El gobierno que odiaba a la prensa

Ante un Ejecutivo caótico, cuya única agenda parece ser la captura del Estado, y un Congreso que no ejerce un contrapeso efectivo a los despropósitos del Gobierno, la labor de la prensa se vuelve fundamental. Si ya en cualquier circunstancia el periodismo independiente es indispensable para el funcionamiento de la democracia, en una coyuntura como la que vivimos lo es aún más.

Por ello, los múltiples ataques que viene sufriendo la prensa resultan muy preocupantes. Esta semana en particular, se han producido dos hechos condenables: el secuestro de dos periodistas en Chota y el proyecto de ‘Ley Mordaza’ presentado por el Ejecutivo.

Como se sabe, el último miércoles el periodista de Cuarto Poder Eduardo Quispe, su camarógrafo Elmer Valdivieso y el conductor de la camioneta que los transportaba fueron secuestrados por 40 integrantes de las rondas campesinas de la comunidad de La Palma, distrito de Chadín, en Chota.

Luego de amenazarlos verbalmente, tomar su cámara y celulares, y retenerlos por cinco horas, fueron obligados a leer un comunicado en el que se “disculpaban” por el reportaje sobre la cuñada del presidente emitido el domingo pasado y se comprometían a “no hacer daño al Gobierno”.

Ante lo ocurrido, es francamente insólito escuchar tantas voces que pretenden relativizar la gravedad del hecho y llenarlo de atenuantes. Seamos claros: un suceso de esta naturaleza es claramente un secuestro, ya sea en Lima, en Cajamarca o en cualquier lugar del mundo donde exista un mínimo respeto por los derechos fundamentales.

Cierto es que las rondas campesinas cumplen un importante rol para contribuir a la seguridad y paz en sus ámbitos de influencia, pero tal como señala el reglamento que las regula, estas deben siempre sujetarse a las leyes y la Constitución.

Lo sucedido el miércoles viola varias leyes y configura potencialmente los delitos de secuestro, robo agravado y coacción. Así lo ha reconocido el propio ministro del Interior de la administración Castillo.

Minimizar la gravedad del hecho argumentando razones de interculturalidad es comparable con la infame justificación que en su momento diera el congresista Cueto para normalizar los embarazos adolescentes en la selva aduciendo razones de idiosincrasia.

Cabe destacar que acá Pedro Castillo tiene una importante cuota de responsabilidad, pues desde la campaña azuzó a la violencia contra los periodistas en general. Su tibia condena del hecho vía Twitter se queda corta ante la gravedad del mismo y revela su desprecio por el rol de la prensa.

Por si esto fuera poco, el jueves el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley N°2508-2021-PE, que establece sanciones de entre dos y cuatro años de cárcel para los responsables de la filtración de información de investigaciones fiscales.

Es evidente que el propósito de esta iniciativa es amedrentar a la prensa para que retroceda en su labor en los múltiples casos que comprometen al Gobierno y, por ende, limitar la información a la que los ciudadanos tenemos acceso.

Francamente no sorprende en absoluto que sea esta administración la que plantee una medida de esta naturaleza, considerando que es gracias a la prensa que hoy sabemos de casos como los “100 grandes” entregados al ministro Juan Silva, o el de Los Dinámicos del Centro, o del despacho paralelo en el pasaje Sarratea, o del ya referido caso que implica a la hermana de la primera dama.

Quienes amamos la democracia debemos rechazar enérgicamente la actitud que el Gobierno ha tomado contra la libertad de expresión, puesto que esta es, al fin y al cabo, un ataque directo a la propia ciudadanía. No lo permitamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 10 de julio de 2022 en el diario Perú21.