Como ha anotado el experto en educación y exministro del sector Ricardo Cuenca, en 1984 el Estado Peruano aprobó una ley que, ante la falta de profesores, autorizaba a docentes sin título pedagógico a trabajar en zonas rurales y de frontera. Cuando en el 2007 se promulga la Ley de Carrera Pública Magisterial, el ingreso al magisterio se vuelve posible solo mediante concurso público.

En el 2014, el Ministerio de Educación (Minedu) realizó una evaluación excepcional de docentes nombrados sin título pedagógico. De los 14.863 interinos en ese momento, solo 546 ingresaron al servicio público. Desde entonces, los docentes retirados de la carrera buscaron su reposición, como explica Cuenca, “la mayoría de las veces en alianza con congresistas”.

Ahora, el Parlamento ha aprobado un proyecto de ley para reponer a esos más de catorce mil docentes retirados del magisterio. La autora principal de esta iniciativa es la congresista Katy Ugarte, siete veces desaprobada en dichas evaluaciones. Es decir, nuestro Congreso primero acabó con la reforma universitaria y ahora busca liquidar la reforma magisterial, siempre susceptible de ser mejorada. Por ejemplo, se podría complementar estas evaluaciones masivas con otras que determinen los méritos individuales de cada profesor y que estén a cargo de los alumnos, sus padres y los directores de los colegios. Lo que no podemos permitir es eliminar cualquier tipo de evaluación a los docentes y que el Parlamento continúe privilegiando intereses particulares y legislando contra los criterios y políticas del Minedu, el órgano especializado y rector de sector.

Si el Ejecutivo no cumple con observar esta ley, ¿cuántos de esos docentes volverán a las aulas tras diez años sin haber dictado? El Minedu está en la obligación de responder a esta pregunta.

Vayamos ahora al tema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), también muy peligroso. En el 2018, la JNJ reemplazó al entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Este último fue justificadamente disuelto tras el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto, que probó cómo los cargos de jueces y fiscales eran ofertados al mejor postor. Tras una reforma constitucional, votada en referéndum, se aprobó la creación de la JNJ que elige, ratifica y sanciona a todos los jueces y fiscales del país. Además, nombra a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Su fin es evitar que la justicia se politice.

El jueves último, el Congreso aprobó investigar a los siete miembros de la JNJ por, supuestamente, haber cometido faltas graves. ¿Cuáles son? La principal ha sido emitir un comunicado criticando la decisión del Parlamento de destituir a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, dado que no es una competencia técnica de le corresponde a dicha junta. Es decir, osar pedir a los congresistas respetar el orden constitucional y la separación de poderes, pues la JNJ es un organismo autónomo.

Como ha explicado Rosa María Palacios, si la JNJ es destituida, “durante unos seis meses no se investigará, no se nombrará ni se sancionará ni se ratificará a nadie en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hermanitos, ¡están salvados!”. Esto incluye impedir que la JNJ continúe investigando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos favores a su hermana jueza, aparentemente vinculada con un caso de narcotráfico, y por irregularidades en su tesis.

Remover a los miembros de la JNJ sin fundamento alguno será la consumación de la toma de poder desde el Legislativo, que luego buscará controlar el sistema judicial y electoral del país. Quienes nombrarán a la nueva junta están hoy aliados políticamente con el Congreso.

Nuestro Parlamento se está tirando abajo la democracia. A-sí-de-gra-ve. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Seguiremos en la absurda discusión “caviares-no caviares”, o entendemos de una buena vez que estamos terminando de destruir la poca institucionalidad que aún nos queda?

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Columna de opinión publicada en el Diario El Comercio

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La vacuna contra el neumococo previene la neumonía y la meningitis. Se aplica en tres dosis, a los tres, cinco y 12 meses de edad. La cobertura de la vacunación contra el ­ neumococo en el Perú alcanzó una cobertura nacional del 93,794 en el 2018 y actualmente se ­ encuentra con una cobertura de 70,5%, la caída en la cobertura, producto de la pandemia, aún no se ha recuperado.

La vacuna contra el rotavirus protege contra las diarreas que pueden llevar a la deshidratación grave, lo que puede ocasionar la muerte, si no se trata a tiempo. Esta­ vacuna se aplica a los dos y cuatro meses de edad. En el 2018 la cobertura nacional alcanzó el 98,9% y a diciembre de 2022 llegó a 83,4%, como se desprende de los datos, aún no se recupera la ­ cobertura pre pandemia.

El Estado Peruano ha priorizado un paquete básico de servicios para todos los niños y niñas ­ menores de cinco años, priorizando en menores de un año la ­ aplicación de las vacunas contra el neumococo y rotavirus. Para ello se cuenta con una estrategia denominada Primero La infancia y tiene su principal componente en la articulación donde las autoridades locales y regionales tienen el liderazgo en su territorio, para cambiar esta realidad que no permite que los más pequeños se desarrollen integralmente.

En septiembre de 2022 se firmó el Pacto ­Político por la Gobernabilidad Regional y el ­ Desarrollo Humano Integral, Piura 2023 – 2026, el mismo que este 01 de marzo se ratificó por el gobernador regional. En este Pacto se ­identifica que en el componente desarrollo humano e inclusión social se asume el compromiso de darle mayor cobertura e inversión en los servicios de salud, sobre todo rural, priorizando entre otros a la primera infancia. Se señala expresamente que se priorizará a la primera infancia en la región garantizando el ­ crecimiento y el desarrollo integral de niños y niñas menores de cinco años de edad, por lo que la ­ vacunación forma parte de este Pacto. Saludamos el­ compromiso de la nueva autoridad regional y el liderazgo que genere con las autoridades locales para garantizar el Desarrollo Integral de los Niños y Niñas de Piura, lo que implica también el reto de llegar al 100% de infantes con vacunas completas.

Realizado por: Paola Bustamante Suárez, directora de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 02 de marzo del 2023 en el Tiempo Diario de Piura

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Sin embargo, el reto para este nuevo año, no sólo debe ser garantizar que se llegue a todos los peruanos y peruanas en condición de pobreza y pobreza extrema, sino seguir brindando los servicios con calidad y oportunidad e implementando, entre otras, las recomendaciones que se han identificado producto de las evaluaciones de continuidad realizadas a los Programas Sociales Cuna Más y Qali Warma.

En el caso del Programa Nacional CunaMás2, que cumplió diez años de creación éste 2022 y que busca revertir el bajo nivel de desarrollo infantil temprano de niños y niñas menores de 36 meses, tenemos algunos resultados y recomendaciones:

• Mantiene su vigencia y justifi cación, al estar además alineado con el ProgramaPresupuestal Orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PpoR DIT);
• Requiere actualizar sus costos unitarios para garantizar una mejor ejecución en los años siguientes;
• Reconoce que en un 81% se entrega de manera oportuna los servicios del Programa, tomando en cuenta la cadena de valor;
• El seguimiento y la evaluación se encuentran institucionalizados y buscanpermanentemente oportunidades de mejora; y,
• En cuanto al impacto y efectos sobre los niños y niñas menores de 36 meses, se confirma que sí genera efectos e impactos de manera positiva y significativa.

Por lo que uno de los temas centrales que debe retomar el MIDIS,implica el liderazgo para priorizar el Desarrollo Infantil Temprano conénfasis particular en la implementación de PpoR DIT, que se apruebenlos instrumentos necesarios para implementar dicho ProgramaPresupuestal y sobre todo involucrar a los Gobiernos Regionales yLocales que inician sus gestiones este 01 de enero.

En cuanto al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma3(PNAE Qali Warma), que también cumplió diez años de creación y quetiene el propósito de brindar un servicio alimentario de calidad,adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionando con lacomunidad, sostenible y saludable, para niñas y niños de nivel deeducación inicial, primaria, secundaria de pueblos indígenas, de jornadaescolar completa (JEC) y de atención diversificada (FAD), enInstituciones Educativas Públicas, tenemos algunos resultados yrecomendaciones:

• El Programa mantiene su justifi cación y vigencia, señalando que cuenta con muybuenos cimientos técnicos. Se recomienda ahondar en la priorización de la calidadnutricional para combatir problemas adyacentes como la carga de la malnutrición;
• En cuanto al objetivo de promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios de PNAEQW, se recomienda realizar un diagnóstico de la cadena de valor para incorporar este objetivo y revisar los indicadores de resultado y la disponibilidad de información para su medición y seguimiento;
• El Programa cuenta en un 98% con recursos para implementar sus actividades tanto para entrega de bienes y servicios comprometidos a nivel nacional. Y dispone de un sistema de información que identifica las necesidades de recursos para que la operación se desarrolle en las mejores condiciones.
• La valoración en cuanto a sus procesos es de 87,5%, revelando defi ciencias en lainfraestructura y equipamiento para la preparación de los alimentos en lasInstituciones Educativas, así como algunos retos en el desarrollo de los procesos delPrograma, ya que se reconoce que realizan mejoras continuas a sus procesos y a laprovisión del servicio alimentario.
• En cuanto a la aceptabilidad de los productos que se entregan, se identifi caronalgunas difi cultades, sobre todo en la modalidad raciones, por lo que se recomiendarealizar pilotos encaminados a mejorar la aceptabilidad de los alimentos.
• En seguimiento y evaluación se destaca que el PNAEQW cuenta con un sistema deinformación y personal asignado que permite realizar el seguimiento a losindicadores establecidos para la gestión.
• Finalmente, en cuanto a efectos e impactos, las evaluaciones de impacto realizadasmuestran que sí se tienen resultados positivos.

Los retos para el PNAEQW implican implementar las recomendaciones realizadas, donde el liderazgo del MIDIS vuelve a ser fundamental, el PNAEQW no puede fortalecerse si una alianza estratégica con el MINEDU, habiéndose perdido en los últimos años, es necesario retomar esa alianza, que la alimentación escolar forme parte nuevamente de las directivas del buen inicio del año escolar y que toda la comunidad educativa se comprometa a que los niños, niñas y adolescentes, que reciben los alimentos, los consuman en la escuela, esto último no se ha implementado por la pandemia, pero para este nuevo año escolar es imperativo que se retome y así garantizar que los objetivos del Programa se puedan medir en las Instituciones Educativas.
Finalmente, hay mucho por analizar en cuanto inclusión social, políticas y programas. Sin embargo. cierro esta columna afirmando que en estos 11 años de vida del MIDIS, han intentado sin éxito usar los programas sociales con fines políticos, la presidenta Dina Boluarte debe garantizar que el MIDIS y sus programas sociales no serán usados con fines políticos, la sociedad en su conjunto debe estar vigilante para que ello no suceda.

Realizado por: Paola Bustamante, directora de de Videnza
Columna de opinión publicada el 03 de enero en el diario Gestión.

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No obstante, parece que esta última no llegara a aquilatar la verdadera dimensión de la crisis. La muestra más grande de desconexión e indolencia la tuvimos el viernes, cuando el dictamen de adelanto de elecciones fracasó luego de reunir el apoyo de solo 49 legisladores. Una soberana mezquindad.

Ya antes del intento de golpe de Castillo, el adelanto de elecciones era un clamor mayoritario, pero, luego de este, el adelanto es un consenso ciudadano, algo sumamente inusual en la vida pública peruana. Es inaceptable que el Legislativo –poder que por definición está llamado a representar a la ciudadanía– dé la espalda de manera tan grosera a la inequívoca voluntad popular.

Los argumentos para rechazar esta medida, tanto desde la izquierda como la derecha, son descaradamente distanciados de las reales prioridades y urgencias de los peruanos. Por su parte, la izquierda (Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático, Perú Bicentenario) se resiste porque insiste en que el adelanto de elecciones debe venir acompañado por una Asamblea Constituyente. Una verdadera cantaleta. Habría que recordarle que mientras el adelanto es un consenso, solo el 7% de peruanos ve la Constituyente como una prioridad (Ipsos, mayo de 2022).

Por otro lado, desde la derecha, Avanza País insiste en que no debe haber adelanto sin reforma electoral. ¿Alguien podría creer que este Congreso, cuya vocación ha sido más bien la contrarreforma en la educación y el transporte, podría producir una reforma política aceptable en pocos meses? Ya tuvo año y medio, y lejos de avanzar, se retrocedió. Por ejemplo, las elecciones primarias que ya estaban aprobadas para los comicios regionales y locales de este año fueron suspendidas por el propio Parlamento.

Por supuesto que profundas reformas son necesarias (bicameralidad, redefinición de circunscripciones, elecciones de término medio, etc.), pero usar este argumento para bloquear el adelanto es, cuando menos, ingenuo y más bien suena a excusa.

Más a la derecha, los argumentos de Renovación Popular son aún más inaceptables. Su razonamiento, que ha sido planteado con claridad por los congresistas Montoya y Cueto, se puede resumir en la frase “la culpa es de Castillo y no del Congreso, ¿por qué nos vamos a ir?”, una lógica francamente infantil. Es evidente que el golpe lo produjo el aspirante a tirano de Castillo, pero acá de lo que se trata es de resolver una crisis y evitar más muertes. Eso requiere un mínimo de desprendimiento y humildad, valores claramente escasos en el primer poder del Estado.

Finalmente, una mención aparte merecen los 25 legisladores que se abstuvieron en esta crítica votación. En circunstancias como esta, la neutralidad es la peor de las posturas por cobarde e indolente. A estos señores los elegimos para decidir. ¿Dónde están ahora?

Nota al pie: cada hora que pasa parece más evidente que el premier Angulo no tiene idea de dónde está parado. Fue insólito ver cómo, en los últimos dos días, mientras el Perú se desangra, ha dedicado tiempo a reuniones con el “Grupo de Universitarios Voluntarios de la Iglesia de Dios”, los “past decanos de los colegios de Notarios, Marinos Mercantes y Arquitectos” y el Colegio de Abogados de Lima. ¿Seguirá acaso sin ver noticias? Un cambio se cae de maduro.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 18 de diciembre de 2022 en el diario Perú21.

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Cierto es también que Boluarte formó parte desde 2018 de Perú Libre, proyecto radical de Vladimir Cerrón, y que presuntamente participó en el esquema para desviar fondos del Gobierno Regional de Junín a la campaña de Castillo, un tema que debe ser investigado. Pero, hechas las sumas y restas, existen razones para un cauto optimismo si consideramos el desastre que ha sido la presidencia del hoy preso Pedro Castillo.

El reto ahora es recuperar el tiempo perdido tras año y medio de improvisación y asalto al erario público. Por ello, acá me permito señalar algunos de los elementos que, a mi juicio, deberían ser prioridad para la nueva administración presidencial, con énfasis en la recuperación económica:

1. Confianza: el elemento fundamental para reactivar la economía es restaurar la confianza para invertir y consumir. Sin ello no habrá nada. El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por Apoyo Consultoría e Ipsos está en sus niveles más bajos de las últimas dos décadas. ¿Cómo revertir esta situación? Acciones tan sencillas como renunciar al proyecto de Asamblea Constituyente o anunciar que se respetarán los contratos del Estado harían una diferencia. La designación en el MEF de Alex Contreras, profesional técnico con 12 años de formación en el Banco Central de Reserva, es un buen primer paso.

2. Recapitalizar el Estado: uno de los legados más tristes de la época Castillo es la fuga de talentos que se ha producido en el aparato público. Muchísimos funcionarios preparados y decentes se vieron obligados a renunciar para no ponerse a las órdenes de improvisados e inescrupulosos. Para recuperar el capital humano, además de designar ministros competentes que atraigan a otros profesionales calificados, es necesario acabar con el cuoteo partidario y amical que ha sido la norma de la administración Castillo. Además, es imperante defender a Servir, que durante la administración Castillo fue objeto de diversos intentos para disminuir sus atribuciones y competencias.

3. Agenda-19: La nueva administración debe descartar de plano la agenda que fuera planteada por el exministro Iber Maraví en materia laboral. Esta propone medidas anacrónicas, como la prohibición de la tercerización laboral, la derogación de la suspensión perfecta, reposiciones arbitrarias, y cambios en las normas de negociación colectiva que solo contribuirían a elevar los niveles de informalidad.

4. El rol del MEF: el Ministerio de Economía debe recuperar su rol de articulador de políticas públicas. A lo largo del gobierno de Castillo vimos repetidas instancias en las que el MEF defendía una posición y los ministros sectoriales iban por el camino exactamente opuesto. Se vio en sectores como Trabajo, Energía y Minas o Salud. Debemos exigir un mínimo de coherencia en el gabinete.

Finalmente –decirlo debería estar de más– nada de esto tendrá importancia si en esta nueva etapa el Ejecutivo no muestra un decidido compromiso de luchar contra la corrupción, el principal problema que lacera nuestro Estado y vida como país.

El Perú ha superado crisis aún más profundas. Pongamos todos de nuestra parte para salir de esta.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 11 de diciembre de 2022 en el diario Perú21.

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Esta semana se ha producido un hecho que confirma esta tendencia de la manera más grosera, ahora en el Fonafe, fondo que agrupa a 35 empresas públicas, entre ellas Sedapal, Electroperú y Corpac. Lorena Masías, destacada profesional que antes ha estado a la cabeza de la Sunedu, Agrobanco, la vicepresidencia de Indecopi y la superintendencia adjunta de la SBS, tuvo que dejar el cargo luego de las presiones del Ejecutivo. ¿La razón? Haberse opuesto a la designación de allegados de la cúpula presidencial en gerencias y directorios de las empresas que conforman este fondo.

Se sabe que existen presiones para que quien suceda a Masías sea nada menos que Luis Barrenzuela, exministro del Interior recordado por organizar una jarana criolla en su casa en plena prohibición por la emergencia sanitaria (prohibición que el sector que encabezaba estaba llamado a vigilar). Antes de ser ministro, Barrenzuela fue dado de baja de la Policía Nacional del Perú por medidas disciplinarias. Durante su paso por esta institución, acumuló 158 amonestaciones. A ello se suma la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque por presuntamente prestar servicios fantasma por más de S/200,000 en el caso de la azucarera Tumán. Una verdadera joyita. ¿Cuál es su virtud? Su cercanía con Vladimir Cerrón y Guido Bellido, de quienes ha sido abogado personal.

Es previsible que, de tomar Barrenzuela –u otro de su calaña– las riendas del Fonafe, se produzca una repartija de cargos en las 35 empresas que lo conforman. Un auténtico botín considerando que los ingresos de las mismas superan los S/20,000 millones. De concretarse, lo más probable es que más de una de estas empresas corra la suerte de PetroPerú, cuyos manejos políticos la han puesto al borde de la quiebra. Hoy la petrolera estatal acumula una deuda que cuadruplica su patrimonio, y en octubre tuvo que recibir un rescate de S/4,000 millones por parte del MEF a manera de inyección de capital. Una factura que pagamos todos.

Es lamentable que el ministro Kurt Burneo, de cuyo sector depende el Fonafe, haya optado por no defender sus fueros. Todo indicaría que en esta oportunidad ha preferido elegir otras batallas, como la del presupuesto que se libró en el Congreso esta semana. A quienes también les correspondería frenar este despropósito es a los integrantes de la oposición en el Congreso de la República, cuyas batallas por una vacancia o suspensión –hoy francamente lejanas– parecieran distraerlos de las tareas fundamentales de fiscalización a este Ejecutivo inepto y con graves indicios de corrupción.

Punto aparte: esta situación debería llevarnos también a la reflexión sobre el rol empresarial del Estado. ¿Hace sentido que el Estado posea empresas en sectores como la electrificación, infraestructura aeroportuaria, hidrocarburos o generación eléctrica, los que el sector privado puede perfectamente atender? ¿No atenta claramente esto contra el principio de subsidiariedad? ¿No es demasiado alto el riesgo de la politización y utilización de puestos para el pago de prebendas? La evidencia abunda.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 04 de diciembre de 2022 en el diario Perú21.

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En esta ocasión en particular, los comicios serán también claves para la política interna del Partido Republicano, en el que el expresidente Donald Trump continúa como principal líder y se perfila como candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Un buen desempeño de los republicanos será también una confirmación de fortaleza para el liderazgo de Trump, más aún cuando muchos de los candidatos al Senado son allegados al expresidente y han recibido su endoso expreso. Por otro lado, un desempeño pobre podría poner en tela de juicio su nominación en dos años.

Así, aunque ellos no aparezcan en la cédula, esta elección es también un desafío entre Trump y Biden, y es por eso que ambos intervienen decididamente en la campaña. De hecho, esta semana Biden realizó una gira proselitista por los estados de Colorado, California y Oregon, en los que se disputan algunas de las curules más reñidas en la contienda senatorial.

El presidente en funciones sabe lo mucho que está en juego el 8 de noviembre en que se realizarán las elecciones, pues su partido busca mantener el control tanto de la Cámara Baja como del Senado, algo clave para asegurar la implementación de políticas promovidas por su administración. No obstante, resulta improbable que lo logre en la Cámara Baja, donde –según las últimas encuestas– una mayoría republicana parece asomarse. Los prospectos son mejores para el Senado, pues, según los sondeos, los demócratas podrían incluso sumar más sitios de los que poseen ahora, algo que no ha conseguido ningún presidente en elecciones de medio mandato desde John F. Kennedy.

Por el lado demócrata, el foco de la estrategia de campaña está centrada en la promoción y defensa de los logros de la administración Biden, principalmente en los ámbitos de infraestructura, cambio climático, pobreza infantil y control de armas (un tema central y profundamente polémico en la política norteamericana). Por el lado republicano, el foco viene siendo el ataque al gobierno principalmente en dos frentes: los altos niveles de inflación –que supera el 8% en el último año– y la persistente crisis migratoria, un ámbito en el que la administración demócrata ha avanzado poco.

Además de la importancia del proceso para que la administración Biden pueda continuar implementando su agenda legislativa hasta 2024, los resultados de estos comicios serán determinantes en la capacidad del presidente para buscar la reelección en dos años. Dada su avanzada edad (es por lejos el mandatario más anciano en haber asumido el cargo en la historia), y la caída sostenida que viene experimentando su popularidad desde que asumió, un resultado adverso podría poner fin a sus aspiraciones de continuidad.

Pase lo que pase el 8 de noviembre, lo que queda claro es que la aguda polarización que se instauró desde la campaña presidencial de 2016 seguirá siendo el rasgo definitorio de la política norteamericana.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 16 de octubre de 2022 en el diario Perú21.

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Durante el presente año, de acuerdo a la Consulta Amigable del MEF, la explotación minera formal ha generado para los gobiernos regionales y locales recursos por casi S/10.000 millones que les fueron transferidos para ejecutar principalmente proyectos de inversión pública orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Dicho monto generado por la minería fue el más alto registrado al menos desde el 2007, habiéndose transferido desde entonces más de S/75.000 millones.

Estos importantes recursos transferidos a los gobiernos subnacionales han beneficiado más a aquellos gobiernos regionales y locales en cuyos territorios se ubican los principales yacimientos mineros del país explotados por empresas formales. Así, por ejemplo, los distritos que más canon y regalías recibieron en el período 2006-2021 fueron San Marcos en Áncash (Antamina), Ilabaya en Tacna (Southern Perú), Cerro Colorado en Arequipa (que se beneficia por las explotaciones de Cerro Verde, Buenaventura, Ares y Minera Batea), Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en Tacna (Southern Perú y Minsur) y Torata en Moquegua (Southern Perú-Cuajone). En el caso del distrito de San Marcos, que ha sido el mayor beneficiado, recibió en ese período el equivalente a más de S/600.000 por hogar, monto que hubiera sido más que suficiente para sacar a toda su población de situación de pobreza.

La pregunta que corresponde hacer es: ¿cómo le fue a la población que habita en estos distritos y territorios que más se beneficiaron de las rentas generadas por la minería comparado con el resto del país? En un estudio elaborado por Videnza Consultores se identificaron 10 distritos que más rentas provenientes de la minería recibieron en los últimos cinco años. Estos se ubican, principalmente, en las regiones de Áncash, Moquegua, Tacna, Cusco y Arequipa.

Para cada uno de ellos se presentaron dos tipos de indicadores: acceso a servicios (que son aquellos que nos muestran qué porcentaje de la población de dicho distrito tiene acceso a ciertos servicios básicos, como agua e Internet), y algunos indicadores sociales, como pobreza y anemia (que se refieren a qué porcentaje de la población está contenida en dichos atributos).

Lo que se muestra, en resumen, es que aquellos distritos con muchos recursos generados por la minería tuvieron, salvo las excepciones de San Marcos y Chavín de Huántar (ambos en Áncash), mayor acceso que el promedio de distritos del país. El acceso al agua potable en los domicilios es la brecha pendiente para cuatro de los 10 distritos analizados.

Respecto a los indicadores sociales, ocurre algo similar: seis de 10 distritos de altos ingresos se ubican con tasas de anemia superiores al promedio del país, mientras que tres distritos registran un logro educativo bajo también respecto del promedio de distritos en el país. Llama la atención particularmente el distrito de Chavín de Huántar, cuya situación de logros en términos de acceso a servicios así como de indicadores de educación y salud se encuentran mayoritariamente en el segmento inferior, a pesar de ser uno de los que más dinero de la minería recibe.

En otro estudio econométrico más amplio realizado hace unos meses, también por Videnza Consultores a solicitud de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el que se analizó la eficiencia del gasto de todos los distritos que reciben rentas de la minería y se compararon con los que no reciben dichos recursos, se encontró que si bien había una diferencia pequeña y significativa estadísticamente respecto a acceso a infraestructura, es decir, se construían escuelas, centros de salud o sistemas de agua y saneamiento más cerca de la población, cuando se medía si dichas infraestructuras contribuían a tener personas más sanas, niños mejor educados o agua desinfectada en los hogares, no había ninguna diferencia versus los distritos que no las reciben. A partir de ahí, tampoco se encontraron diferencias significativas respecto a indicadores de bienestar como, por ejemplo, índice de desarrollo humano, ingresos de los hogares, nivel de pobreza y esperanza de vida al nacer.

¿Por qué no hace la diferencia para fines de mejorar el bienestar de la población de los distritos mineros tener mucho dinero o tener poco dinero para invertir en proyectos? En primer lugar, porque no existen visiones de desarrollo territoriales en los distritos (tampoco en las provincias ni en los gobiernos regionales) que los lleve a priorizar aquellas intervenciones que impactan más decididamente en la calidad de vida de la gente. Así, por ejemplo, desde el 2008 en adelante, dentro de los tres rubros de gasto más importantes registrados con recursos de la minería se encuentran la realización de estudios de preinversión en San Marcos (Áncash), la administración de la deuda interna en Ilabaya (Tacna) y la ampliación y equipamiento del estadio municipal en Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (Tacna).

En segundo lugar, queda claro también que la combinación de personal público muy poco calificado con las tareas complejas que demandan los sistemas administrativos del Estado llevan a retrasos y malas ejecuciones. Según evaluaciones realizadas en la última década por Servir, se encuentra que apenas el 2% de los funcionarios a escala nacional que desarrollan la función de planeamiento en las entidades de Gobierno de los tres niveles tienen las capacidades adecuadas para desempeñar dicha función. En el caso de los que se encargan de la inversión pública y de las tareas presupuestales, dicho porcentaje es de 1% y 9%, respectivamente.

La tercera razón es la falta de transparencia y la corrupción alrededor del manejo de los recursos públicos. Es por ello que en aquellos gobiernos regionales y municipios que manejan la mayor cantidad de recursos son aquellos que registran la mayor cantidad de autoridades (gobernadores, alcaldes y altos funcionarios) procesadas y sentenciadas a escala nacional, siendo probablemente el caso de la región Áncash el más paradigmático. En cuarto lugar, la visión de la inversión centrada solo en la construcción de infraestructura y no en la provisión de servicios a los ciudadanos nos hace confiar en modelos de gestión obsoletos y caducos en al menos sectores tan importantes como salud, educación, y agua y saneamiento que no garantizan una calidad mínima de dichos servicios. Por esta razón, no solo la calidad de los servicios es mala a escala de América Latina y el mundo, sino que muchas veces su continuidad se ve interrumpida por la escasez de recursos para la operación y mantenimiento producto de modelos de gestión inadecuados y de la mala planificación presupuestal.

Es imperativo profesionalizar la gestión pública a partir de la carrera meritocrática, planificar el desarrollo de las regiones a partir de una visión estratégica de largo plazo para evitar la selección y ejecución de proyectos desarticulados, migrar hacia modelos de ejecución más eficientes y transparentes (PEIP, OXI, APP, compra de servicios), y dejar de lado la práctica frecuente de administración directa a escala de municipios que es la que más problemas y abandono de obras generan. Además, centrar la atención en la provisión de servicios y no solo en la infraestructura (modelos de gestión), y finalmente incentivar la participación del sector privado más allá de la construcción de la obra.

Realizado por: Milton von Hesse, director de Videnza
Columna de opinión publicada el 02 de octubre de 2022 en el diario El Comercio.

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El responsable político que debería responder por el caso de Colchado es claramente el ministro Willy Huerta. Este ha argumentado que se enteró de la decisión luego de que fuera tomada por el director general de Inteligencia del Mininter y que pidió su reversión, una versión francamente inverosímil dada la importancia del cargo que ocupa Colchado. Más aún cuando, a fines de agosto, fue la propia defensa legal de Castillo la que pidió la salida del coronel y presentó una denuncia en su contra a través del abogado presidencial Eduardo Pachas. Que no nos vengan con cuentos.

Por estas razones, los argumentos sobraban para censurar al ministro Huerta el pasado viernes en el Congreso. No obstante, solo 55 congresistas apoyaron la moción. No es de sorprender que se hayan opuesto los integrantes de Perú Libre y sus aliados (Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario), pero francamente indigna que sean congresistas supuestamente de oposición los que hayan terminado salvando a Huerta. Este es el caso de los integrantes de Acción Popular y Podemos Perú, cuya mayoría de integrantes votó en contra o se abstuvo.

Cuando más se necesita una oposición real, que haga un contrapeso al Ejecutivo y fiscalice la rampante corrupción e incompetencia de la que somos testigos, lo que tenemos es a un Parlamento que más bien termina siendo un aliado. Una oposición que no pasa de las intervenciones airadas en el Pleno y los medios, pero que, cuando llega el momento de las votaciones, se pone de costado. Algo que podemos llamar “fiscalización teatral”.

Así las cosas, lo más probable es que sigamos con Castillo hasta 2026 y quién sabe más.

POCA ALEGRÍA

Ya se ha dicho mucho sobre las gravísimas y aterradoras denuncias por maltrato físico y sexual que pesan sobre el candidato a la alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. Acusaciones que deben investigarse y, de confirmarse, recibir una sanción ejemplar. Pero se ha hablado menos de la manera tan lamentable en que el candidato ha manejado la denuncia.

Me ha llamado particularmente la atención cómo alguien puede decir que su hijo de 22 años “se ha vendido a tanta gente rastrera”, o que “le habrán dado sus 100,000 euros por decir que sí me denunció”. ¿No tiene un padre una buena cuota de responsabilidad por los actos de un hijo que apenas ha superado la mayoría de edad?

Estas declaraciones hablan muy pobremente de la calidad humana de este señor, quien solo por esto ya debería ser descartado de plano para ostentar un cargo de tal trascendencia como la alcaldía de Lima. Todo menos alegría en esta candidatura.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 26 de septiembre de 2022 en el diario Perú21.

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En el comunicado publicado por la empresa se argumenta que la decisión se debe principalmente a factores externos, como “la evolución sin precedente de los mercados, incluida la guerra en Ucrania, las tasas de inflación récord, el incremento en el precio de las materias primas, las interrupciones prolongadas en la cadena de suministro y el mercado laboral cada vez más competitivo”.

Aunque, en efecto, el contexto global no es el mejor, lo más probable es que –aunque no se diga explícitamente– los factores internos también hayan pesado en la decisión. Después de todo, ¿qué empresa estaría dispuesta a llevar adelante una inversión de tal escala ante un gobierno que cambia de ministros cada seis días y que es incapaz de brindar un mínimo de predictibilidad en aspectos tan centrales para un negocio como el régimen laboral que enfrentará?

Aunque, en efecto, el contexto global no es el mejor, lo más probable es que –aunque no se diga explícitamente– los factores internos también hayan pesado en la decisión. Después de todo, ¿qué empresa estaría dispuesta a llevar adelante una inversión de tal escala ante un gobierno que cambia de ministros cada seis días y que es incapaz de brindar un mínimo de predictibilidad en aspectos tan centrales para un negocio como el régimen laboral que enfrentará?

Si bien esto es cierto para cualquier sector, lo es todavía más para la minería, pues se trata de una industria particularmente regulada y, por tanto, más vulnerable a cambios en el marco jurídico. Es, además, una actividad que, desde que se inició este gobierno, ha enfrentado un escenario de creciente conflictividad que afecta gravemente sus operaciones. Testimonio de ello es que, mientras escribo estas líneas, se produce un bloqueo de vías en la provincia de Espinar, Cusco, que afecta las unidades de Las Bambas, Antapaccay (Glencore) y Constancia (Hudbay), que representan cerca del 30% de la producción de cobre del país. Asimismo, desde hace cuatro días se mantienen bloqueadas vías en el valle del Tambo en protesta por una autorización de uso de aguas brindada al proyecto Quellaveco (Angloamerican).

Este no es un problema que afecte solamente la rentabilidad de las empresas, sino –sobre todo– a la economía de las regiones y la generación de recursos públicos. Así, por ejemplo, durante la paralización total de Las Bambas por 51 días entre abril y junio de este año, el Estado dejó de recaudar unos S/250 millones, la mitad de los cuales habrían sido recibidos por el gobierno regional y las municipalidades a Apurímac.

En el contexto actual, en que la inversión privada total iba a tener un crecimiento de 0% y la inversión minera una contracción de 2.1% en 2022 (lo formulo en pasado porque luego de esta noticia el panorama es aún más lúgubre), no podemos darnos el lujo de perder oportunidades. Menos aun tratándose de un proyecto como este, cuyo impacto ambiental es muy acotado por ubicarse exactamente en el mismo espacio donde ya se han realizado operaciones por tres décadas.

Aunque los esfuerzos del ministro Burneo para dinamizar la inversión privada con el plan “Impulso Perú” podrán ser bien intencionados (ver mi columna del 11/9/2022), de poco servirán si no hay un esfuerzo articulado de todo el Ejecutivo por restaurar la confianza para consumir e invertir en el Perú. Algo que no parece quitarle el sueño al presidente Castillo.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 18 de septiembre de 2022 en el diario Perú21.

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Una mala gestión pública compromete la cantidad y la calidad de la provisión de bienes y servicios que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Por lo general, el análisis de la gestión pública a nivel de opinión pública se restringe a evaluar si se gastó mucho o poco, y no se enfoca en si se gastó bien o mal. Y a veces, lamentablemente, los que gastan un alto porcentaje de su presupuesto no necesariamente lo gastan bien. Por ello, es fundamental que la gestión pública se oriente hacia resultados y no se centre exclusivamente en la capacidad de gasto.

Como ha comentado mi colega Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, la ineficiente ejecución del presupuesto –sobre todo a niveles locales–, responde, principalmente, a tres causas. En primer lugar, a la inexistencia de una carrera pública que impide contar con capital humano capacitado para asumir estos retos. Esto sumado a la alta rotación del personal. En segundo lugar, a la falta de continuidad en los procesos. Cada nueva gestión cuestiona lo priorizado y realizado por sus predecesores. Estas idas y vueltas lógicamente se traducen en pérdida de tiempo y dinero. Finalmente, existe la tendencia a solo invertir en proyectos efectistas de corto plazo que no impactarán significativamente en la calidad de vida de la comunidad.

Una herramienta que, de ser correctamente usada, permitirá priorizar mejor las inversiones este 2020 será el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, elaborado por el Ejecutivo. Este ha calculado la brecha total de infraestructura del Perú en 363.000 millones de soles en el largo plazo, monto que equivale al 49% del PBI. Pero esta cifra, por inconmensurable que parezca, considera solo infraestructura pura y dura: construcción de hospitales y colegios, implementación de tuberías, etc. Es decir, si bien es fundamental cerrar las brechas de acceso, también lo es garantizar servicios de calidad y contemplar sus costos de mantenimiento. De poco sirve, por ejemplo, que el 85% de nuestros alumnos acceda a educación secundaria si, cuando se mide su rendimiento en segundo de media, solo el 14% obtiene resultados satisfactorios.

Esta inequidad justamente ha sido abordada por la edición 2019 del Informe sobre Desarrollo Humano. Este se centró en comprender la desigualdad en el siglo XXI, aquello que la impulsa y su impacto en el bienestar de las personas. Fue más allá de analizar el nivel de ingresos para enfocarse en dimensiones como la salud y la educación. Esto porque, si bien en el mundo se está avanzando en la reducción de las privaciones extremas, continúan existiendo amplias disparidades en el terreno del desarrollo humano. Por ejemplo, “en algunos países desarrollados el diferencial de esperanza de vida a los 40 años entre el 1% de la población con mayores ingresos y el 1% con menores ingresos es de 15 años para los hombres y 10 años para las mujeres”, señala el informe.

Para disminuir la desigualdad en la calidad de los servicios en nuestro país requerimos cambiar el modelo de gestión. Hacer las cosas diferente teniendo un norte definido (¿cuál es el plan?) y garantizando que los recursos de todos están siendo eficientemente empleados. Ese no parece haber sido el caso en el 2019. Ojalá el 2020 arranque con mayor claridad.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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El decreto plantea actualizar el PEAS y es una oportunidad para establecer un plan de beneficios que responda a las necesidades sanitarias actuales. Esta labor, que recae en la comisión multisectorial, debe considerar el nuevo perfil epidemiológico de la población, con clara incidencia de las enfermedades no transmisibles como el cáncer y las dolencias renales. Para ponernos en contexto: mientras que en 1990 estas representaban el 36% del total de carga de enfermedad, en el 2017 ya habían escalado al 66%, según el Global Health Data Exchange. Este ajuste permitirá que el PEAS sea garantía de un piso de protección para la cobertura prestacional. Asimismo, este plan de beneficios único y consensuado deberá ser costeado para estimar una “prima” que garantice su financiamiento.

Este decreto representa, además, una oportunidad para ordenar el financiamiento de todo el sistema de salud. Y justamente el PEAS debe ser el gran organizador del uso de recursos. Es decir, priorizar la inversión que permita su cumplimiento para todos los residentes del Perú. De igual modo, debe perfilar y alinear la formación de los recursos humanos, las inversiones y la adquisición de tecnologías sanitarias.

En esa ruta, es fundamental reducir la fragmentación de las fuentes de financiamiento y ordenar la prestación de servicios. Para esto último, será esencial promover convenios y contratos entre instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) públicas e instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) públicas y privadas, con mecanismos de pago eficientes y transparentes, lo que permitirá ampliar la oferta prestacional.

En cuanto a cómo mejorar la gestión, el decreto de urgencia propone medidas como implementar un sistema en línea para modernizar los flujos de las citas, automatizar el apoyo al diagnóstico y definir los indicadores de desempeño de las Ipress. Esto representa un enorme reto para cerrar la gran brecha digital del sistema de salud público, y obliga a tomar decisiones en terrenos donde hay mucho por hacer, como la mejora de la atención en los establecimientos de salud del sector público.

Sin embargo, en el decreto hay una serie de aspectos relacionados con la prestación y el financiamiento que deben ser analizados. Así, el acceso a planes complementarios (enfermedades que no estén cubiertas en el PEAS) dependerá de criterios de elegibilidad basados en la vulnerabilidad económica. Esta medida deberá ser transitoria y tender, en el largo plazo, a equiparar las coberturas.

La actualización de los planes complementarios representa una oportunidad para definir los de segunda capa explícitamente. Estos deben definir los criterios para la cobertura de enfermedades costosas con gran riesgo de generar gasto catastrófico y empobrecedor. Ello es fundamental para lograr la protección financiera de los hogares y cautelar la sostenibilidad del sistema de salud.

Para el avance del aseguramiento, en cobertura de la población no asegurada y en oportunidad y calidad de la atención, será clave contar con el financiamiento que acompañará la propuesta. Por ahora se ha señalado que quedará a cargo del presupuesto destinado a salud. Sin embargo, aunque es indudable que urge hacer un uso más eficiente de los recursos del sector, también lo es la necesidad de financiamiento adicional para hacer frente a las atenciones de 4,8 millones de personas que entrarán al sistema. Más aún porque las Ipress verán disminuir los ingresos de bolsillo que hoy reciben de quienes carecen de un seguro de salud.

Finalmente, un aspecto pendiente es la gestión del aseguramiento público mediante un fondo. Este le daría al SIS mayor autonomía, pues gestionaría el riesgo y la provisión de los servicios para la población a su cargo.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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En setiembre último, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ha recalculado la brecha total de infraestructura en 363.000 millones de soles en el largo plazo. Este monto, que equivale al 49% del PBI peruano, es, en parte, lo que nos separa de ser un país más desarrollado.

Al priorizar 52 proyectos que se complementan entre sí y que se espera ejecutar principalmente vía asociaciones público-privadas, este plan nos ofrece predictibilidad. Esta es una excelente noticia para el sector privado, porque sabrá en qué está trabajando el Estado. Pero también es una buena señal dentro del sector público, pues ha implicado alinear objetivos y articular sectores. Sin planificación no se avanza, y esa sigue siendo una gran debilidad de nuestro país.

Otro punto a rescatar es que dichos proyectos son parte de los planes multianuales de infraestructura de los sectores y están incluidos en el presupuesto multianual, con lo que tienen financiamiento garantizado. Esto abonará en la transparencia y contribuirá –esperamos– a minimizar el riesgo de corrupción.

Ahora bien, veamos algunos sectores. La brecha de transporte es de casi 161.000 millones de soles, la de educación bordea los 6.000 millones, la de agua asciende a 24.000 millones, la de saneamiento a 71.000 millones, y la de salud, a 58.700 millones. Estos montos consideran infraestructura pura y dura –construcción de hospitales, colegios, tuberías, etc.–, pero no contemplan los costos del servicio ni de mantenimiento. Para que consigan garantizar servicios de calidad, en muchos casos se tendrá que cambiar el modelo de gestión y hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, el 85% de los alumnos acceden a educación secundaria, pero cuando se realiza la prueba de evaluación censal a estudiantes de segundo de media, solo el 14% obtiene los resultados satisfactorios para el año. Es decir, uno de cada diez. Y en lenguaje, 16%; menos de dos de cada diez. Y solo el 30% de quienes egresan de secundaria continúan estudios superiores, sean técnicos o universitarios.

En cuanto al agua, si bien el 91% de los hogares cuentan con ella, solo el 4% de hogares en zonas rurales acceden a fuentes de agua segura, cifra que en zonas urbanas llega a 54%. De hecho, según un estudio del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) que mide gobernanza y gobernabilidad de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) –es decir, cómo se desenvuelven hacia afuera y hacia adentro–, de las 49 EPS existentes, 40 tuvieron resultados bajos o muy bajos, y nueve obtuvo resultados regulares. Claro está que ninguna consiguió buenos resultados.

Un ejemplo de modelo de gestión pública que ha incorporado la eficiencia del sector privado lo vemos en Sepadal, que tercerizó tanto el tratamiento de aguas residuales como su gestión comercial. Al mejorar los procesos de medición, facturación y cobranza, obras de rehabilitación y sectorización, entre otros, logró reducir en 62% el agua no facturada. Además, toda la información que recaba sirve como línea de base que permite luego saber qué es lo que se espera y cuáles son los indicadores de mejora de resultados que se necesitan. Cabe destacar que solo en Sedapal se tienen tasas significativas de tratamiento de aguas residuales; el resto de EPS no superan el 50%. Además, las empresas pequeñas dejan de facturar el 44% de la producción de agua.

Finalmente, en salud tenemos que el 85% de peruanos acceden a un seguro de salud, pero eso no les garantiza recibir una buena atención y, luego de esta, disponer de sus medicamentos completos.

El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad es una política de Estado que, esperamos, sea implementada como tal por las siguientes administraciones. Solo así lograremos articular a los sectores privado y público para que la economía de mercado llegue, efectivamente, a todos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Este crecimiento ha permitido mejorar el acceso a servicios públicos. Así, según el INEI, durante los últimos 18 años el aseguramiento en salud pasó de 32% a 85%, la tasa de matrícula en educación secundaria de 67% a 85%, el acceso a energía eléctrica en los hogares de 69% a 95%, la conexión a red pública de agua en los hogares de 72% a 80% y a desagüe de 51% a 72%, y el acceso a Internet de 3% a 53%. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la calidad de los servicios. Vemos que, si bien el acceso a agua ha alcanzado al 80% de la población, solo el 54% en zonas urbanas y un alarmante 4% en zonas rurales acceden a agua segura. De igual modo, aunque vamos camino a que todos los peruanos cuenten con un seguro de salud –especialmente por el esfuerzo del sector público–, todavía solo la mitad de los asegurados al Seguro Integral de Salud recibe todos los medicamentos recetados tras una consulta. Y lo mismo sucede con los otros indicadores. Por ello, lo que toca ahora, además de continuar cerrando las brechas, es mejorar la calidad de los servicios.

Para que este esfuerzo sea viable se debe articular al sector público con el privado, porque el Estado por sí solo no tendrá la experticia necesaria ni la capacidad de gestión para acometer estos retos. Y ahí merece la pena ver lo que se está consiguiendo con las asociaciones público-privadas y replicar aquellas que están consiguiendo buenos resultados. En salud, por ejemplo, la APP entre Essalud y la empresa Salog que se especializa en operación logística, incluyendo el almacenamiento y la distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, ha mejorado la disponibilidad de medicamentos junto al equipo institucional. Se ha logrado, como condición indispensable, contar con un sistema de información confiable, clave para una buena gestión. La data generada contribuye a una adecuada toma de decisiones, pues se cuenta con información de la demanda real, la atendida como la insatisfecha, y permite la gestión de inventarios y la redistribución de los medicamentos desde el almacén o los establecimientos con exceso de inventario a aquellos con déficit. Todo esto permite reducir los niveles de stock al pasar de un modelo “just-in-case” –altos niveles de inventarios y costos para evitar contingencias– a uno “just-in-time” –los productos se envían según la demanda–. Y si se comprueba la necesidad periódica de un producto, se adquirirá un mayor volumen. Finalmente, el acceso a información permite detectar –y, con adecuada gerencia, disminuir– el ingreso de productos de mala calidad e incluso de origen ilegal, combatir la corrupción y reducir las ineficiencias de un proceso de abastecimiento opaco.

El Estado, sin embargo, necesita establecer qué requiere exactamente del privado, los estándares de calidad, los niveles de servicio y cuánto está dispuesto a pagar. Complementariamente, urge fortalecer la regulación sectorial y los mecanismos de rendición de cuentas definiendo indicadores claros de monitoreo y evaluación, así como promover procesos transparentes y la competencia efectiva entre las empresas interesadas. Esta articulación sinérgica público-privada contribuirá a cerrar las brechas de acceso ciudadano a servicios de mejor calidad y dinamizará el mercado.

*Videnza Consultores ha asesorado a la empresa Salog.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Mientras en Uruguay el porcentaje de personas en riesgo de gasto catastrófico como consecuencia de una intervención quirúrgica es de 1,7, en el Perú es de 9,1. ¿Cómo enfrentar esta situación? Dos dimensiones importantes a considerar: la financiera y la prestacional. Una no funciona sin la otra. Si inyectamos financiamiento a un sistema mal gestionado, los recursos no rendirán lo que esperamos; pero una adecuada gestión necesita, a su vez, de financiamiento.

El 60% del financiamiento de nuestra salud es público. Sin embargo, se siente poco por el alto nivel de fragmentación, donde la población recibe distintos beneficios en función de la filiación que tenga del seguro. Y esta fragmentación en el sistema en general se reproduce casi como un espejo en la cobertura de alto costo, también fraccionada.

Así, por ejemplo, para el financiamiento de intervenciones de alto costo existe el Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal), creado en el 2012 para proteger solo a los afiliados del Seguro Integral de Salud (SIS). Se financia vía impuestos y cubre siete tipos de cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedades raras y huérfanas, y procedimientos de alto costo como trasplantes. Pero uno de sus principales problemas es que, contrariamente a lo que su nombre indica, no es un fondo. Esto complica garantizar su financiamiento, pues se financia mediante un presupuesto histórico y no a través de una prima estimada sobre la base de cuáles son los costos que debe enfrentar.

Necesitamos un fondo de alto costo que opere como institución pública no estatal y sea de carácter universal, negocie con proveedores y logre mayor cobertura a menores precios. Un buen ejemplo está, nuevamente, en Uruguay. El Fondo Nacional de Recursos (FNR) es el seguro público universal que financia procedimientos de medicina altamente especializada y medicamentos de alto costo en dicho país. Entre sus fortalezas están tener clarísimos los límites de su cobertura, basar sus decisiones en evidencia y evaluar a los pacientes para saber si están en condiciones de ser sometidos a la prestación solicitada. Sus procedimientos se efectúan en los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que son prestadores públicos o privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública para realizar las técnicas cubiertas. Tiene amplia capacidad de negociación de precios con la industria porque es el único comprador de medicamentos de alto precio en el país, establece de forma transparente cuáles entrarán al mercado e instaura mecanismos diferenciados de riesgos compartidos. Apela a modelos de negociación como los acuerdos de tipo ‘risk sharing’ y, para enfermedades con alta incidencia como cáncer de mama, stents coronarios y enfermedades reumatológicas, aplica lo que llama el “modelo Netflix”, un pago fijo mensual para un grupo de medicamentos preestablecidos. Es un fondo solidario donde los más sanos apoyan a los más enfermos, los menos vulnerables a los más vulnerables, los jóvenes a los mayores. Y un tema fundamental: el FNR logra su sostenibilidad financiera, atiende a más personas y sus costos disminuyen por negociaciones fructíferas en beneficio de la población.

Por el lado de la gestión, el fraccionamiento de la red asistencial peruana lleva a absurdos como tener múltiples establecimientos de salud en poblaciones pequeñas, mientras que en otras grandes, como San Juan de Lurigancho, hay un solo hospital del Minsa y otro de Essalud para atender a un millón de personas. Necesitamos articular e integrar. Aseguramiento y prestación deben gestionar adecuadamente sus palancas de valor.

En la década del 2000, varios países de la región iniciamos reformas conjuntamente, pero nosotros nos quedamos en el partidor. Debemos recuperar el tiempo perdido.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Tras clasificar la población total de Essalud en trabajadores del sector privado (52%), trabajadores del sector público (26%) y pensionistas y sus familias (13%), estima cuánto aporta cada grupo y cuánto recibe en beneficios de Essalud. Siguiendo esta clasificación, analicemos quiénes asumen la carga de financiamiento sobre la seguridad social y cómo hay una evidente disparidad entre los grupos de aportantes.

Los trabajadores públicos aportan S/1.850’813.369, pero consumen S/2.282’408.027 en servicios de salud. Esto porque, aunque la contribución a Essalud la debe realizar el empleador por cada trabajador y debe equivaler al 9% del salario, el Estado elude pagar parte de su contribución a la seguridad social como empleador amparado en reglas asimétricas. Así, por los trabajadores de la modalidad CAS, el empleador público paga el 9% del 30% de una UIT, contribuyendo solo con alrededor del 4% del salario. Por su parte, para los trabajadores del magisterio y del Ministerio de Salud, el monto aportado por trabajador es del 65% del salario total, con lo que su contribución efectiva es de alrededor de 6%.

En el sector privado, un grupo privilegiado son los empleadores de los trabajadores agrarios, que pagan solo el 4% de su salario. Y, aunque aportan S/155’675.618, las atenciones de este grupo ascienden a S/351’960.431.

En el caso de los pensionistas, hay un tema importante: la entrada en vigor de la Ley 30478, que permite que quienes alguna vez aportaron a una administradora de fondos de pensiones (AFP) –incluso si no llegaron a contribuir de modo suficiente para alcanzar una pensión mínima– sean automáticamente admitidos de forma vitalicia en Essalud cuando cumplen 65 años. Basta con que soliciten que se les entregue el 95,5% del monto disponible en su cuenta y que el 4,5% restante –así sea un valor insignificante– sea transferido a Essalud para lograr su cobertura y la de su familia. Ellos ya suman 237.000 personas, equivalentes al 2% de la población total de Essalud.

Como explica Cotlear, históricamente empleadores y empleados pagaban contribuciones a la seguridad social. Pero, cuando en la década de 1990 se separa la salud de las pensiones, la contribución del trabajador pasó enteramente a pensiones para crear cuentas individuales en el sistema privado. Por ausencia de opciones, las contribuciones del empleador fueron asignadas a Essalud. La tasa aplicable para trabajadores en actividad es del 9% de la remuneración y para los pensionistas es del 4% de la pensión. Según la OIT, el 54% de las pensiones pagadas por las AFP son inferiores que la pensión mínima pagada por la ONP.

Dadas todas estas excepciones y tratos diferenciados, son los trabajadores formales del sector privado quienes terminan siendo el principal financiador de Essalud: contribuyen con S/6.297’125.694 pero consumen S/3.266’898.676. En este sentido, me pregunto si no sería deseable que tanto el Estado como los empleadores del sector agrario aporten por igual, sin sistemas preferentes, para que los asegurados cuenten con un mejor sistema de salud. Y si no sería aconsejable que, antes de aprobar una ley como la 30478, los congresistas analicen su impacto en la sostenibilidad de Essalud y el efecto sobre la calidad de los servicios para los asegurados. O, si en el escenario ideal que Essalud se diera abasto con los recursos que tiene, no sería mejor disminuir los costos laborales para todos y tener un mercado laboral más flexible.

Necesitamos evaluar seriamente nuestra política de protección social. Esta, como afirma Cotlear, no es transparente, no es equitativa y no incluye el financiamiento necesario para permitir, en este caso a Essalud, mantener su función original de dar cobertura financiera y prestacional a los trabajadores del sector formal.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Si desagregamos las cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2018, los mayores porcentajes están en la selva del país. En el área rural el 22,7% de las adolescentes ya son madres o han estado embarazadas alguna vez. Y, según el Reniec, en el 2018 se registraron 2.325 nacimientos de madres adolescentes entre 12 y 14 años.

La OMS precisa que, en los países de ingresos bajos y medianos, los bebes de madres menores de 20 años tienen 50% más probabilidades de muerte prenatal o de fallecer en las primeras semanas de vida que aquellos nacidos de mujeres entre 20 y 29 años. Además, tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer. En las madres tiene, lógicamente, repercusiones económicas negativas, pues muchas se ven obligadas a abandonar sus estudios, lo que restringe sus aptitudes y oportunidades.

Frente a este escenario, la sociedad está en la obligación de proveerles una protección especial y diferenciada, empezando por garantizar el acceso a información completa, oportuna y continuada sobre educación sexual y salud reproductiva. Y, en esa línea, hay algunas buenas noticias. El Ministerio de Salud ha anunciado que capacitará a más de 100.000 profesores de secundaria en sexualidad, identidad, cambios en la pubertad y adolescencia, igualdad de género, relaciones afectivas y libres de violencia, y planificación de su proyecto de vida. Por su parte, el Instituto Nacional Materno Perinatal está desarrollando un programa de consejería testimonial para niñas en etapa escolar. Este consiste en que visitan a pacientes adolescentes de dicho establecimiento para conocer de primera mano cómo un embarazo precoz impacta en sus vidas y sus planes futuros. Ellas las invitan a continuar con sus estudios y a tener confianza en sus padres para evitar situaciones de riesgo. Además, junto con las profesoras que las acompañan, reciben charlas sobre los riesgos en el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y pautas de los principales métodos anticonceptivos.

Los hacedores de política pública deben tener en cuenta, sin embargo, que si bien la disponibilidad de métodos anticonceptivos es un buen paso, no necesariamente cambia las decisiones personales o colectivas en relación con la reproducción o conductas sexuales riesgosas. El cambio de paradigmas y conductas tiene que venir acompañado de una estrategia combinada que ataque los verdaderos impulsores de la toma de decisiones. Y, para lograrlo, un gran aliado a considerar junto con la implementación de estrategias educativas integrales es la economía del comportamiento. Esta combina elementos de la psicología, las neurociencias y la economía para entender y predecir cómo las personas tomamos decisiones, considerando que estas rara vez son puramente racionales.

En Australia, por ejemplo, se aplicó un programa piloto que enviaba mensajes de texto a jóvenes con consejos para tener una adecuada salud sexual y reproductiva. Los resultados arrojaron una baja tasa de retirada, retroalimentación positiva y una mejora observada en el conocimiento de la salud sexual y de pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

Las cifras de embarazo adolescente en nuestro país deben conminarnos a ser más creativos. El Estado debe plantearse intervenciones transversales y multidisciplinarias que permitan generar cambios visibles y de rápido impacto.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Tratar estas enfermedades crónicas, como el cáncer y las dolencias renales, conlleva enormes desembolsos que pueden convertirse en gastos catastróficos, entendidos como aquellos mayores al 40% de los gastos del hogar. Los gastos catastróficos, además, muestran una tendencia creciente en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y el Caribe.

Para evitar el empobrecimiento de la población debido a estas enfermedades de alto costo, los países desarrollan políticas orientadas a garantizar la cobertura financiera de ciertos servicios. Y, para ello, la mejor opción es un seguro que cubra a toda la población a fin de que se pueda diluir el costo promedio de tratamiento. Colombia, Uruguay y Chile, por ejemplo, han desarrollado fondos universales mancomunados que ofrecen las ventajas de un pool de riesgos que, a la vez, disgregan la probabilidad individual de ocurrencia de eventos catastróficos. Además, permiten los subsidios cruzados: de sanos a enfermos, de jóvenes a ancianos, de ricos a pobres. Cuando todas las personas están cubiertas, disminuye la posibilidad de que solo las enfermas o las que tienen más riesgos se aseguren. Esto permite la sostenibilidad del seguro de salud.

Estos tres países también han ganado eficiencia por estandarizar la selección de los tratamientos y medicamentos que el seguro cubre. Para ello han empleado criterios de costo-efectividad y otros análisis en el marco de las evaluaciones de tecnología sanitaria, así como la estandarización de la prestación con protocolos y guías de práctica clínicas. Esto disminuye la variabilidad en la práctica clínica y mejora la calidad y oportunidad en la atención. Finalmente, estos fondos contribuyen al fortalecimiento institucional pues garantizan la intangibilidad de sus recursos.

En el Perú, las enfermedades de alto costo generan muchos años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura. Por ello, tenemos al Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), que inició actividades para cubrir a los afiliados del Seguro Integral de Salud (SIS) en siete tipos de cánceres, enfermedades raras y huérfanas, enfermedad renal crónica, y ciertos procedimientos de alto costo. Sin embargo, no es posible estimar una prima asociada a sus asegurados por su limitada autonomía institucional y financiera y porque solo cubre el costo variable de las atenciones (insumos y medicamentos). Todo esto perjudica su capacidad para desarrollar estrategias de gestión del riesgo, ampliar las coberturas, estandarizar la prestación a nivel nacional y optimizar sus costos. Este escenario afecta una protección financiera efectiva. Basta ver que en el 2016 el gasto de bolsillo en el Perú fue del 28% como porcentaje del gasto total en salud, considerablemente superior al estándar de la OMS, de entre 15% y 20%.

Por la fragmentación y segmentación del sistema de salud peruano, la cobertura varía según subsistema y la prestación no está estandarizada (no existen protocolos de tratamiento válidos para todo el sistema). En consecuencia, aunque se cubra el tratamiento de un determinado diagnóstico, el nivel de protección variará dependiendo del seguro. Asimismo, el sistema es ineficiente puesto que la cobertura en redes fragmentadas implica la duplicación de los escasos recursos. Esto teniendo en cuenta que todavía el 24% de peruanos no cuenta con un seguro de salud y, peor aún, tampoco con cobertura contra daños de alto costo.

Por todo lo anterior, urge poner el tema en agenda y comenzar a desarrollar estrategias comunes cuanto antes.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Esta denuncia se suma a una investigación de la Contraloría General de la República sobre el mal uso de un millón de soles del presupuesto del hospital para la compra de canastas navideñas destinadas a su personal administrativo en el 2018. Para aumentar la indignación, usaron recursos que estaban destinados al financiamiento de programas de control y prevención del cáncer, salud materno neonatal, salud mental, entre otros.

En Lambayeque nacen 23.000 niños al año. La norma técnica precisa que por cada mil nacimientos debería existir una cama de UCI con el soporte necesario. Sin embargo, en su hospital regional apenas existen doce máquinas y algunas no funcionan.

El director del hospital, Abel Chávarry, reveló que venía pidiendo ayuda a las autoridades del sector para solucionar estas deficiencias, pero que no había tenido respuesta. Conocida la denuncia, la ministra de Salud, Zulema Tomás, anunció que está coordinando la compra de las incubadoras y adoptando medidas de contingencia. Sin embargo, llamó la atención al Gobierno Regional de Lambayeque por su ineficiente manejo del presupuesto.

Chávarry indicó, además, que para una buena operación de la UCI de Neonatología y servicios relacionados se necesitan dos millones de soles. Pero que, incluso si contara con dicho monto, no podría solucionar el problema rápidamente porque debía hacer una ficha, ingresar los fondos, convocar la licitación, comprar los equipos, capacitar al personal… ¿Por qué, en lugar de pasar por todo este proceso, no se opta por explorar otras opciones? En este tipo de situaciones, donde el tiempo es un factor que incrementa el riesgo de vida, ¿es posible pasar de un esquema de “comprar bienes” a uno que permita “contratar servicios”? Es decir, obtener el servicio de un proveedor privado calificado para que instale los equipos, las tecnologías de soporte y mantenga su adecuado funcionamiento. El servicio estaría disponible en óptimas condiciones y en un plazo más corto que la ruta convencional. Otra opción es comprar la capacidad para atender a los neonatos en una clínica con las garantías del caso. Estas son algunas soluciones rápidas, facultadas por la ley de contrataciones, que resolverían el problema oportunamente.

El Hospital Regional de Lambayeque recibe a los pacientes complicados de la macrorregión norte: recibe obligaciones y problemas, mas no suficientes capacidades y recursos. Según explicó Arturo Granados, especialista en descentralización, la tasa de mortalidad en los neonatos en el Perú es de diez por cada mil nacidos vivos; en el Instituto Nacional Materno Perinatal en Lima es de once por cada mil nacidos vivos; y en el Hospital Regional de Lambayeque es de más de cien por cada mil nacidos vivos. Esto revela la gravedad del problema en este nosocomio, donde a todas luces falta equipamiento y personal calificado.

Granados agregó que cada vez que se producen cambios de gobiernos regionales y nacionales en el Perú, la mortalidad neonatal aumenta. Así, entre los años 2014 y 2015, en Apurímac los índices pasaron de diez a dieciséis por cada mil nacidos vivos; en Arequipa de cuatro a nueve; en Moquegua de seis a nueve. Esto porque no existe una adecuada política de gobernanza del sistema de salud en los períodos de transición gubernamental.

Por lo expuesto, es clave pasar de un enfoque centrado en la ejecución presupuestal a otro donde el logro de servicios oportunos y de calidad sea la norma. Necesitamos gestores en el terreno que tomen decisiones ejecutivas y logren soluciones efectivas.

¿Cómo puede un país deslumbrar al mundo con unos Juegos Panamericanos impecablemente organizados y, a la vez, seguir perpetuando estos casos de corrupción, desidia y pésima gestión?

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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En el 2018 el Ministerio de Educación (Minedu) aplicó la Evaluación Censal de Estudiantes para medir niveles de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas y privadas del Perú en segundo de primaria, cuarto de primaria y segundo de secundaria. Comparados sus resultados con los del 2016, vemos que en segundo de primaria el número de alumnos con aprendizaje satisfactorio en Matemática bajó de 34,1% a 14,7%; es decir, registró una caída de casi 20 puntos porcentuales. En cuanto a Lectura, la baja fue de 8,6 puntos porcentuales en el mismo período.

Según explicó el Minedu, este desplome respondería a “causas externas” del 2017 como El Niño costero y la huelga docente, que llevaron a perder entre 214 y 500 horas lectivas en algunas regiones. Otro hecho de importancia es que en el 2018 se redujo considerablemente el presupuesto para las intervenciones de acompañamiento en educación rural, y se eliminaron por completo en zonas urbanas. Pero fuentes del propio Minedu confirman que no tienen claro por qué se ha dado esta caída tan dramática en segundo de primaria. Ni siquiera las variables descritas combinadas llegarían a explicarlo.

En segundo de secundaria, en lo que respecta a lectura, un 18,5% se ubica en el nivel “previo al inicio” (dificultades para resolver las preguntas más sencillas), 37,5% en “inicio” (identifican información explícita y podrían comprender solo algunas partes del texto) y el 27,7% está “en proceso” (deducen ideas y pueden entender el texto en partes o en su conjunto). Además, en Ciencias Sociales, el promedio nacional registra una caída de 3,4 puntos porcentuales en el nivel “satisfactorio” y en Ciencia, Tecnología y Ambiente solo el 8,5% logró los aprendizajes esperados.

Este escenario nos revela, en primer lugar, que los conocimientos adquiridos son tan frágiles en segundo de primaria que cualquier hecho extraordinario los afecta. Pero en secundaria los resultados absolutos son tan malos que, aunque los indicadores suban o bajen un poco, el panorama sigue siendo lamentable. Es decir, a medida que avanzan en la escuela nuestros estudiantes aprenden, proporcionalmente, menos. Los resultados son prueba, además, de la debilidad de nuestro Estado, incapaz de reponerse rápido frente a eventualidades.

Así las cosas, llega la reciente decisión de Fuerza Popular de designar a la parlamentaria Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso. El mensaje es claro: la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo no menguará, aunque eso implique poner en jaque el futuro de millones de niños y jóvenes. La prioridad de la mayoría parlamentaria seguirá siendo aferrarse a sus cuotas de poder –cada día más exiguas– y seguir obstaculizando las actuales políticas de Estado. Porque si bien el Minedu es el ente rector de la educación en el Perú –para Arimborgo, el equivalente a Sodoma y Gomorra–, el Legislativo cumple un papel fundamental para darle viabilidad a las políticas que este plantea.

En cuanto al Ejecutivo, las decisiones continúan ancladas a la visión de cada nuevo titular del Minedu, cuando lo que necesitamos son políticas de Estado con norte claro. Por ejemplo, la respuesta de la ministra frente a los resultados de rendimiento escolar fue anunciar que ya no se aplicará la Evaluación Censal de Estudiantes a los alumnos de segundo de primaria y será reemplazada por una evaluación que rompe la continuidad para medir avances o retrocesos.
Más aun, nada sobre temas de fondo. Si a esto le sumamos que el Perú invierte en sus estudiantes de primaria menos de la mitad que sus pares en la región, el camino hacia el desarrollo pinta complicado.

La agitada coyuntura política nacional y el enloquecido nivel de rotación de funcionarios en carteras tan importantes como Educación nos están impidiendo enfocarnos en temas fundamentales y de largo plazo. Los resultados de las evaluaciones más recientes son claras señales de alerta que no estamos escuchando. O que quienes toman las decisiones no están queriendo ver.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Aunque no han faltado opiniones escépticas respecto a la propuesta, lo fundamental –como sucede con cualquier reforma social– es que exista voluntad política y que esta vaya acompañada de mayor financiamiento y eficiencia en la gestión.

Las grandes reformas sociales siempre parten de la decisión política de garantizar los derechos de las personas. Solo entonces es posible su implementación. Por ejemplo, en nuestro país la Constitución de 1933 fue la primera en reconocer el derecho a la educación primaria universal y gratuita. A los dos años se creó el Ministerio de Educación, justamente para garantizar ese derecho. Si los constituyentes de la carta de 1933 hubiesen opinado que primero había que tener todo garantizado, nunca se habría aprobado ese derecho.

Lo mismo pasó en 1979, cuando se incorporó a la Constitución el derecho a la educación inicial, primaria y secundaria en forma universal y gratuita. Hoy, el 85% de los niños en edad preescolar cursan educación inicial y el 95% en edad escolar están en primaria y secundaria.

Cuando en el 2009 se aprobó la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, hubo muchas voces críticas. En ese entonces, poco más del 40% de la población tenía algún seguro de salud y el presupuesto del SIS era de solo S/429 millones. Diez años después, el 85% de la población tiene un seguro y el presupuesto del SIS ascendió a los S/2.200 millones en el 2018.

Lo que la historia demuestra es que la viabilidad de una política se construye sobre la base de reconocer, primero, el derecho ciudadano. Por eso, las reformas sociales no se hacen de la noche a la mañana, sino que requieren de largos períodos de construcción e implementación.

En Videnza Consultores estimamos que se requieren aproximadamente S/700 millones adicionales para el financiamiento en el 2020 de la propuesta del presidente, así como para su implementación progresiva. Dicho monto equivale a no más del 4% del presupuesto de apertura para Salud de este año, que suma S/18.217 millones. Y solo el 0,4% de los S/168.074 millones del Presupuesto General de Apertura de la República para el 2019. Estamos a tiempo de incluir este tema en el presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso a fines de agosto.

Sin embargo, debemos tener claro que la sola afiliación a un seguro no debe considerarse un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la cobertura universal. Por ello, la propuesta debe articular todas las estrategias del sector e ir acompañada tanto de una estrategia de cierre de brechas como de la optimización de la oferta actual. Por ejemplo, urge reforzar recursos humanos en regiones como Piura, que tienen apenas 4,2 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 7,3. Así también, se podría apelar a la telesalud para acercar los servicios al ciudadano, solicitar la ampliación de plazas para el apoyo de los serumistas en las zonas que registran mayores brechas de personal médico o retomar el programa Más Salud para cubrir necesidades puntuales de especialistas en determinados territorios y períodos.

Además, se debe poner énfasis en medidas de promoción y prevención, impulsar la ley de medicamentos, la ley de salud mental, la digitalización de la información, las redes integradas de servicios, el intercambio prestacional y el mejoramiento de la infraestructura y de los recursos humanos, sobre todo en el primer nivel de atención. Dado que los recursos económicos son siempre limitados, el reto consistirá en optimizarlos para garantizar el acceso de todos los peruanos a atenciones de salud oportunas, de calidad y con protección financiera.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Según Pilar Tello Rozas, responsable de la Oficina de Género para América Latina de IDEA Internacional, entre el 48% y el 52% de la militancia en los partidos en América Latina son mujeres. Pero si vamos al siguiente nivel, que son los cargos directivos de los partidos, la participación de las mujeres se reduce a 16% y 20%; y en presidencias o secretarías generales, baja a 15%. Es decir: a más poder en el partido, menor presencia de mujeres, aunque sí haya voluntad de participar.

En el Perú hoy no tenemos gobernadoras regionales, y en el periodo anterior solo tuvimos una: Yamila Osorio, de Arequipa. Además, solo 7 de 196 alcaldes provinciales son mujeres; solo 86 de 1.666 alcaldes distritales son mujeres; y solo 36 de 130 congresistas son mujeres. Junto con Guatemala, estamos a la cola de Latinoamérica en términos de representación femenina. Y las cifras continúan bajando pese a que tenemos una cuota del 30% de mujeres como mínimo para conformar listas parlamentarias, regionales y municipales. ¿Qué es lo que está fallando, entonces? Que a esta cuota horizontal necesitamos añadirle la cuota vertical, que implica que todas las organizaciones en competencia deban tener un porcentaje de mujeres encabezando las listas. Es decir, romper la pirámide de poder hasta que, una vez que la competencia sea equitativa, pueda evaluarse si las cuotas se mantienen o si ya no son necesarias.

Una democracia donde la mitad de la población no está correctamente representada es una democracia incompleta. Resolver estas inequidades es un tema de derechos. Necesitamos debatir entre iguales y participar, hombres y mujeres, en esta discusión. La paridad y la alternancia son fundamentales para tener una representación más equitativa, donde hombres y mujeres estemos igualmente representados en los diferentes espacios de toma de decisiones. Países de la región como México, Bolivia y Costa Rica ya han aprobado estas medidas, y nuestro país debe ir en esa misma línea.

El Gobierno así lo entiende y, por eso, en el marco de su reforma política planteó que los a cargos de elección popular deban incluir 50% de mujeres y 50% de hombres. La Comisión de Constitución del Congreso de la República optó por aprobar un mínimo de 40% de mujeres u hombres para las elecciones generales del 2021. Además, estableció que sea de 45% para las elecciones generales del 2026 y de 50% para las del 2031.

Ironías de la vida, el día anterior, la mesa de apertura de la edición número 24 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima (estuvo integrada enteramente por hombres: el presidente Martín Vizcarra; el alcalde de Lima, Jorge Muñoz; el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo; el presidente de la Cámara Peruana del Libro, José Carlos Alvariño; el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana García Godos; el gerente de la Fundación BBVA, Nelson Alvarado Jourde; y el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Garatea Grau. ¿Por qué la inauguración de un evento cultural tan importante no incluyó, por ejemplo, a la ministra de Educación? El que los organizadores simplemente no hayan notado la falta de representación de mujeres revela lo afianzado del problema. En un comunicado emitido a raíz de la críticas generadas, sostuvieron: “Situaciones como esta nos llevan a reflexionar y tomar conciencia de la importancia de normalizar la presencia femenina y, en general, la diversidad, en todos los espacios”. Los símbolos son fundamentales, como lo es reconocer errores y enmendarlos.

Corregir la brecha de género permitirá eliminar estereotipos y brindará mayor participación y representación de las mujeres en el debate público. Porque nuestras demandas y prioridades son distintas y debemos llevarlas a los espacios de toma de decisiones. No se trata de favores. Se trata de igualar la cancha.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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