El mito de una Asamblea Constituyente

La insistencia de Perú Libre de convocar a una Asamblea Constituyente, para la cual la actual Constitución no está facultada, está minando los esfuerzos de moderación que los voceros económicos de esa agrupación han estado realizando durante las últimas semanas. Estos esfuerzos pueden inútiles si se persiste en someter al país a un proceso de cambio radical en la carta magna que solo una minoría de la población quiere y que no queda claro qué problemas solucionaría, más allá de debilitar la débil institucionalidad del país si se fuerza la figura de la Constituyente.

Para tener mayor presencia estatal e favor de las poblaciones que se sienten marginadas se tiene que mejorar la gestión pública, hacerla más efectiva y transparente, para acercar al Estado al ciudadano. Si se quiere mejorar el rol redistribuidor del Estado se tienen las herramientas fiscales -gasto público e impuestos. Si se quiere una mayor actividad empresarial del Estado (que no resulta prioritaria ni entendible) se puede plantear leyes al Congreso con el debido sustento. Si se quiere regular el abuso del poder del dominio o practicas no competitivas en algunos sectores se puede fortalecer al Indecopi y ampliar la fiscalización. Por su parte, ya los ciudadanos tienen derechos constitucionales a la educación y la salud. Incluir más derechos no implica necesariamente que estos mejoren la calidad de vida de la población si se mantiene un estado disfuncional, una regionalización fallida o una baja presión tributaria. Ninguna de estas falencias se resuelve con una nueva Constitución.

La reforma del Estado no solo ha sido uno de los grandes ausentes de la última campaña electoral, sino que las propuestas planteadas hacen poco por mejorar su efectividad. Dos prioridades de Perú Libre son la creación de nuevos ministerios, como el de Ciencia y Tecnología, y la descentralización del Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguna de estas propuestas, que de por sí cuentan con poca justificación, logrará un gobierno más funcional que atienda las necesidades de la población. Además, en lugar de encarar con seriedad los problemas que tiene la descentralización y el rol que tienen los gobiernos subnacionales frente a la ciudadanía, se pretende darle mayores facultades y recursos a los gibiernos regionales sin esbozar medidas que aseguren el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Un claro ejemplo de las deficiencias en la gestión es la inversión pública. Desde el 2016 se ha ejecutado menos del 70% de lo presupuestado y considerando que en la última década el presupuesto aumentó en alrededor del 50%, es clara la reducción de la capacidad de ejecución de inversión pública en los tres niveles de Gobierno. A esto se suman las obras paralizadas por deficiencias técnicas por falta de capacidades o incumplimientos contractuales. A raíz de la inestabilidad política que hemos sufrido el pasado quinquenio, la elevada rotación de funcionarios públicos también le han restado continuidad a estos procesos. Por último, la elevada corrupción asociada a la licitación y modificaciones contractuales de muchos de estos proyectos ha tenido un enorme costo. Según el Banco Mundial, las pérdidas suman alrededor de 3% del PBI anual. Claramente mejoras en estos ámbitos no demandan cambios constitucionales sino claridad en el diagnóstico y liderazgo para tomar decisiones que mejoren la gestión pública y su transparencia.

Con respeto al tema tributario, el equipo económico de Pedro Castillo ha planteado la ambiciosa meta de incrementar en 4% la presión tributaria basándose en dos propuestas: i) continuar con medidas de lucha contra la evasión y elusión; ii) aumentar los impuestos a las empresas mineras considerando el pico histórico que ha alcanzado el precio internacional del cobre. Hace una década se modificó el marco tributario para gravar las “sobreganancias” mineras y esto se logró compatibilizando el objetivo recaudador para el fisco, preservando la competitividad de la plaza minera nacional y respetando los convenios de estabilidad tributaria y la seguridad jurídica. Es clave mantener este equilibrio y evitar la imposición de tasas impositivas confiscatorias, que ahuyenten la inversión extranjera o que generen demandas internacionales en contra del Estado peruano. Asimismo, antes de crear o modificar los impuestos es importante saber cómo se van a usar esos recursos adicionales dados los problemas de ejecución y deficiencia en la gestión pública.

Por su parte, en el Perú existe un elevado incumplimiento tributario que se ha estimado en 7% del PBI, según cálculos del MEF. Este elevado nivel de incumplimiento se explica por el grado de complejidad del sistema tributario, la informalidad, el grado de eficiencia de la administración tributaria, la utilización de esquemas que llevan una incorrecta determinación de la sobligaciones tributarias. En adición a las medidas antielusivas del código tributario, se podría acelerar, por ejemplo, la transformación digital, a través de la mejora de procesos y adecuación de plataformas mediante el uso de tecnologías de la información, la utilización de big data para la gestión de riesgos de incumplimiento, el acercamiento al contribuyente a través de servicios digitales, medidas de cobranza inductiva, entre otros. Similar el caso del gasto público, todas estas acciones se pueden realizar bajo el marco normativo vigente y no demandan ningún cambio constitucional.

Sin duda, una mayor crecimiento económico sería la manera más efectiva de incrementar la recaudación tributaria. Sin embargo, la incertidumbre ante cambios refundacionales paraliza a las inversiones y reduce las perspectivas de crecimiento en detrimento de la generación de ingresos fiscales.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 13 de julio del 2021 en el diario Gestión.