Todo menos oposición

Si ha habido un caso de obstrucción de justicia descaradamente evidente desde que se inició este gobierno, ha sido el intento de remoción del coronel Harvey Colchado de su rol en la Dirección General de Inteligencia de la PNP. Como jefe de la División de Búsqueda, Colchado cumple un rol decisivo para apoyar las investigaciones fiscales que involucran al presidente Castillo y su entorno (caso puente Tarata, ascensos irregulares en la PNP, favorecimientos en la Sunat, obras en Cajamarca, entre otros). Aunque la destitución fue revertida luego del cuestionamiento generalizado, es evidente cuál fue la motivación inicial. Algo que no debería sorprender si se toma en cuenta el antecedente de Daniel Soria, procurador del Estado que también fue removido por el Ejecutivo en febrero, luego de que denunciara al presidente por los presuntos casos de corrupción revelados por Karelim López.

El responsable político que debería responder por el caso de Colchado es claramente el ministro Willy Huerta. Este ha argumentado que se enteró de la decisión luego de que fuera tomada por el director general de Inteligencia del Mininter y que pidió su reversión, una versión francamente inverosímil dada la importancia del cargo que ocupa Colchado. Más aún cuando, a fines de agosto, fue la propia defensa legal de Castillo la que pidió la salida del coronel y presentó una denuncia en su contra a través del abogado presidencial Eduardo Pachas. Que no nos vengan con cuentos.

Por estas razones, los argumentos sobraban para censurar al ministro Huerta el pasado viernes en el Congreso. No obstante, solo 55 congresistas apoyaron la moción. No es de sorprender que se hayan opuesto los integrantes de Perú Libre y sus aliados (Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario), pero francamente indigna que sean congresistas supuestamente de oposición los que hayan terminado salvando a Huerta. Este es el caso de los integrantes de Acción Popular y Podemos Perú, cuya mayoría de integrantes votó en contra o se abstuvo.

Cuando más se necesita una oposición real, que haga un contrapeso al Ejecutivo y fiscalice la rampante corrupción e incompetencia de la que somos testigos, lo que tenemos es a un Parlamento que más bien termina siendo un aliado. Una oposición que no pasa de las intervenciones airadas en el Pleno y los medios, pero que, cuando llega el momento de las votaciones, se pone de costado. Algo que podemos llamar “fiscalización teatral”.

Así las cosas, lo más probable es que sigamos con Castillo hasta 2026 y quién sabe más.

POCA ALEGRÍA

Ya se ha dicho mucho sobre las gravísimas y aterradoras denuncias por maltrato físico y sexual que pesan sobre el candidato a la alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. Acusaciones que deben investigarse y, de confirmarse, recibir una sanción ejemplar. Pero se ha hablado menos de la manera tan lamentable en que el candidato ha manejado la denuncia.

Me ha llamado particularmente la atención cómo alguien puede decir que su hijo de 22 años “se ha vendido a tanta gente rastrera”, o que “le habrán dado sus 100,000 euros por decir que sí me denunció”. ¿No tiene un padre una buena cuota de responsabilidad por los actos de un hijo que apenas ha superado la mayoría de edad?

Estas declaraciones hablan muy pobremente de la calidad humana de este señor, quien solo por esto ya debería ser descartado de plano para ostentar un cargo de tal trascendencia como la alcaldía de Lima. Todo menos alegría en esta candidatura.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 26 de septiembre de 2022 en el diario Perú21.