A nivel nacional, 2 millones de personas no cuentan con una conexión del recurso hídrico. Sin embargo, aquellos que poseen el acceso no necesariamente gozan de agua potable.

Si no hay calidad de agua, tampoco hay calidad de vida. En el Perú, de acuerdo con Videnza Consultores, alrededor de 2 millones de peruanos no cuentan con una conexión al servicio, lo que no significa que el resto de la población goce necesariamente de agua potable. ¿Por qué?

Milton von Hesse, director de la firma mencionada y exministro de Videnza, explica para Gestión las cifras detrás de la desigualdad y configura una radiografía de cara al 2025.

¿INVERSIÓN ANTES QUE SERVICIO?

El especialista detalla que existe una confusión en los focos. “El principal problema en el sector de agua y saneamiento es que la atención de todas las autoridades está centrada en la inversión, en sembrar infraestructura, pero no está centrada en el servicio y en su calidad”, sostiene. En suma, la acumulación de proyectos no garantiza que, con el tiempo, la asistencia sea óptima.

Von Hesse respalda su premisa en los números: en el 2017, faltaban s/23,000 millones para cubrir la necesidad del país; no obstante, hoy en día y con el dinero ya dispuesto, “la brecha, en vez de disminuir, se ha incrementado”. Añade que las inversiones no se destinan a reemplazar tuberías o plantas de tratamiento, sino a sumar obras a la lista.

El panorama se trasluce en las cifras: Videnza ha identificado que, en la costa, solo la mitad de los hogares que tiene un caño de agua en su casa -al menos durante algunas horas al día- cuenta con un recurso cuyo nivel de cloro asegura una desinfección.

Y la situación de la selva y la sierra es peor. “Únicamente el 20% -1 de cada 5 hogares- que tiene un caño en su casa goza de agua clorada en cantidad suficiente. Es decir, 8 de cada 10 hogares abren el caño y sale agua, pero no desinfectada con el nivel de cloro oportuno”, detalla.

Las regiones que más han avanzado en paliar la brecha son Moquegua, Apurímac, Tacna, Arequipa y Callao: cada una tiene un porcentaje superior al 96%. Lima Metropolitana, por su parte, registra un acceso de 94%; o sea, 6% de la población carece de una conexión domiciliaria de agua.

En cambio, los porcentajes en la selva son alarmantes. El 23% de población de Ucayali no tiene acceso a una conexión domiciliaria; y lo mismo ocurre con el 32% de Loreto. La fisura, además, “se concentra en sus zonas rurales”, acota Von Hesse.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS PARA EL 2025?

El MVCS calculó, en la segunda semana de diciembre, que para este año habrá 745 proyectos de agua potable y saneamiento en diferentes zonas del país.

Durich Whittembury, titular de dicho ministerio, anunció que de ellos es el Proyecto de Comas e Independencia, una obra que atenderá a los asentamientos humanos de ambos distritos. Asimismo, en Piura, el sector comenzará la ejecución del Proyecto Asentamientos Humanos de Piura, en beneficio de más de 466,000 personas y, en Juliaca, arrancará la ejecución de las fases II, III y IV del Proyecto Integral de Juliaca.

ORIENTACIONES PARA EL GOBIERNO

El vocero de Videnza sugiere, con la finalidad de conseguir mayor eficiencia en el 2025, reorganizar el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para consolidar a las empresas prestadoras de servicio. “Para garantizar que por lo menos haya una sola EPS por región, lo que significa que hay que empezar a consolidar las EPS en una sola”, menciona von Hesse.

Resalta, además, que sería de gran ayuda convocar al sector privado, de manera que los funcionarios de un municipio trabajen en conjunto con las empresas profesionales. En este punto observa un desperfecto: “Hay empresas de agua y saneamiento que pierden casi el 50% de lo que producen, salvo Sedapal, que pierde poco menos del 30% de lo que produce. Este porcentaje sube hasta 44% о 45%”, detecta.

Por último, el especialista no deja de lado el factor corrupción. “Lamentablemente, la ejecución de proyectos de agua y saneamiento ha sido vista como una fuente de recursos para la corrupción. Se invierte mucho en proyectos que no importa si van a funcionar o no. […] En muchos gobiernos regionales, se ejecutan con administración directa para poder manejar, por ejemplo, la contratación del personal”, subraya.

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Entrevista realizada por Camila Vera, periodista del diario Gestión, a Milton von Hesse, director de Videnza Consultores.

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Un estudio publicado el jueves último en la prestigiosa revista “Science” calcula que 4.400 millones de personas carecen de agua potable segura en 135 países de ingresos bajos y medios. Esto supone más del doble de la estimación mundial realizada en el 2020 y equivale a más de la mitad de la población mundial.

La investigación recoge los cuatro componentes utilizados por la OMS y Unicef para medir el uso de servicios de agua potable gestionados de forma segura: si los hogares utilizan una “fuente primaria de agua mejorada” (como agua corriente, pozos y manantiales protegidos o agua embotellada), si es accesible in situ en el hogar, si está disponible cuando se necesita y si está libre de contaminación fecal y química (aspecto que no analiza el estudio por falta de información).

De los 135 países estudiados, aproximadamente la mitad carecía de datos nacionales previos. Por eso, los investigadores desarrollaron modelos utilizando un aprendizaje automático basado en datos geoespaciales y en datos existentes de encuestas en hogares.

Concluyen que, de los 4.400 millones de personas sin agua potable segura, 1.200 millones viven en el sur de Asia, casi 950 millones en África subsahariana, unos 850 millones en el este de Asia, casi 500 millones en el sudeste asiático y más de 400 millones en Latinoamérica y el Caribe. En esta última región, solo uno de cada cuatro habitantes tiene agua potable segura. Además, los resultados identifican la contaminación fecal como el principal factor limitante para conseguir agua potable segura para casi la mitad de la población estudiada.

En nuestro país, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento acaba de publicar el proyecto del Reglamento de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU), en el que plantea apelar a tecnologías no convencionales para avanzar en dotar de agua potable a la población que hoy no cuenta con acceso a este servicio básico. Se trata de soluciones temporales que funcionarían mientras se concluyen las obras tradicionales que conectarán cada uno de los domicilios. Priorizarían colegios, postas, hospitales, viviendas de interés social, organizaciones de base (como comedores populares o albergues), comisarías, entre otros.

Con estas intervenciones, que demandarán el trabajo conjunto del Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, y las empresas de servicios de saneamiento, estiman que se podría lograr que 3,15 millones de peruanos accedan por primera vez a agua potable, en un período de cuatro años y de manera progresiva.

Este sistema se ha usado con éxito en otras partes del mundo para incrementar el acceso al agua. El desafío está en que la gente acepte esta opción y, sobre todo, que efectivamente sea temporal y no una salida permanente.

Las políticas y prácticas suelen centrarse en mejorar el acceso al agua mediante la construcción de nuevas infraestructuras. Sin embargo, como lo confirma este preocupante estudio, el servicio de agua es mucho más que proporcionar acceso; es garantizar calidad y cantidad.

Para lograr este objetivo en el Perú es indispensable modernizar los modelos de gestión de agua y saneamiento. Una alternativa para lograrlo es incrementar la participación del sector privado en la gestión, siempre con indicadores de éxito en el logro de las metas de acceso con calidad. Prueba de ello es que la empresa que mejores indicadores de gestión tiene es Sedapal, debido principalmente a la incorporación del sector privado en sus procesos de producción y entrega de servicio. Aunque hay mucho por mejorar, considero que esta es sin duda la ruta a seguir.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio el 20 de agosto de 2024.

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Así lo explica Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo, a Gestión. “Tenemos claro que, en la medida de que se promueva más vivienda formal, las familias más vulnerables ya no serán ‘presa fácil’ de los aprovechadores. La única forma de evitarlo es incrementar nuestra oferta formal asequible”, señala el funcionario.

El costo de no atender esta problemática no solo agrandaría el déficit habitacional. Desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) subrayan que hay “mafias de terrenos operando” muy cerca al puerto de Chancay y el Parque Industrial de Ancón, lo que podría afectar el desarrollo de ambos proyectos.

Proyectos imanes

Tanto las zonas cercanas al puerto de Chancay como el Parque Industrial de Ancón se han convertido en objetivos para los invasores de terrenos, señala Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Ellos obliga a que el Estado refuerce sus labores de seguimiento a las obras que se realizan en torno a estos proyectos de infraestructura.

“Por su magnitud han generado una presión fuerte por las invasiones. Hablamos de mafias y seudo sindicatos. Si ocupan terrenos aledaños o vías de acceso a Chancay podría perjudicar estos megaproyectos. Hay que trabajar con la comunidades para generar un entorno de paz. No es fácil, pero peor es seguir como estamos: reaccionando tarde”, comenta a Gestión.

Consultado por esta problemática, Navarro confirmó que ya hay presencia de estos grupos en localidades cercanas a Chancay. “Estuvimos por Paramonga (Barranca), viendo la zona. Tenemos claro que estamos tarde como Estado, ya hay ocupaciones informales lamentablemente”, refiere el viceministro de Vivienda y Urbanismo.

Para evitar que se extienda, Navarro señala que ya tiene identificados terrenos en Ancón para promover vivienda formal mediante la modalidad Proyectos en Activos (PA). Aparte de ello, recordó que junto al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) vienen trabajando en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Lima Norte. De igual forma, reiteró que los PDU de las localidades de Chancay, Huaral y Aucallama estarán listos entre octubre y noviembre.

“El objetivo de definir la zonificación adecuada y cuáles serán los potenciales programadas de vivienda. Se requiere un enfoque integral, no solo proyectos públicos, por los tiempos que implican. Queremos que se presentan iniciativas privadas que incluyan agua y desagüe”, explica.

Este último punto es clave, ya que si bien Chancay no le compete a Sedapal, el movimiento de personas que generará el proyecto del puerto y las posibles invasiones, complicarían las labores de la empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y el cierre de la brecha de saneamiento.

“Chancay no está en nuestra jurisdicción, pero podemos apoyar con asistencia técnica. El Estado debe hacer políticas de contención, desgraciadamente no ha funcionado así. Nunca podremos llegar al 100% de cobertura, no por incapacidad, sino por el desorden (que generan las invasiones)”, afirma Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal.

Para Milton von Hesse, extitular del MVCS, si el Estado no contiene las invasiones en torno a Ancón y Chancay, podría repetirse lo que ocurrió con los predios cercanos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se modernizó la estructura en el segundo Gobierno de Alan García.

“Se pagó a los ocupantes, se fueron, pero llegaron otros a llenar su lugar. Recibieron la indemnización pero el Estado no tomo rápidamente posesión. Luego tuvieron que sacarlos. Es la tragedia de todo proyecto de infraestructura en Perú”, afirma el director de Videnza Consultores.

Plan en tres frentes

Navarro también explicó que bajo la estrategia de su sector para combatir las invasiones, publicarán cambios normativos en los reglamentos operativos del programa Techo Propio en las modalidades de construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva máximo a finales de marzo.

“Haremos más ágil la aprobación de expedientes. Los porcentajes de las garantías y coberturas se reducirán en otrno a la ejecución del proyecto para que no estén amarrados con una 110% de garantía hasta e l final de la obra. Les daremos liquidez, explica el viceministro.

De igual forma, el MVCS avanzará con la adjudicación de su cartera total de proyectos en activos, que asciende a 26 terrenos de 3,598 hectáreas totales y servirá para generar 186,374 viviendas en beneficio de al menos 745,302 peruanos. Según Navarro, ya hay tres iniciativas privadas en torno a estos espacios encaminados, sobre las que darán detalles más adelante.

Para la reubicación, el ministerio fortalecerá el bono Salvando Vidas, estrenando en noviembre inicialmente con el objetivo de ayudar a las familias damnificadas por el ciclón Yaku en 2023, método con el que Navarro asegura ya atendieron a todos los afectados.

“Este año tenemos previsto seguir con este programa más intensamente. Las municipalidades tienen la responsabilidad de declarar las zonas de riego no mitigables. Hecho eso, les ofrecemos opciones de vivienda formal disponible, que es básicamente la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Son opciones seguras, con servicios”, explica el viceministro.

Para von Hesse, el planteamiento del MVCS es bueno, pero deja pendiente otros frentes del asunto. Uno de ellos es fortalecer el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) que, segun el extitular del ministerio, ha pedido fuerza con la descentralización.

“Formalizaban directamente los lotes hasta que se les dio esa función a los municipios. Fue una tontería. Ya no titulan, solo capacitan y dan asistencia técnica. Se ha vuelto una entidad poco relevante”, asegura.

En esa línea, señala también que hace falta una política nacional en torno a las ocupaciones territoriales. “No tenemos un catastro unificado de propiedad predial. Esa función también es de los municipios. Por ley cada uno administra el territorio como quiere”, reclama Von Hesse.

Guido Valdivia señala que el MVCS debe articular su trabajo con el Ministerio del Interior (Mininter) y otras entidades pertinentes para evitar la extensión de las invasiones territoriales.

“Tiene un componente legal e institucional que no puede ignorarse. Hay mucha intromisión de estos intereses criminales en las autoridades, incluso en el Congreso hay personas que defienden esto”, reclama el vocero de Capeco.

Noticia publicada el martes 05 de marzo de 2024 en el Diario Gestión.

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Semanas atrás, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, advirtió que, por el cambio climático, hay niveles de riesgo alto y muy alto de deshielo de glaciares en seis regiones, entre ellas Junín y Pasco, que afectaría el suministro de agua, ante lo cual dijo que era urgente tomar acciones para enfrentar esa situación.

A pesar de esa urgencia, uno de los proyectos que debía asegurar un mayor suministro a la capital, como es Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima, ha sufrido un cambio en su configuración, y una nueva postergación en su cronograma.

¿En qué consiste el proyecto?

Dicho proyecto debía incrementar la disponibilidad de agua potable y mejorar el servicio a 1.5 millones de habitantes de las zonas este y sur de la ciudad capital, y comprendía el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de diversas obras nuevas.

Entre estas figuraba el mejoramiento de las represas Pomacocha y Huallacocha Bajo, en Junín y cerca al límite con Lima, para darles una capacidad de almacenar 38 millones de metros cúbicos, un túnel trasandino de 10 kilómetros de longitud desde la primera presa citada al río Blanco (tributario del río Rímac).

Un segundo componente comprende la construcción de la planta Huachipa II, para que pueda procesar 5 metros cúbicos por segundo (m3/s), una línea de conducción denominada Ramal Sur, de 25 kilómetros, que incluye dos túneles, reservorios de compensación, entre otras obras.

Priorizan solo una parte del proyecto

ProInversión, a cargo del proyecto, reveló a Gestión que el plan integral original (por el cual se preveía adjudicar Obras de Cabecera en una sola subasta), se canceló en agosto último debido a un cambio en la configuración del mismo, de forma que ahora se ejecutará en dos fases separadas.

La razón principal para este cambio -explicó- se debió básicamente al gran tamaño del proyecto integral que requería una inversión aproximada de US$ 500 millones.

En tal sentido, detalló, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Sedapal han priorizado implementar una primera fase con los componentes que considera más urgentes, como son la Planta Huachipa II y el Ramal Sur.

Se vuelve a postergar la iniciativa

ProInversión informó además que esa agencia está próxima a convocar a concurso público internacional la fase 1 del proyecto, el cual debe lanzarse hacia finales del presente año, y con lo cual se abrirá una nueva etapa de precalificación de postores. La expectativa de la mencionada agencia estatal, es que esta primera etapa la puedan adjudicar en el tercer trimestre del 2024.

Esto último significa una nueva prórroga en el plazo estimado para su adjudicación, pues hasta antes de esta modificación, estaba previsto que la buena pro se otorgara en el segundo trimestre del próximo año.

La primera convocatoria para este proyecto fue lanzada en febrero del 2014, pero desde entonces, ha sido objeto de sucesivas postergaciones.

¿Y la segunda fase?

Para la segunda fase (que comprende todas las demás obras antes mencionadas), Proinversión indicó que se requiere en primer lugar asegurar la disponibilidad de los predios antes de proceder a su convocatoria y adjudicación. Sin embargo, la mencionada agencia no informó cuándo esperan lanzar su convocatoria ni las demás fases de esa siguiente etapa 2.

Esta es la fase que debía derivar el agua desde la cuenca alta del río Mantaro a razón de 2.5 m3/s, y desde el río Yauli (en la vertiente del Atlántico), a través de un túnel trasandino, en un volumen de 5.0 m3/s, con lo cual se trasvasaría ese recurso hídrico hacia el río Blanco, tributario del río Rímac.

Este componente de trasvase, antes conocido como Marca Pomacocha II, o simplemente Marca II, aumentaría en un 27% la capacidad de almacenamiento (de 330 a 420 millones de metros cúbicos).

Incremento de tarifas

Sedapal recordó a Gestión que Obras de Cabecera, en sus dos fases en que se ha dividido ahora, se desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), la misma que viene siendo estructurada como proyecto autofinanciado. Esto significa, puntualizó, que se financiará con la tarifa y los ingresos que la empresa recauda de sus usuarios.

En la práctica, detalló, una vez suscrito el contrato de concesión, Sedapal solicitará a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) la aprobación de una tarifa incremental, lo que se materializará en un porcentaje de incremento en la tarifa aplicable a sus usuarios.

Dicho incremento ocurrirá a partir del inicio de operación de los diferentes componentes de la infraestructura de Obras de Cabecera Fase 1 y Fase 2, según corresponda, acotó.

Ello es así, por cuanto -refirió- la estructura del proyecto establece que el inicio del pago de obligaciones (inversión, operación y mantenimiento) a favor del concesionario privado se dará a partir del inicio de operaciones.

Objetan división del proyecto

Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuestionó que, en principio, el Gobierno haya optado por dividir el proyecto Obras de Cabecera, y solo se le dé prioridad a una primera etapa, pues eso significa que Sedapal no tendría más agua para procesar y distribuir.

“Se tiene que hacer (ambas fases a la vez) en forma sincronizada, sino vas a tener una planta de tratamiento de agua potable (Huachipa II) sin agua que tratar, y un ducto (el Ramal Sur) sin agua que distribuir. Por eso se debe hacer en paralelo”, puntualizó.

Von Hesse, actualmente director de Videnza Consultores, subrayó que esto último es vital, dado que hoy la planta de La Atarjea está trabajando a toda su capacidad, y se necesita no solo una nueva planta, sino más volumen del recurso hídrico.

A su turno, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler, señaló que es absolutamente
necesario Obras de Cabecera, como parte de un portafolio integral de proyectos, junto con otras obras para traer más agua para Lima, como por ejemplo el Trasvase Huascacocha.

Dumler, quien también fue presidente de Sedapal, coincidió en que ya la producción de agua, con 25 m3/s diarios, está al máximo, pero, como la previsión es que su demanda se duplicaría al 2030, si hoy no se hace más obras de ese tipo, se tendrá que empezar a racionar su suministro en los siguientes años.

No obstante consideró que el problema para la ejecución de obras de Sedapal, en general, no es tanto de recursos -como argumentaran anteriores presidentes de esa empresa estatal- sino su baja capacidad de ejecución de proyectos.

Refirió que un estudio mostró que siete de cada diez proyectos de esa empresa llegaban a su fase de contrato, y otros tres se quedaban en el camino.

“El gran problema es que, desde que Sedapal empieza el trámite de elaborar el proyecto y pasar a la ejecución del mismo, demora en promedio 14.5 años. Eso es mucho más que el promedio que toma al sector público”, aseveró.

Sedapal identifica 17 proyectos de fuentes de agua

Sedapal informó a este diario que, considerando que Lima se configura prácticamente como un desierto, y ante la limitada
oferta de recursos hídricos, esa empresa dentro de su Plan Maestro Optimizado, ha identificado una cartera de 17 proyectos de fuentes de agua.

Esos proyectos, detalló, comprenden proyectos de fuentes de agua convencionales y no convencionales, que contempla el aprovechamiento de agua superficial, sobre los excedentes de las propias cuencas Chillón, Rímac y Lurín y de las cuencas vecinas.

También incluyen agua subterránea (sobre los excedentes superficiales de las propias cuencas Chillón, Rímac y Lurín) y agua de mar mediante el tratamiento de desalinización y potabilización.

Esas iniciativas, refirió, permitirán sumar a la oferta hídrica existente y futura (y por ende a la producción de agua potable) para la atención de la creciente demanda de la población de Lima y Callao (Zonas de LimaNorte, Lima-Sur y Lima-Centro).
Eso también permitirá incrementar las reservas de agua existentes, siendo esta para la atención de la demanda con mayor priorización para la época de estiaje (meses de mayo a noviembre), en donde el caudal del río Rímac, que constituye su fuente principal, disminuye su caudal natural.

Medidas ante El Niño

Sedapal refirió que también ha previsto medidas de contingencia con acciones a adoptar para prevenir los daños
que pueda causar el fenómeno de El Niño global el próximo verano.

Refirió que cuentan con medidas de contingencia en las diferentes etapas de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, que involucra el almacenamiento, captación, tratamiento y distribución de agua potable.

Esas medidas, añadió, también abarcan los servicios de la recolección y tratamiento de aguas residuales, que se activan inmediatamente cuando se presentan escenarios de emergencias.

Noticia publicada en el Diario Gestión el 25 de octubre de 2023.

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En el año 2000, las Naciones Unidas promovieron que los países en vías de desarrollo disminuyeran a la mitad sus brechas de acceso a servicios básicos en los siguientes 15 años. En concordancia con dicho compromiso asumido internacionalmente, denominado Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), países como el Perú empezaron a diseñar políticas públicas agresivas para cumplir con las metas planteadas.

El diagnóstico implícito en el problema de acceso al agua potable decía que había que priorizar la inversión pública en el sector para garantizar que más familias peruanas dispusieran de este servicio básico en sus domicilios. Así, entre los años 2000 y 2015, el monto de los recursos públicos destinados al sector aumentó de manera impresionante: en el período 2001-2005 se destinaron S/. 750 millones, entre los años 2006 y 2010 dicho monto se elevó a S/. 10,000 millones y en el último quinquenio 2011-2015 llegó a S/ 19,500 millones.

En cuanto a acceso al agua, en dicho período se aumentó de 84.5 a 94.1% en las áreas urbanas y de 42.4 a 64.5% en las áreas rurales. Con estas cifras, Perú cumplió con el ODM en relación al agua. En el año 2015, las Naciones Unidas plantearon a los países nuevos retos en materia de desarrollo y acceso a servicios básicos, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 6 propone ahora ir más allá del acceso y garantizar la provisión del agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos. Ello significa que el agua debe ser de calidad, estar disponible en la oportunidad y cantidad adecuadas y que su gestión debe ser sostenible.

Analizando el ámbito urbano, donde los servicios son gestionados por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), el cumplimiento del ODS 6 es un gran reto. Según la ENAPRES 2015, solo el 53% del agua es segura para el consumo humano. La continuidad promedio del servicio es de 19 horas al día, existiendo algunas regiones que no superan las 10 horas. Asimismo, la mayoría de EPS presentan márgenes operativos negativos, bajos niveles de micromedición y altos niveles de agua no facturada.

Durante la última década, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha contribuido con los prestadores, principalmente con financiamiento para incrementar la infraestructura. No obstante, desde hace poco, la gestión y gobernabilidad han sido puestos en agenda debido a que son clave para garantizar la sostenibilidad de los servicios.

Por ejemplo, en el 2013 el MVCS creó el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) con competencias para mejorar la administración y la gestión de las EPS. Una de sus principales herramientas es el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), que busca impulsar el reflotamiento de las EPS con problemas económico-financieros, de gestión empresarial o técnicos que afectan la sostenibilidad de los servicios.

La primera en ingresar al régimen fue la EPS Moquegua, en febrero de 2015. Esta experiencia señala que, entre otros avances, se logró incrementar el acceso y la continuidad del servicio de agua, principalmente en localidades donde la situación era precaria. Asimismo, los ingresos operativos aumentaron gracias a una mejor operación comercial. Además, las deudas con el Fonavi, la Sunat y los trabajadores fueron gestionadas con fraccionamientos y mecanismos alternativos de pago.

Desde el 2015 han ingresado 13 EPS a esta modalidad, de las 48 del ámbito del OTASS. Todas están todavía en el inicio del RAT y se espera que los efectos positivos de su implementación se produzcan en cada una de ellas igual o en mayores proporciones que en la EPS Moquegua. Con este y otros instrumentos que el MVCS viene promoviendo, el sector está encaminado a cumplir con los objetivos del Gobierno, así como el ODS 6.

Realizado por: Milton von Hesse y Claudia Zavaleta, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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