresaron al servicio público. Desde entonces, los docentes retirados de la carrera buscaron su reposición, como explica Cuenca, “la mayoría de las veces en alianza con congresistas”.

Ahora, el Parlamento ha aprobado un proyecto de ley para reponer a esos más de catorce mil docentes retirados del magisterio. La autora principal de esta iniciativa es la congresista Katy Ugarte, siete veces desaprobada en dichas evaluaciones. Es decir, nuestro Congreso primero acabó con la reforma universitaria y ahora busca liquidar la reforma magisterial, siempre susceptible de ser mejorada. Por ejemplo, se podría complementar estas evaluaciones masivas con otras que determinen los méritos individuales de cada profesor y que estén a cargo de los alumnos, sus padres y los directores de los colegios. Lo que no podemos permitir es eliminar cualquier tipo de evaluación a los docentes y que el Parlamento continúe privilegiando intereses particulares y legislando contra los criterios y políticas del Minedu, el órgano especializado y rector de sector.

Si el Ejecutivo no cumple con observar esta ley, ¿cuántos de esos docentes volverán a las aulas tras diez años sin haber dictado? El Minedu está en la obligación de responder a esta pregunta.

Vayamos ahora al tema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), también muy peligroso. En el 2018, la JNJ reemplazó al entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Este último fue justificadamente disuelto tras el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto, que probó cómo los cargos de jueces y fiscales eran ofertados al mejor postor. Tras una reforma constitucional, votada en referéndum, se aprobó la creación de la JNJ que elige, ratifica y sanciona a todos los jueces y fiscales del país. Además, nombra a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Su fin es evitar que la justicia se politice.

El jueves último, el Congreso aprobó investigar a los siete miembros de la JNJ por, supuestamente, haber cometido faltas graves. ¿Cuáles son? La principal ha sido emitir un comunicado criticando la decisión del Parlamento de destituir a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, dado que no es una competencia técnica de le corresponde a dicha junta. Es decir, osar pedir a los congresistas respetar el orden constitucional y la separación de poderes, pues la JNJ es un organismo autónomo.

Como ha explicado Rosa María Palacios, si la JNJ es destituida, “durante unos seis meses no se investigará, no se nombrará ni se sancionará ni se ratificará a nadie en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hermanitos, ¡están salvados!”. Esto incluye impedir que la JNJ continúe investigando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos favores a su hermana jueza, aparentemente vinculada con un caso de narcotráfico, y por irregularidades en su tesis.

Remover a los miembros de la JNJ sin fundamento alguno será la consumación de la toma de poder desde el Legislativo, que luego buscará controlar el sistema judicial y electoral del país. Quienes nombrarán a la nueva junta están hoy aliados políticamente con el Congreso.

Nuestro Parlamento se está tirando abajo la democracia. A-sí-de-gra-ve. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Seguiremos en la absurda discusión “caviares-no caviares”, o entendemos de una buena vez que estamos terminando de destruir la poca institucionalidad que aún nos queda?

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Columna de opinión publicada en el Diario El Comercio

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Durante meses hemos sido testigos del debate entre la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y el Ministerio de Salud (Minsa) sobre cómo etiquetar alimentos y bebidas procesados. La primera defendía el semáforo nutricional (rojo, ámbar y verde); el segundo, los octógonos negros. La primera aprobó el semáforo; el segundo observó la ley. Tras reuniones de consenso entre ambas partes, el Congreso aprobó octógonos pero rojos. ¿Por qué tantas idas y vueltas? Porque al incluir este tema en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso le otorgó rango de ley cuando, por competencias, debía ser un asunto reglamentario que definiera el Minsa como ente rector especializado.

Más escandalosa ha sido la denuncia de textos escolares distribuidos en escuelas públicas que consideran una visión parcial de la época de violencia en el país entre los años 1980 y 2000 y contienen artículos que atentan contra la libertad sexual. Inicialmente, el Ministerio de Educación (Minedu) negó la presencia de “contenidos sesgados”, pero eso era ignorar al elefante en la sala.

Una explicación verosímil parece estar en el tuit de Con Mis Hijos No Te Metas que retuiteó el congresista no agrupado Julio Rosas: “Al parecer el MineduPeru no ha aprendido la lección. ¿Cuántos ministros tendrán que pasar hasta que entiendan la exigencia de los padres de familia?”. Es decir, o el ministro se porta bonito o lo sacamos. Y frente a esta amenaza, todo este escenario cobra sentido. Millones de soles del erario público destinados a promover una ideología, no a educar en diversidad. Son hechos que van más allá de la falta de control de calidad en materiales educativos. Revelan un enfoque que se buscó difundir y que, sorpresivamente, pasó todos los filtros en el Ministerio de Educación. Por fortuna, la actual gestión, con el respaldo del presidente de la República, ha ofrecido corregir este contenido.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Columna de opinión publicada el 09 de julio del 2018 en el diario El Comercio.

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