Las reformas estructurales que se inician en la década del 90 que retoman el equilibrio fiscal y macroeconómico, que reestablece el mercado de tierras, que confía en la iniciativa privada y restringe la actividad empresarial del estado, que elimina los controles de precios y las intervenciones en la comercialización de insumos y productos, que simplifica los aranceles y minimiza la medidas paraarancelarias, que abre la economía al comercio exterior, que simplifica el marco tributario y conforme al artículo 88 de la Constitución Política de 1993 desarrolla un marco legal consistente con el “apoyo preferente al desarrollo agrario” y que empieza a desarrollar un programa de inversiones en infraestructura con los ahorros públicos parte del cual permite el desarrollo de carreteras y trasvases de agua de la cuenca del atlántico hacia la del pacífico, permiten la aparición y crecimiento continuo de una agricultura empresarial que se desarrollará principalmente en la costa.

Dicha agricultura moderna y empresarial pondrá la mirada en el exterior y se sustentará en la conquista del desierto empezando por Ica utilizando sobretodo aguas del subsuelo y luego se expandirá a La Libertad (proyectos Chavimochic 1 y 2), Lambayeque (proyectos Olmos 1 y 2), la costa de Ancash y también Piura y el resto de las regiones en menor escala. Esta agricultura, a diferencia del latifundio de antaño, al desarrollarse sobre el desierto y no competir por el agua superficial de los valles viejos, puede desarrollarse a un ritmo impresionante que se refleja en un extraordinario incremento de las exportaciones desde alrededor de los 500 millones de dólares al año a principios de los 90 hasta los 10 mil millones de dólares en la actualidad. La mano de obra que es utilizada en este proceso productivo es asalariada y formal por lo que se ha constituido en la fuente principal de sustento de casi un millón de peruanos que están articulados a esta cadena productiva de manera directa e indirecta. Un indicador que refleja no solo el incremento de la producción y el empleo en este sector, sino también de su productividad, es que el valor exportado por trabajador más que se triplicó entre principios del 2000 y la actualidad pasando de 100 dólares a más de 300 según cálculos de un reporte del BBV Research.

La agricultura familiar que se caracteriza por explotaciones principalmente de tamaño pequeño y fragmentado, por la utilización predominante de mano de obra familiar no remunerada, por el todavía alto porcentaje de su producción que se destina al autoconsumo y al trueque, por su bajo utilización de tecnologías como, por ejemplo, el riego, los fertilizantes y las semillas mejoradas, se ha venido beneficiando del auge agroexportador. Ello, debido a que, en primer lugar, ha sido fuente de provisión de mano de obra temporal y permanente para los predios de la agricultura moderna. En segundo lugar, se ha podido notar que la productividad en cultivos tradicionales en comunidades campesinas que aportan mano de obra a los campos de la costa también se ha incrementado como consecuencia de la imitación en predios propios de las prácticas modernas. Finalmente, pero no menos importante, es que muchos agricultores familiares de la costa, y en bastante menor medida en la sierra, se han podido articular a las cadenas agroexportadoras y a la formalidad como sus proveedores luego de aliarse con ellas y acceder a tecnología y financiamiento para tal fin. Es evidente que la política agraria debe centrase a futuro a seguir promoviendo el desarrollo de la agricultura empresarial y su vinculación con la agricultura familiar más tradicional. Eso puede significar que una hectárea de un cultivo tradicional como la papa, que hoy produce un valor de venta de aproximadamente 3 mil dólares al año, pueda transitar hacia una producción de cultivos orientados al mercado externo que generen ventas anuales que pueden fluctuar entre los 40 mil dólares (palta) y los 80 mil dólares (arándanos).

Realizada por: Milton von Hesse en El Comercio
Fecha: 03 de febrero de 2024

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Lee la columna de opinión completa de Milton von Hesse del diario Gestión aquí:

Realizado por: Milton von Hesse, director de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 10 de agosto de 2022 en el diario Gestión.

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Sin embargo, más allá de las buenas intenciones que pueda tener la propuesta, cabe preguntarnos, ¿es realmente la vía para impulsar la productividad del sector y garantizar la mejora en la calidad de vida de los agricultores?

Tal como ha sido planteada, la política apunta al fortalecimiento de la agricultura familiar mediante la implementación de una serie de medidas orientadas a promover la asociatividad, la industrialización de los productos agropecuarios, mejoras en las condiciones de acceso a agua y la apertura de nuevos mercados para la producción. No obstante, en su gran mayoría no implica alternativas novedosas de solución y, si bien la estrategia contiene algunas medidas con potencial impacto positivo, también incluye intervenciones que han probado su rotundo fracaso en el pasado. No queda claro, entonces, cómo se plantea articular estas medidas para que realmente permitan generar cadenas de valor y una mayor productividad en el sector.

Entre las medidas potencialmente beneficiosas se encuentran, por ejemplo, aquellas vinculadas a la implementación de pequeños proyectos de siembra y cosecha de agua en la sierra, que han demostrado su efectividad en programas como Mi Riego. También se han planteado acciones vinculadas a la asociatividad, las que permiten contrarrestar las limitaciones relativas a la pequeña escala que caracteriza a la agricultura familiar y, así, facilitar el acceso a capital y a mercados.

Sin embargo, la estrategia contempla una serie de medias cuyo impacto positivo es improbable. Por ejemplo, expandir la banca de fomento agrario, que en el pasado no contribuyó a elevar la productividad del sector y más bien se caracterizó por altos niveles de morosidad y por ser un mecanismo de clientelismo.

El presidente Castillo anunció, también, la profundización de la franja de precios, que es una forma de protección arancelaria. Evidencia académica muestra que medidas de este tipo no redundan en mejores precios para los agricultores de menores niveles de ingresos, sino, por el contrario, tienden a beneficiar a agricultores de ingresos medios y altos. Lo mismo sucede con la anunciada expansión de programas de compras estatales, que en el pasado probaron tener severos problemas de focalización y perjudicar el nivel de calidad de productos recibidos por los consumidores.

Finalmente, llama la atención la total ausencia de otros elementos fundamentales para elevar la productividad agrícola, tales como acciones vinculadas a la sanidad agropecuaria, al fortalecimiento del sistema de información agraria, a la formalización de la propiedad de la tierra y a una mayor inversión en tecnología e innovación agropecuaria.

Más aún, preocupa que la reforma no visualice a otro tipo de actores fuera de la agricultura familiar o que, dentro del grupo de trabajo para la elaboración de la política, no se haya convocado al sector privado agroexportador, uno de los grandes motores del crecimiento del agro en las últimas dos décadas. Según el Banco Central de Reserva del Perú, mientras que en el año 2000 las agroexportaciones sumaban US$ 653 millones y representaban el 9.4% del total de las exportaciones del país, hacia finales de 2020 esta cifra era 11 veces mayor: alcanzó los US$ 7,527 millones, que representaban el 17.6% del total de exportaciones.

El sector agrario en el Perú engloba tres mundos muy distintos. Una costa altamente productiva y tecnificada, donde participan los grandes productores (principalmente empresas agroexportadoras) con grandes extensiones de tierra de más de 50 ha. Una sierra dominada por la pequeña agricultura familiar, orientada principalmente al autoconsumo y caracterizada por su bajo nivel de tecnificación y poca extensión de tierras (menos de 5 ha). Y una selva heterogénea donde coexisten las agriculturas moderna y tradicional, esta última compuesta por empresas o unidades familiares con terrenos de entre 5 y 50 ha. y con acceso moderado a los mercados locales e internacionales.

Dejar de lado a estos otros grupos no solo representa un riesgo para el crecimiento futuro del sector, sino que limita la posibilidad de generar sinergias entre productores de distintas escalas que permitan potenciar cadenas productivas competitivas en el mercado. Una política agraria que genere eficiencia y competitividad debe contemplar una visión en conjunto del sector. Ello implica entender las necesidades y potencialidades de cada uno de los distintos tipos de productores.

Para elevar la productividad agrícola y promover mayores ingresos para los pequeños agricultores, el Gobierno no debería aspirar a inventar la pólvora. Solo hace falta revisar la experiencia pasada y recurrir a la evidencia académica existente. Solo de esta manera podremos replicar acciones exitosas y evitar experiencias fracasadas.

Realizado por: Joaquín Rey y María Laura Rosales, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Reabriendo viejas heridas históricas y lejos de calmar los temores fundados que sienten los inversionistas, el Gobierno promociona una “segunda reforma agraria” como la solución a la pobreza rural y las brechas que existen entre la agricultura moderna de los valles costeños y la actividad productiva de subsistencia que persiste en la sierra y selva de nuestro país. Recordemos que la “primera” reforma agraria marcó un punto de inflexión en el desarrollo productivo del Perú. Entre 1970 y 1980 la producción de los principales 13 cultivos del país se redujo en 18%; mientras que entre 1960 y 1970 la contribución de la productividad al crecimiento del PBI agropecuario fue 66.5%, la siguiente década pasó a ser -5%, principalmente por la falta de inversión y rezago tecnológico. Asimismo, nuestro país pasó a ser deficitario en producción de alimentos hasta 1979, aumentó la inseguridad alimentaria.

Esta “segunda reforma agraria” pretende al menos dos cambios estructurales: i) hacer de la agricultura familiar un sustituto a la agricultura moderna de exportación a través de mayores subsidios, créditos blando, programas de asistencia técnica, cooperativismo; y ii) limitar el comercio internacional, reponiendo los aranceles ad valorem y medidas para arancelarias, enarbolando banderas de “soberanía alimentaria” con el objetivo de librar al país de competencia desleal externa que tiene a privar al agricultor nacional de un precio justo por su producción, primando una visión autárquica como modelo de desarrollo. El problema central de estos postulados es que no hay país alguno que haya logrado desarrollarse aplicando estas políticas.

Más específicamente, el Gobierno aspira a la democratización de la tenencia de la tierra a través de la titulación individual y comunal. Si bien teóricamente la propiedad de un activo como la tierra tendería a viabilizar un mayor financiamiento, uno de los principales cuellos de botella en la mayoría de los emprendimientos agrícolas, existe evidencia empírica que muestra que la titulación por sí sola no constituye una condición suficiente para acceder a crédito formal. La intención de acompañar esta intervención con financiamiento a través del Agrobanco tampoco garantizar que se mejore la productividad en el uso de la tierra y la generación de ingresos para los agricultores.

Por su parte, la intención de establecer límites a la gran propiedad de la tierra dependerá de que el Congreso apruebe una ley, que no podría aplicarse retroactivamente. Sin embargo, es probable que el Gobierno se vea tentado de renegociar los contratos de concesión de los proyectos de irrigación de la costa para priorizar la asignación de las nuevas hectáreas irrigadas a los minifundios en desmedro de la agroindustria de exportación, que requiere una escala mínima para operar. Este cambio representaría una oportunidad perdida para más de 70 mil hectáreas de tierras irrigadas.

En materia comercial, el Perú tiene vigente desde el 2001 un sistema de franja de precios que busca mantener estable el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional, como es el caso del arroz, maíz amarillo, azúcar y leche en polvo. Este mecanismo posee una tasa de protección efectiva, esto es el cambio en el valor agregado respecto de una situación de libre comercio, de entre 30% y 40%. Restituir los aranceles no solo afectarán a los responsables de realizar la actividad de importación, sino también al consumidor final, ya que estos aranceles se traducen de forma directa en precios más altos. En la actual coyuntura de alza de precios de insumos importados resulta totalmente contraproducente aplicar estas medidas que acabarían perjudicando a los segmentos más vulnerables de la población. los recientes intentos de aplicar controles de precios a través de cambios constitucionales solo suman zozobra y agudizan la desconfianza empresarial que se ciñe sobre nuestro país.

En lugar de intentar aplicar medidas distorsionantes y antitécnicas, el Gobierno debería enfocarse en lograr una mayor asociatividad en el sector agropecuario nacional, enfocada a mejorar la competitividad en el mercado. Esta debiera intentar lograr economías de escala para reducir el costo de las compras de insumos, establecer colaterales solidarios, mejorar la adopción tecnológica y ampliar las oportunidades de mercado. Experiencias por replicarse son las cooperativas con una visión moderna que han surgido en torno al café y el cacao. Además se puede lograr una mayor asociatividad a través de la agricultura por contrato que mejore la cadena de proveedores entre pequeños agricultores y empresas agroindustriales. La intervención estatal debe seguir la lógica de programas como Agroideas, que financia planes de tecnológicos con el objetivo de elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios. Este tipo de intervenciones tendría un mayor impacto que revivir prácticas fallidas aplicadas en el pasado que solo pueden condenar al país al retraso.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 18 de agosto del 2021 en el diario Gestión.

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El impacto de este nuevo régimen variará según la intensidad de mano de obra que cada cultivo particular tiene. En respuesta a estos cambios, lo lógico es que las empresas busquen eficiencias en sus procesos productivos y maneras de optimizar su estructura de costos. Una alternativa es optar por una mayor mecanización de ciertas labores en el proceso productivo. De hecho, esto ha ocurrido en Chile ante el déficit de mano de obra que viene afectando al sector agroindustrial del vecino del sur. Lograr cambios en los procesos productivos estará condicionado a un conjunto de factores que podrían incluso obligar a dejar de producir ciertos cultivos.

Es indudable la importancia que tiene el sector agroindustrial en el Perú; aporta el 5.6% del PBI, en términos laborales, en el 2018 concentró al 23% de la población económicamente activa ocupada  y generó alrededor de 100,000 empleos al año, según el informe de Apoyo Consultores “Relevancia de la Ley de Promoción del Sector Agrario (LPA) e implicancias para la competitividad del sector y de la economía”. Esto permitió reducir la tasa de pobreza de los trabajadores agroindustriales de 81.3% a 30.9% entre los años 2004 y 2019. En ese mismo período, incrementó su productividad laboral en 4.4% promedio anual. Esto ha permitido que los cultivos clave del país —el arándano, el espárrago, la palta, la uva, entre otros— representen el 40% de las exportaciones no tradicionales y el 12% de las exportaciones totales del país, según el informe mencionado anteriormente.  

Desafortunadamente, el incremento del costo laboral del sector agroindustrial, que representa alrededor del 70% del costo total, generaría la pérdida de 200,000 puestos de trabajo formales y de 70,000 hectáreas productivas. Por concepto de ventas de exportación, las pérdidas ascenderían a 994 millones de dólares anuales.

Los empresarios del sector deberán replantear sus procesos productivos, su nivel de producción, contrataciones e inversiones futuras. En este contexto, muchas empresas evaluarán la viabilidad de extender la mecanización, que representa todo un reto para la agroindustria peruana habida cuenta de que está conformada en un 80% por pequeñas o medianas empresas (PYME).

En la actualidad, la mecanización —y ni qué decir de la automatización, que involucra el uso de inteligencia artificial— es bastante limitada en el sector agroindustrial peruano. Por ejemplo: hacia el 2012, según la Descripción de empresas del régimen agrario según el Censo Agropecuario, solo el 26% de las unidades agropecuarias tenía un sistema de riego tecnificado, el 30% contaba con un tractor de rueda, y el 5% tenía cosechadoras propias. Un mayor alcance para la mecanización ha estado limitado principalmente por el costo de estas inversiones, que requieren largos períodos de recuperación.

Tecnificar una hectárea de palta puede costar 12,000 dólares; y una de espárrago puede alcanzar los 17,000 dólares. El uso de drones para el monitoreo de los campos de cultivo puede costar entre 5 y 20 dólares por hora de vuelo. Y el no ser tecnologías que pueden hacerse extensivas a todos los cultivos o áreas geográficas encarece aún más su implementación.

Aun así, ha habido algunas novedades en el sector agroindustrial peruano, sobre todo en relación al uso optimizado del agua, que es el recurso más necesario en esta actividad económica y que muchas veces es proclive a usos poco eficientes. En materia más operativa, fábricas de empaque de espárragos o arándanos han implementado tecnología óptica que permite clasificar los cultivos cosechados para armar atados o paquetes rápidamente.

En otros países, la mecanización o automatización son una realidad que sigue avanzando en labores como poda, polinización, cosecha, riego y procesamiento de cultivos. Otros avances miden la temperatura, humedad o PH para reconocer el tiempo o cantidad exactos de riego. Y también se han impulsado tecnologías para acelerar las labores de cosecha (frutos rojos, vides o similares), que podrían reemplazar el trabajo de hasta 30 cosecheros por día.

No obstante, estas tecnologías requieren de mano de obra calificada y, por tanto, la formación de capacidades en los trabajadores de la agroindustria. En estos casos, corresponderá a las entidades estatales —el Ministerio de Agricultura y Riego, la Red Nacional de Innovación Tecnológica para la Agroindustria, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, entre otras— acompañar especialmente a las PYME para que puedan aprovechar los potenciales beneficios de la mecanización. Con toda seguridad, las empresas más grandes estarán evaluando la viabilidad financiera de acelerar la adopción de cambios tecnológicos y seguramente se adecuarán a esta nueva realidad. Este análisis definirá en gran medida si se migra hacia otros cultivos que permitan sostener el negocio agroindustrial.

Estas circunstancias podrían constituir una oportunidad para modernizar no solo el sector agroindustrial, sino otros que pertenecen a la cadena de valor, y generar nuevas ventajas comparativas para el Perú.

Realizado por: Luis Miguel Castilla y Sophia Torres, director y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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El mayor dinamismo estará en la agricultura que se orienta hacia los mercados internacionales. Las exportaciones de productos agrarios crecerán 6% respecto del 2019. Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), ha explicado que las agroexportadoras lograron adaptarse rápidamente al contexto de la pandemia porque son empresas que operan regularmente con protocolos sanitarios y de seguridad. Agregó que las entidades públicas se adaptaron rápido para digitalizar la documentación que se exige para exportar.

El mayor impacto de la pandemia sobre el sector agrícola viene por el lado de la disminución de la demanda de consumo, pues los menores ingresos de la población se reflejaron en menores precios de venta. Según el Minagri, desde el inicio de la cuarentena se ha registrado una disminución del 12% en los precios de verduras, frutas y alimentos agrícolas procesados en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana. Esta menor demanda se ha dado tanto a nivel de hogares como de restaurantes y hoteles.

Entre las principales medidas dadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia destacan la aprobación de protocolos sanitarios para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales; la realización de la campaña “Cómprale al agricultor peruano”, cuya finalidad es promover el comercio de productos agropecuarios a nivel local y generar ingresos a las familias campesinas; y la implementación de diversos programas de financiamiento. Entre estos últimos destacan, por ejemplo, el Programa de Garantía para el Financiamiento Agrario Empresarial, que otorgará líneas de financiamiento para pequeños productores. Y el Fondo Agro Perú, que colocará cerca de S/ 440 millones para cultivos de café, algodón y el sector pecuario.

A partir del 2021, el reto que enfrentará la política agraria será ajustarse a una realidad con menores recursos disponibles. Esto debido a la menor recaudación de impuestos como consecuencia de la menor actividad económica. El Minagri deberá enfrentar una importante reducción del presupuesto público (-58% en el gasto corriente y -46% en el gasto de capital), según se detalla en el siguiente gráfico. En consecuencia, los productores dejarán de percibir diversos servicios que son brindados por el Estado, tales como créditos, capacitaciones, transferencia de tecnología, entre otros.

Para hacer frente a este contexto se sugiere que el sector priorice medidas dirigidas a la agricultura familiar y que se sustentan en transferencia tecnológica. Además, que promueva la integración de pequeños y medianos productores a la cadena de producción de los agroexportadores mediante contratos que vinculen la provisión de paquetes tecnológicos. Y que se integren las intervenciones de Agroideas y Procompite, para promover la asociatividad a través del desarrollo de planes de negocio orientados al mercado.

Complementariamente, para fortalecer el impacto de la campaña “Cómprale al agricultor peruano”, y en coordinación con el Ministerio de Salud, promover una campaña de promoción sobre una adecuada nutrición que contemple el consumo de alimentos producidos en el Perú.

Asimismo, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fortalecer la cobertura de los programas sociales, con mayor énfasis en aquellos de transferencia, para contrarrestar el menor bienestar de los productores y sus familias.

Si queremos tener cosechas tan abundantes como en años anteriores, será primordial hacer un uso eficiente de los recursos públicos, incorporar un enfoque multisectorial a las intervenciones y trabajar de la mano con los Gobiernos subnacionales y con el sector privado. Solo así recuperaremos el buen desempeño económico que veníamos experimentando.

Realizado por: Milton von Hesse y Franco Sebastiani, director y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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