Caminos que se juntan

Durante muchos años se sostuvo que en el Perú la economía y la política iban por cuerdas separadas. Aunque esta disociación nunca ha sido total, es cierto que, durante las tres últimas décadas, los niveles de consumo, inversión y producción han mantenido una relativa independencia de la coyuntura política. ¿Cómo explicar esta relativa desconexión? En buena medida por la continuidad en el manejo ortodoxo de la política macroeconómica, un elemento que ha trascendido administraciones presidenciales y gestiones ministeriales.

Este fenómeno parece estar finalmente llegando a su fin. Cada día parece más claro que la incompetencia y el desgobierno que caracterizan al gobierno de Castillo están pasando factura a la economía. Pero a las acciones y omisiones del Ejecutivo se suma ahora la vocación demagógica del Parlamento, que en los últimos días parece abocado a aprobar medidas en directa oposición a lo que la prudencia y sensatez económica sugerirían.

Así, en las últimas dos semanas hemos tenido, por el lado del Ejecutivo, medidas como la elevación del sueldo mínimo y la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para combustibles. Asimismo, por el lado del Congreso, se han aprobado disposiciones como la exoneración del IGV para diversos alimentos, y la Comisión de Economía aprobó un dictamen para un sexto retiro de las AFP hasta por cuatro unidades impositivas tributarias.

¿Por qué estas medidas constituyen una irresponsabilidad? Vamos por partes. Tanto la reducción del ISC a combustibles como la exoneración del IGV a alimentos presentan un enorme problema de focalización. Ambas estrategias dan el mismo tratamiento a los peruanos de mayores y menores ingresos, cuando los esfuerzos de esta naturaleza deberían estar dirigidos a proteger a los realmente vulnerables. Particularmente torpe fue la selección inicial de alimentos exonerados del IGV, que incluía a productos de lujo como el lomo fino o el faisán. Pero, además del problema de focalización, como ha sido advertido, esta reducción no se trasladará directamente al precio final pagado por los consumidores, dada la existencia de varios intermediarios en la cadena de venta.

Las deficiencias de estas medidas son particularmente preocupantes dado el costo que tendrán. Entre la reducción del ISC y la exoneración del IGV, se estima que el Estado dejará de recaudar unos S/400 millones mensuales. De permanecer hasta fin de año, su costo será de unos S/3,600 millones, lo que equivale a la sumatoria del gasto en el programa Juntos, Qali Warma y Pensión 65.

Mucho más efectiva habría sido una medida de subsidio directo a familias realmente vulnerables, dado que habría permitido una focalización efectiva, así como el traslado de todo el beneficio al usuario final. Pero tanto el Ejecutivo como el Legislativo optaron por el camino fácil.

Por otro lado, en lo que respecta a la elevación del sueldo mínimo, lejos de implicar un incremento real en el sueldo disponible para los trabajadores peruanos, la medida se terminará traduciendo en un incremento de la informalidad. Y es que una medida de esta naturaleza solo es apropiada si es que viene como consecuencia de un incremento en la productividad de los trabajadores, que no ha sido el caso.

Finalmente, como expliqué en estas líneas la semana pasada, el retiro adicional de las AFP planteado por la Comisión de Economía adolece también de un grave problema de focalización, profundiza el ya enorme problema de cobertura del sistema previsional, y tendrá graves consecuencias para nuestro sistema financiero. Ante medidas de esta naturaleza, no debe sorprendernos que la inversión privada –principal motor del crecimiento económico– vaya a tener un nulo crecimiento este año de acuerdo con las estimaciones del BCRP.

Construir nuestras fortalezas macroeconómicas tomó décadas. Pero dilapidarlas nos está tomando solo unos meses. No lo permitamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 17 de abril de 2022 en el diario Perú21.